Por Julio El Alí

Con la intención de llenar el vacío legal que existe sobre las empresas prestadoras de servicios de la salud y, a su vez, controlar la suba de precios de las cuotas, el Ejecutivo inició la difícil carrera de sancionar una ley para la medicina prepaga, ya que 20 proyectos desde la década del ‘90 no han podido sobrevivir por diferentes factores.

Con viento a favor, el Gobierno nacional ahora quiere dar un marco legal. Tanto es así que el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Salud, resolvió pasar a cuarteles de invierno el proyecto que tenía media sanción del Senado y se puso a elaborar una nueva iniciativa, porque aspira a que se convierta en ley lo antes posible.

A toda marcha

Diputados del oficialismo en la Cámara baja han avanzado en la conformación de un nuevo texto único, que tiene como base de partida el proyecto presentado por las kirchneristas, Patricia Vaca Narvaja y Graciela Rosso, que incluyen algunos puntos salientes enviados por el Ejecutivo, por lo que se ha convertido en la iniciativa oficialista.

En ese contexto, la Comisión de Salud de la Cámara joven realizó una serie de reuniones con las autoridades de la Superintendencia de Salud, las tres organizaciones que nuclean a las distintas empresas privadas, representantes sindicales y legisladores. El presidente de la comisión, el santafesino Juan Sylvestre Begnis, y Graciela Rosso explicaron a Parlamentario los puntos más importantes del proyecto que tendría pronto dictamen.

Según el legislador oficialista, la flamante propuesta tendrá expresada los derechos y obligaciones de las entidades y de las personas y quién será el organismo que controle el cumplimiento de la norma. La entidad será la Superintendencia de Servicios de Salud y la subsecretaría de Defensa del Consumidor.

Al referirse sobre los derechos de los usuarios se hace mención a la ley de Defensa del Consumidor, pero la norma se centrará en hacer cumplir el Programa Médico Obligatorio (PMO) para los programas integrales de salud a nivel nacional. La ley no obligaría a cubrir algunas prestaciones específicas a entidades que se dediquen a un servicio determinado como el sistema de ambulancia en casos de emergencia o la práctica odontológica.

Si bien las empresas médicas no tendrán la obligación de prestar la totalidad de los servicios establecidos en el PMO, sí tendrán la obligación de tener relacionado o contratado quién será el que resuelva la cobertura de las prestaciones.

Ahora sí

No es la primera vez que un Gobierno con mucho poder, incluso sobre el Congreso, tiene la intención de regular la actividad pero, sin embargo, nunca se pudo. ¿Por qué? Las respuestas pueden ser varias, pero dicen que la realidad es una: la presión de las empresas.

Varios legisladores, que desde hace tiempo vienen trabajando sobre el tema, sostienen que el Estado no puede dejar en manos privadas el servicio de salud, razón por la cual es imprescindible regular la actividad.

Las empresas prepagas son sociedades comerciales que buscan el lucro, y para ello deben brindar un buen servicio. A éstas se las consideran entidades que se encuentran dentro de la tipificación de la ley de sociedades comerciales porque pueden ser una SA, SRL o una UTE (Unión Transitoria de Empresas) o una ACE (Asociación de Colaboración Empresaria).

Rosso aclaró que este proyecto regula “sólo a las empresas de medicina prepagas” y no contempla otras entidades que brindan servicios de salud con otra naturaleza, como las obras sociales o los seguros de vida y salud. Aunque también la iniciativa contempla a entidades sin fines de lucro, como las obras sociales, en el caso particular, que vendan planes de salud de adhesión voluntaria. Es decir, por medio de un pago de una cuota y no de un descuento salarial.

Sin embargo, existen otros casos de medicina prepaga como son los seguros, que no tienen las mismas características de las empresas prestadoras de servicio. Dentro de la Superintendencia de Seguros hay un rubro que se llama Seguros de Vida y Salud que también ofrece servicios médicos. La diferencia entre un seguro y una medicina prepaga es que los seguros tienen asignado un monto para cada patología y al beneficiario le dan el dinero, según el siniestro que hubiere padecido, ya que para el seguro no es una enfermedad sino un “siniestro”, como si fuera un choque de un auto.

En el sistema de Seguros de la Superintendencia de Seguros, el individuo tiene que buscar la atención donde él tenga preferencia, pagar y después pedir el reintegro. Aun así, el sistema de seguros tiene normas reguladoras, una Superintendencia, un control, pero en materia de salud no es tenido en cuenta por esta nueva norma.

Por otra parte, otro prestador de servicios médicos privados es el sistema de obras sociales a través de las respectivas mutuales y cooperativas. El sistema mutual tiene normas que lo regulan, una entidad nacional donde tiene que registrarse, un sistema de control del propio organismo y sus referencias provinciales. Es decir, el sistema mutual funciona sobre la base de una regulación legal.

El flamante proyecto lo que evita es englobar a todas estas prestadoras de servicios médicos -tan diferentes en sus estructuras- e incluirlas en un paquete, porque se estarían sumando elementos desiguales. Por lo tanto, la iniciativa es superadora porque, según aseguró la diputada Graciela Rosso, se pretenden elaborar proyectos específicos que complementen a esta norma. Por su parte, Juan Sylvestre Begnis aseguró que la Superintendencia de Seguros se encargará de conformar los lineamientos para una norma complementaria a la ley del seguro, regulando las prestaciones que tienen que brindar, como mínimo, a través de un seguro por compensación económica.

Si el Gobierno logra que el Parlamento ponga fin a esta anomalía se solucionaría un gran problema que aqueja a más de tres millones de argentinos. En primer lugar pondría las cosas en orden: las mutuales y cooperativas que brindan salud por un lado y las empresas privadas que lucran por otro lado.

Pero la deuda aún no está saldada, ya que el interés económico de las grandes empresas de medicina prepaga es continuar con este vacío legal, que le brinda ciertos beneficios como, por ejemplo, aumentar las cuotas de sus socios sin control del Estado.

Sin embargo, para Rosso la norma fue consensuada con todos los sectores involucrados, tanto es así que el presidente de la Comisión de Salud explicó que las asociaciones de medicina prepaga “quieren colaborar porque tienen dificultades con los amparos y la mala praxis. Están desamparadas respecto de las medidas que se pueden tomar en un acuerdo nacional o fijando normas que una prestación debe ser obligatoria que, en la actualidad, el juez manda a pagar. Por lo tanto, ellos se encuentran interesados en participar y no rechazan esta ley marco, sino todo lo contrario”.

Tal vez esta larga novela en poco tiempo finalice. El diagnóstico, por lo que se puede apreciar en las huestes oficialistas, es favorable.