Los efectivos de seguridad privada continúan en franco ascenso pero no existe una ley nacional que regule su accionar. Sólo existe un débil decreto de Fernando de la Rúa.
Por Julio El Alí
La gran mayoría de la sociedad argentina vive con miedo, temor a convertirse en una victima más de la inseguridad. Este cuadro de situación pone en primeros planos a un nuevo agente social con un rol cada vez más protagónico, ya que todos interactuamos al menos una vez al día con un empleado de seguridad privada.
Los efectivos pertenecientes a una empresa de seguridad privada están por todos lados. En las puertas de los edificios residenciales, en las oficinas de empresas privadas, en las de servicios, en los bancos, en las universidades, en los boliches bailables, en los estadios de fútbol, en los recitales, en los shopping, en los centros comerciales, en el tren, en el subte, en el country; en definitiva, en todos lados. Se han convertido en nuestra sombra y conforman una fuerza superior en número a la Policía Bonaerense.
El miedo a la inseguridad ha provocado, hace ya un tiempo, un auge de empresas privadas que prestan servicios de seguridad, ya sea mediante efectivos o el control satelital de casas y vehículos.
Ahora bien, ¿sabemos quiénes son nuestros potenciales custodias?. ¿Quiénes son estos hombres que pertenecen a una empresa que se identifican con un nombre alusivo a la eficiencia en seguridad y usan un uniforme de determinado color? ¿De quién es la empresa? ¿Qué normas debe cumplir? ¿Existe alguna norma que regule esta actividad? ¿Quién controla?
.....Silencio. Es la única respuesta. Desconfianza y temor porque en realidad no existe un verdadero control sobre este ejército paralelo de hombres. Lo cierto es que en 1999 el Poder Ejecutivo Nacional, a solicitud de la Secretaría de Seguridad Interior, promulgó el decreto 1002/99, regulando las prestaciones de Seguridad Privada en todo el territorio nacional, respetando las autonomías provinciales que mantenía la facultad de habilitación y control, pero organizando un Banco de Datos en línea con el RENAR, interconectando a todas las jurisdicciones. Sin embargo, hoy en día, ante la falta de aplicación del mismo por algunos cuestionamientos legales, nos encontramos con el problema de no poder saber cuántas empresas de seguridad, vigiladores, armamentos, automotores, blindados, equipos de comunicación existen y brindan servicios en todo el país.
El primer debate
En el Congreso hace años que se viene debatiendo sobre quién debe regular esta actividad y si es facultad del Parlamento Nacional normalizar el servicio de seguridad privada. El autor de uno de los proyectos en danza es el diputado oficialista Luis Cigogna, quien también presentó esta misma iniciativa en 2004, pero no llegó al recinto.
Cigogna advierte que esta discusión se puede volver a repetir porque el gran debate es si la regulación de empresas de seguridad privada es materia del ámbito nacional o son de las provincias. “Sin dudas, es objeto de regulación por parte federal, ya que lo sustancial es el ejercicio de un comercio lícito dentro del Código de Comercio, lo que indica que sería una facultad del Congreso de la Nación, según el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Argentina”, aseveró el legislador. Por lo tanto, “le corresponde al Estado federal regular esta temática, porque es conveniente que sea una sola la norma para todo el país, cualquiera sea la geografía de la zona”.
Es decir que las provincias aplicarían la legislación nacional en lo que tenga que ver con la actividad comercial y en materia de seguridad aplicaría criterios locales sin contradecir el marco normativo a nivel nacional, lo que indica que el poder de policía quedaría en manos de las gobernaciones.
El legislador explica que es una actividad sumamente delicada porque “si bien es una actividad comercial lícita, tiene el deber de brindar seguridad al ciudadano”. Por lo tanto, “es necesario que el Estado tenga un papel muy firme en cuanto a definir el marco de actuación y a tener un contralor muy efectivo sobre este tema”.
“Recordar que los agentes tienen el pleno contacto con la gente y algunos portan armas, aunque hacen contralor de seguridad”, señaló el legislador.
Un nuevo proyecto, perteneciente al diputado kirchnerista Miguel Angel Iturrieta, fundamenta que en todos los Estados provinciales, a través de la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior, ha dado solución a una cuestión similar en la órbita pública, ya que las provincias han delegado en cabeza del Presidente de la Nación la conducción política del esfuerzo nacional de policía, quien coordinará el accionar de los referidos cuerpos y fuerzas entre sí y con los cuerpos policiales provinciales. Asimismo, formulará políticas, doctrina y planes y conducirá las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interior (artículo 8°). Además, el diputado afirmó que es necesaria una ley a nivel nacional porque “si un camión con vigilancia debe atravesar todo el país se encontrará en territorios donde haya una ley diferente a otra y en algunos ni siquiera haya regulación”.
