El Senado aprobó por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados un proyecto que implementa el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI).
Es la segunda vez que la Cámara alta aprueba el proyecto: el 23 de junio del 2004 le dio luz verde, pero como Diputados no lo trató, la iniciativa perdió validez. La Corte Penal Internacional es un organismo judicial con sede en La Haya, que funciona desde julio del 2002 y que fue avalado por 139 países y ratificado por 92.
Según el Estatuto de la CIP, su función principal es investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad posteriores a julio del 2002. No obstante, antes de iniciar una investigación sobre estos crímenes, la Corte deberá tener luz verde del Consejo de Seguridad, el principal organismo de Naciones Unidas.
Esta última medida -criticada por varios países- posibilitó el veto de los países más poderosos, como Estados Unidos, que se resiste a que sus militares puedan ser juzgados por un organismo jurídico supranacional cuando cumplan funciones fuera de su país.
"Es un paso importante para la constitución de una sociedad internacional más democrática", dijo la primera dama Cristina Kirchner, al referirse a la propuesta. "Estados Unidos no ratificó el tratado", sostuvo la senadora al defender el proyecto del bloque Frente para la Victoria-PJ.
"Además dictó normativas internas rechazándolo y lo complementó con una agresiva política de tratados bilaterales con una cláusula para que no sea aplicable el tratado", completó Cristina Kirchner, al cuestionar al gobierno del presidente George W. Bush.
Por otro lado, el cuerpo aprobó y giró a la Cámara baja un proyecto que pone en marcha el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que busca eliminar o reducir las asimetrías económicas al interior del bloque regional.