Por Ezequiel Priluk

Recientemente estalló la polémica. En Santa Cruz se intentó cambiar el nombre del pueblo denominado Hipólito Yrigoyen por Lago Posadas. El tema contaba con la obvia negativa del radicalismo provincial, que veía esto como una provocación lisa y llana. Terminó laudando el presidente Néstor Kirchner, quien reconvino a sus comprovincianos para que dejaran de lado esa propuesta que podía conspirar con la bien encaminada concertación con el radicalismo K. Y la sangre no llegó al río.

Ahora bien, si la UCR local hubiera querido oponerse en el ámbito debido, la Legislatura, no mucho pudiera haber hecho para frenar una iniciativa de este tipo, pues el justicialismo cuenta con 22 de los 24 diputados del Cuerpo, con lo cual puede hacer y deshacer a su gusto cualquier proyecto de ley.

¿Cómo se llegó a esta situación? En principio, por una supremacía del peronismo local; pero amén de ello, mediante una combinación meticulosa de ley de lemas, reformas constitucionales y -sobre todo- la instauración del denominado “diputado por pueblo”, que eliminó la proporcionalidad en la Legislatura.

Ahora, a nivel nacional, desde la última renovación parlamentaria, el presidente Kirchner viene imponiendo una agenda similar a la que tenía en Santa Cruz: aprobación de distintos proyectos por mayoría y sin consensuar con la oposición. La reforma del Consejo de la Magistratura es un ejemplo bien claro de ello. Por eso, algunos legisladores de la oposición están comenzando a alzar la voz respecto de la posibilidad de que se manipulen los comicios para favorecer al oficialismo, es decir a través de la reforma del calendario o del sistema electoral, tal como se hizo en la provincia sureña.

Respecto de la primera de esas posibilidades, se rumoreaba hasta hace unos meses la alternativa de adelantar las elecciones a mayo de 2007, cuando seguramente los índices macroeconómicos darían mejor que en octubre. Desde el Frente para la Victoria porteño también lanzaron un globo de ensayo para cambiar la ley electoral de la ciudad y lograr unificar las elecciones nacionales con las locales y, de ese modo, evitar una derrota.

Sobre las modificaciones al sistema electoral, enmarcada bajo el rótulo de una “reforma política”, aún parece prematuro hablar, dado que el régimen vigente parece serle favorable al kirchnerismo. Sin embargo, desde la oposición no descartan nada.

Antecedentes

¿Cómo fue la reforma constitucional y electoral que dejó a Santa Cruz sin oposición? Muchos la definen como una obra maestra de la ingeniería electoral. Durante la década del 90 se habló de la necesidad de copiar el sistema electoral alemán, lo cual se extendió hasta que en 2003 se dio por casi terminada la crisis de representación.

Por entonces se hablaba mucho de eliminar la tan cuestionada lista sábana, de acercar a los políticos a la gente y de “acortar la brecha entre representantes y representados”. La lógica era la siguiente: si eliminamos las enormes listas que la gente tiene que votar en cada elección legislativa, favoreceremos que todos sepan a quién están votando, y a eso habría que agregar candidatos de cada una de las localidades.

Así se ideó un sistema que a los ojos de la opinión pública resultaba maravilloso. De los 24 diputados que componen la Legislatura, sólo 10 serían elegidos por listas sábana. Los 14 restantes se elegirían mediante el mecanismo de “diputado por pueblo”, es decir, a través de los 14 departamentos provinciales (uno por cada uno). De esta manera, cada distrito tendría un representante, al cual podría controlar directamente, sin que éste se oculte bajo la perversa lista sábana.