Difícil de armar
Elaborar un proyecto para regular la actividad de las empresas de seguridad privada no es fácil. Desde 1991 existieron sucesivos proyectos que intentaron dar un marco normativo, pero todos han fracasado.
Si bien en algunas provincias existe la regulación, como por ejemplo Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional hay un vacío legal al respecto.
En 1999, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto pero, sin embargo, éste pasó al Senado y perdió estado parlamentario.
El principal problema de las iniciativas son sus dos partes encontradas: la lucrativa y la seguridad; convierten a los proyectos en leyes bastantes extensas que tienen muchos aspectos reglamentarios y otros polémicos en lo comercial. Asimismo, los intereses económicos creados hacen que distintos períodos gubernamentales no puedan regular esta actividad a nivel nacional.
En la actualidad, en el Parlamento se encuentran en debate varios proyectos de distintos sectores políticos.
El más cercano al kirchnerismo es el de Cigogna, ya que lleva la firma del presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini. Esta iniciativa tiene por objeto regular la prestación privada de servicios de seguridad en todo el país. Aunque las provincias podrán dictar reglamentos de la actividad conforme a sus facultades, sin contradecir lo dispuesto por la Nación. El proyecto es la base de aquel votado por la Cámara baja, con algunas importantes modificaciones adaptadas al crecimiento de la actividad, inspirado en la legislación vigente de Bélgica (ley del 10/4/90), España (real decreto 880/91 y modif.), Francia (ley 83-629 del 12/7/83) y la provincia de Buenos Aires.
Otro de los proyectos que pretende llenar el vacío legal pertenece también a un diputado kirchnerista Miguel Angel Iturrieta, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior.
En la misma temática, pero sin establecer un proyecto de ley marco, el diputado Juan Arturo Salim presentó una propuesta para todo empleado perteneciente a una empresa de seguridad, sea pública o privada, deberá exhibir, en su lugar y horario de trabajo asignado, de manera visible en su vestimenta, una credencial identificatoria que contenga su apellido, nombre completo, número de Documento Nacional de Identidad.
La propuesta de la diputada María del Carmen Rico es complementaria a una norma general, ya que establece un registro nacional de prestadores de servicios de seguridad en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Interior, mientras que el proyecto de otras dos legisladoras, una radical y otra arista, apunta a dar un marco normativo a la actividad. Las diputadas Silvana Giudici y Delia Bisutti presentaron lo que sería el proyecto de la oposición, aunque en verdad no difiere mucho a los dos oficialistas. La iniciativa denominada Presupuestos Mínimos para la Prestación de Servicios de Seguridad Privada no es muy diferente a la que presentó al otro sector político, lo que indica, a priori, que existe coincidencia.
Alto desinterés
En la Cámara de Senadores no se encuentran proyectos que establezcan una regulación del servicio de seguridad por parte de empresas privadas.
El único proyecto que trata esta temática pertenece a la senadora Mirian Curletti, la cual propone crear el registro especial de personal de seguridad privada, en el ámbito del Ministerio del Interior de la Nación, comprendiendo tanto a las personas físicas y jurídicas. La iniciativa se asemeja a la propuesta de la diputada Rico, pero en este caso, navega sola en la Cámara alta.
Sobre esta temática, lo único aprobado por el Senado fue un proyecto de comunicación de Curletti sobre un pedido al Poder Ejecutivo para que controle las contrataciones que realiza las empresas de seguridad privada.
Destino inseguro
A pesar de la virtual coincidencia de todos los diputados en que se debe hacer algo para acabar con la inseguridad y una de las medidas es mejorar la eficiencia de la fuerza de seguridad tanto pública como privada, la discusión en la Comisión de Seguridad de Interior se encuentra entre mansos y fríos lagos.
A poco más de tres años de gobierno del presidente Néstor Kirchner no se puede negar su voluntad política y el poder acumulado. Sin embargo, siguen existiendo temas donde no hay voluntad política. Aunque en una segunda lectura, la presencia de dos proyectos por parte del oficialismo y uno de ellos lleva la firma de Balestrini, podría ser un indicador.
Pero la sanción sobre esta temática deberá esperar que pase el año electoral.