Por Pablo Winokur

La drogadicción es un fenómeno señalado por muchos como “la madre de la delincuencia”. Sin embargo, muchos especialistas aseguran que al ser ilegal no se puede hacer nada para reducirla porque los adictos temen declarar su problema. Se asegura que el Gobierno quería despenalizar, pero la presión generada al trascender detalles de la reforma del Código Penal en marcha dejó el tema para momentos más oportunos.

Algunos puntos a tener en cuenta: no todas las drogas hacen igual de mal; no todas las sustancias aceptadas hacen bien (ejemplo: el alcohol, el tabaco, los psicofármacos); las drogas ilegales no son sinónimo de criminalidad; las otras sustancias referidas -en especial el alcohol- pueden generar un grado similar de violencia doméstica o callejera. Algunos especialistas consideran que -como las “drogas” son ilegales y muy mal vistas por la sociedad- se hace aún más difícil encarar una adecuada política de prevención o reducción de daños.

¿Deben seguir siendo ilegales las drogas? ¿Es posible despenalizar el consumo de algunas sustancias? ¿Qué políticas de fondo se deben encarar al respecto?

En el Congreso existen cada vez más iniciativas en una u otra sintonía. De hecho, el Ejecutivo también había armado un anteproyecto que despenalizaba el consumo de ciertas sustancias y se esperaba que algunos legisladores -que habían levantado la mano a la hora de los superpoderes o la regulación de los DNU- lograrán imponer su postura sobre el tema.

Sin embargo, la última marcha de Blumberg y el pedido popular de que se haga algo con los problemas de drogadicción terminaron de frenar cualquier iniciativa en ese sentido.

Conferencia y políticas

En la Cámara baja se realizó en el Congreso la IV Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogadicción, organizada por la Asociación Civil Intercambios. La jornada arrojó muchos datos interesantes y un debate que deberá ser tenido en cuenta por los legisladores a la hora de tratar los distintos temas vinculados a la problemática de las drogas y de las adicciones. Tal vez, una de las reflexiones más importantes que se extrajo de aquel encuentro es que no es lo mismo “la droga” que “las adicciones” y que existen otras “drogas” que hacen igual de mal o peor -por el hecho de ser aceptadas por la sociedad- que las ilegales.

La apertura del evento contó con la presencia de Andrés Leibovich (subsecretario de Programas de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud de la Nación), quien comenzó su gestión en enero de 2002 e intentó “jerarquizar los temas” vinculados a la drogadicción. Así comenzaron a encarar una política de “reducción de daños” que fue muy criticada por “comunidades pequeñas que no se dan cuenta de que hoy la cosa pasa por otro lado”. “Advertimos que la sociedad civil estaba afuera de este tema. Muchos nos reclamaban ¿cómo puede ser que el ministerio esté dando jeringas? Esto tiene otros objetivos”, dijo, tras remarcar que siempre es importante evitar -por ejemplo- que los que se inyectan con jeringas contraigan sida.

Luego habló la diputada Lucía Garín de Tula, presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara baja, quien anticipó que se está trabajando para intentar sacar adelante una nueva ley de estupefacientes. “La actual es una ley represora, que no incluye a la prevención”, dijo. También habló de la importancia de sancionar una ley de pegamentos y antitabaco y de reglamentar la ley de alcoholismo. “Hay otras drogas lícitas que causan problemas de salud y muerte”, dijo, tras lo cual habló de que lo importante es mejorar la “calidad de vida de la sociedad para disminuir las ansiedades”.

Por último, en la apertura del seminario habló Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, quien advirtió que no existe un prototipo de consumidor y de sustancia, sino que hay una “pluralidad del consumidor”. También advirtió acerca de la necesidad de dirimir una puja entre “la lógica sanitaria y la lógica del control” y dijo que en la actualidad no se están alcanzando los resultados esperados en la materia. “Nuestro objetivo es poder dar una alternativa a lo punitivo”, concluyó.

Entre los oradores, el más duro fue Mariano Ciafardini, director Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. “La droga es un gran negocio y la excusa fundamental para ejercer la represión -consideró- ya que se convirtió en el tipo ideal de delito. Se crean organizaciones de inteligencias, se ocupan territorios, se organizan cazas de brujas hacia tenedores pobres y la salud pública queda abandonada”.