Supuestamente, la reforma impulsada por los hombres más cercanos al kirchnerismo fomentaba una mejora en la representación y el combate contra las listas sábana. Sin embargo, en la práctica se produjo un efecto “inesperado” para la opinión pública, aunque no para los dirigentes del PJ local: el partido gobernante se aseguró la mayoría especial de la Cámara (16 legisladores) en las dos oportunidades en que se votó conforme el nuevo régimen. En 1999 consiguió 16 legisladores y en 2003, un total de 22. En la primera elección -1999- el PJ obtuvo el 51% de los votos, pero traducido en bancas se quedó con el 66,6% del cuerpo legislativo contra el 33,3% de la Alianza, que había obtenido el 46% de los votos. En 2003, la UCR obtuvo el 20% de los votos de la provincia y sólo accedió a dos escaños (8,3% del Cuerpo). ¿Por qué esta diferencia? Porque en esta última ocasión, la UCR no logró ganar en ninguno de los pueblos debido a la ley de lemas.

Esta mayoría absoluta obtenida por el PJ local le permite tomar decisiones inconsultas como el abortado cambio de nombre de la localidad de Hipólito Yrigoyen.

Campañas mediáticas

Organizaciones como Reforma Política ya destinaron cuantiosos recursos a promover una reforma electoral que permitiera el acercamiento entre representantes y representados. En ese sentido, se posaron las miradas en la denominada lista sábana, que no es otra cosa que una boleta electoral de lista cerrada y bloqueada: el elector no vota a un candidato sino a un partido, por sus coincidencias ideológicas, programáticas o culturales con éste.

Es el partido el que decide -a través de una lista preestablecida- quiénes ocuparán los escaños y en qué orden. El voto es al partido. El problema es que con la crisis de representación que vivió y vive nuestro país, se empezó a confiar más en las personas que en los partidos, que siempre podían poner a algún personaje despreciable en el lugar número 10 de la lista, y que éste obtuviera un cargo en el Congreso, aun contra la ciudadanía, que nada podía hacer al respecto.

Por eso, algunas ONG empezaron a proponer como alternativa el denominado voto uninominal por circunscripción, que consiste en dividir a cada jurisdicción electoral (por ejemplo la Capital Federal) en tantas partes como diputaciones se eligen por elección. De esa manera, el diputado -nacional- ya no representaría a la ciudad de Buenos Aires sino, por ejemplo, al barrio de la Boca. Todos los vecinos conocerían a su diputado y así se acercaría nuevamente la política a la gente.

Muchos politólogos dedicaron años de su vida a estudiar lo que se ha denominado “ingeniería electoral” y han llegado a una conclusión: no existe un sistema electoral perfecto que logre canalizar adecuadamente la representación, puesto que ésta siempre será distorsionada: la única forma de garantizar una equidad completa sería que cada elector ocupe una banca en el Parlamento.

Los estudiosos de estos temas suelen explicar que existen dos tipos de sistemas electorales: los mayoritarios y los proporcionales. En los primeros, el que gana por mayoría simple se lleva todas las bancas en juego; en los segundos, cada partido obtiene una cantidad de bancas proporcional a los votos que obtuvo.

Los esquemas electorales mayoritarios en general tienden a favorecer la gobernabilidad -dado que evitan la fragmentación de las legislaturas- y si se combina con circunscripciones uninominales -como las del diputado por pueblo- se busca personalizar la política; los proporcionales buscan representar más fielmente las tendencias del electorado.

Ambos sistemas persiguen distintos efectos loables, pero tienen algunos perjuicios: el proporcional genera despersonalización y falta de responsabilidad individual por parte de los legisladores, que no son votados por su prestigio personal, sino por su pertenencia al partido; los mayoritarios producen -en general- la eliminación de las minorías.

Esto último fue lo que ocurrió en Santa Cruz. Si las listas sábanas son malas, entonces eliminémoslas.

¿Sistemas mixtos?

Pese al descrédito de la lista sábana, la tradición argentina ha privilegiado siempre los sistemas proporcionales e incluso a nivel nacional la propia Constitución así lo establece. Sin embargo, los partidos mayoritarios -especialmente los que hegemonizan determinados distritos- siempre buscan promover sistemas que los favorezcan.

Para hacer un equilibrio, durante los 90 comenzó a popularizarse el sistema mixto alemán. La idea era generar un esquema que combinara las ventajas de ambos principios (mayoritario y proporcional).