En el cierre de la jornada, Pablo Cymerman, de Intercambios Asociación Civil sostuvo: “Como resultado de la conferencia, esperamos incentivar el trabajo multisectorial entre distintas áreas del Gobierno, la academia y la sociedad civil, con vistas a abordar las dificultades para establecer nexos de articulación entre las políticas públicas, los planes y programas y la investigación. Sólo así estaremos en condiciones de construir políticas de drogas alternativas a las perspectivas punitivas, que nos permitan repensar los modelos regulatorios y sus efectos en la salud, así como identificar políticas que protejan los derechos humanos”.

Inquietud de legisladores

Las jornadas generaron inquietud en muchos legisladores que se hicieron presentes. Máxime cuando disertó Gabriel Godinho Delgado (coordinador Nacional del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud de Brasil) quien comentó que en ese país se acaba de sancionar una ley que promueve una “progresiva despenalización” y se crearon distintas figuras para el capitalista del tráfico y los dealers menores.

Sin embargo, el tema aún no tiene el peso específico entre los legisladores argentinos como para ponerse de acuerdo en reformar el Código Penal. A fines de agosto se logró dar dictamen de comisión a una ley de María Cristina Alvarez Rodríguez para modificar la forma de expendio de los psicofármacos, los cuales también se utilizan como drogas en muchas oportunidades.

¿Cuál es el mapa de proyectos que existen en el Congreso? En general se agrupan en tres categorías. Los que focalizan en la penalización, los que intentan despenalizar y -en el medio- los que apuntan a la prevención, que son menos polémicos, aunque tal vez no vayan al fondo de la cuestión.

También hay cientos de proyectos para atacar otras problemáticas vinculadas a la drogadicción, como una nueva ley de pegamentos (hay proyectos de Juan Manuel Urtubey, Raúl Solanas y Roberto Basualdo); modificaciones a la ley de alcoholismo, y -siempre en agenda- las antitabaco.

Con el fin de despenalizar algunas sustancias aparecen tres legisladores: Eduardo García (PS-Córdoba) fue el pionero en pedir la despenalización para uso personal. Luego se sumó Diana Conti. Ambos fueron acompañados por distintos legisladores de sus respectivos bloques. También Conti presentó una propuesta para despenalizar la marihuana cuando ésta se usa con fines terapéuticos. Un proyecto similar ha presentado la senadora Adriana Bortolozzi.

En el otro extremo aparecen propuestas que buscan mejorar los controles. El jefe de bloque del PJ en el Senado, Miguel Angel Pichetto, presentó un proyecto de “ley federal integral de lucha contra el delito organizado”, donde contempla estas cuestiones. La diputada radical Beatriz Leyba de Martí pidió que se cree un “cordón marítimo y aéreo para el control del tráfico de estupefacientes, en los espacios marítimos y aéreos de jurisdicción nacional”.

Por su parte, la senadora Sonia Escudero ingresó por Mesa de Entradas una iniciativa para generar un “Régimen Penal de Estupefacientes sobre el Control y Fiscalización del Registro de Precursores Químicos. La legisladora salteña preside la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. A su vez, su comisión organizó unas Jornadas sobre el Control de Estupefacientes, donde se trató el tema desde una óptica de seguridad y no desde la prevención.

En cuanto a los proyectos tendientes a prevenir se incluyen distintas ideas. Rosario Romero, titular de la Comisión de Legislación Penal, presentó un proyecto para crear centros de rehabilitación. Lo mismo pide Mirian Curletti (UCR) con sus “comunidades terapéuticas”. Alicia Narducci (FpV) presentó una propuesta para modificar el Programa Médico Obligatorio y que las prepagas deban cubrir tratamientos de enfermedades derivadas de las drogas.

Aguas divididas

El mapa es complicado y el tema divide las aguas. Sin embargo, será el Congreso el encargado de determinar cómo se encararán estas problemáticas: ¿desde la Justicia o desde la medicina?

Hasta ahora, el Código Penal trata a los adictos como delincuentes comunes. Emiliano Galende -médico psiquiatra- expresó en el Seminario sobre Políticas de Drogas: “Para pensar el tema de las drogas hay que hacerlo integralmente. La droga está entre nosotros y forma parte de la cultura y de la forma en que nos vinculamos con el otro”, opinó, tras lo cual consideró que “no hay otra alternativa que convivir con ello”.

Tal vez se trate de empezar a pensar en mecanismos que -lejos de reprimir- comiencen por prevenir.