Sin embargo, los especialistas coinciden en que esto no se genera en la práctica: “No existe el tipo de sistema mixto que podría referirse a los principios de representación. No existe posibilidad de mezclar los dos tipos básicos de sistemas electorales”, explica el politólogo alemán Dieter Nohlen, autor de varios libros al respecto. Según su tesis, pueden existir leyes electorales mixtas, pero según la combinatoria los efectos serán proporcionales, como en el caso alemán, o mayoritarios, como en Santa Cruz. No hay términos medios.

Reforma y contrarreforma

Sin embargo, en esto no fue en lo único que Kirchner quiso manipular las elecciones y las reglas del juego. Como sucedió a nivel nacional, en 1993 en Santa Cruz se arribó al denominado “Pacto de Río Gallegos” (en clara referencia al Pacto de Olivos), mediante el cual el radicalismo accedió a habilitar la reforma de la Constitución provincial que habilitaría la reelección del actual Presidente de la Nación. A cambio, el entonces gobernador se comprometió al cese de la intervención de los organismos autárquicos y descentralizados y la incorporación de un vocal por la primera minoría en dichos entes, al igual que la introducción de la cuestión medioambiental y mecanismos de participación ciudadana.

La Unión Cívica Radical participó de la Convención Constituyente con nueve miembros (sobre 24), pero no convalidó el texto propuesto por el PJ para apoyar la reelección, que permitía fueran dos turnos consecutivos como máximo y eliminaba la restricción de consanguinidad establecida en 1957. También se opuso sin éxito a la eliminación de la elección de mitad de período.

Luego de la reforma, Kirchner llegó a su segundo mandato, donde aumentó el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia y echó al procurador de Justicia provincial. Sin demasiadas explicaciones, en 1998 proclamó la necesidad de una nueva reforma constitucional para ir por un tercer período. Pero para no tener que lidiar con una Legislatura que -según decía la Constitución vigente- debía convocar por mayoría absoluta a la Convención Constituyente, llamó directamente a una consulta popular en la que el “Sí” ganó por el 56,88% de los votos. Allí introdujo la reelección indefinida y el nuevo sistema electoral. Si bien esto cosechó algunas presentaciones judiciales por parte de la oposición, la “mayoría automática” congeló estos pedidos.

Ya con el nuevo sistema electoral se decidió adosar algunas localidades a los departamentos más importantes -como Caleta Olivia- en donde en general prevalecía el radicalismo. De esta forma, junto con la aplicación de la ley de lemas y el desprestigio creciente del partido radical, se logró que éste no ganara en ningún distrito, quedándose sólo con dos bancas del escrutinio proporcional.

Evaluar conveniencia

Conocedor de las jugadas de Kirchner, el senador radical por Santa Cruz Alfredo Martínez no descartó que se puedan repetir a nivel nacional. “Si tuviera que hacerlo, estoy convencido de que lo va a hacer”, dijo. “Si con las elecciones presidenciales inventaron los neolemas para manipular las elecciones, no veo por qué no puedan hacer algún tipo de reforma electoral amparados en la necesidad de reformar las listas sábana, o algún otro argumento”, agregó.

¿Por qué no lo hizo hasta ahora? Según el legislador es una cuestión de oportunidad política. “En la medida en que sea necesario lo va a hacer”, advierte.

Por su parte, el senador radical por Formosa Luis Petcoff Naidenoff expresó que “mientras acá se siga gobernando y legislando en función de lo que quiere la mayoría y sin consensos posibles, se puede esperar cualquier cosa”. Existen limitaciones para ello: luego de la reforma al Consejo de la Magistratura se demostró que hoy Kirchner puede obtener los números que desee, pero a decir de Martínez, hoy habría que evaluar el costo político que esto le pudiera generar.

Sin embargo, habrá que estar atento. En la Cámara de Diputados existen distintos proyectos al respecto, que aunque no fueron presentados por el oficialismo podrían ser tomados por éste. Mientras la opinión pública sea receptiva a modificaciones electorales cuyos efectos desconoce, la representación de las minorías podría estar en peligro. Toda reforma electoral persigue objetivos favorables al poder. En caso de que el Gobierno lo decida, ¿se podrá frenar esa avanzada?