El Senado aprobó y convirtió esta noche en ley el proyecto que incorpora la enseñanza sexual en todas las escuelas públicas y privadas del país.
La iniciativa, conocida como "Programa Nacional de Educación Sexual Integral" fue sancionada en general por 54 votos a favor y la sola oposición de Liliana Negre de Alonso, del Partido Justicialista de San Luis, quien fue autora de un dictamen de minoría.
}El texto fue aprobado sin modificaciones tal como llegó de Diputados hace quince días, y de tal manera contempla la creación de un Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación para incorporar esta temática desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de Educación Técnica no Universitaria.
El objetivo es asegurar la transmisión de conocimientos sobre la sexualidad a niños y jóvenes, promover actitudes responsables, prevenir problemas vinculados con la salud general, sexual y reproductiva, y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.
El artículo más conflictivo fue el quinto, que es al cual varios legisladores pretendieron incorporar un párrafo citando expresamente la participación de la familia en la elaboración de los contenidos de la materia, en cual fue aprobado por 45 votos a favor, con 9 en contra y una abstención.
El debate -al que asistió el ministro de Educación, Daniel Filmus- lo inició la informante por la mayoría, la senadora justicialista Silvia Gallego, quien remarcó que "el Estado tiene la obligación de garantizar un piso de educación sexual a nuestros niños y adolescentes". Destacó que los diputados "trabajaron con seriedad, tratando de consensuar las posturas de todos los grupos de la sociedad que quisieron aportar sobre este tema, tratando de compatibilizar siete proyectos distintos", razón por la cual anticipó que no aceptará cambios al texto aprobado en la Cámara baja.
"Estoy complacida de poder derribar barreras que han marcado durante décadas a niñas, niños y adolescentes", puntualizó la senadora pampeana.
Por su parte, Liliana Negre de Alonso criticó que "no se incorpore expresamente a la familia" en el texto de la ley, "con el rol protagónico que la Constitución le da".
"Todos compartimos la necesidad de una ley de educación sexual, pero algunos tenemos la necesidad de pensar que la familia esté incorporada en la formación de los contenidos", remarcó.
La legisladora puntana dijo que su posición responde a "la filosofía" adoptada en su vida, y centró su oposición a lo que entiende falta de participación de los padres en la elaboración de los contenidos de la materia, y pidió que se los cite expresamente en la norma.
La postura de Negre de Alonso fue apoyada por otros senadores como su compañero de bancada y de provincia, Adolfo Rodríguez Saá; el renovador salteño Ricardo Gómez Diez y la tucumana Delia Pinchetti, entre otros.
Rodríguez Saa, por ejemplo, sostuvo que "pretender reforzar la participación de los padres no afecta en nada los principios de la ley y le otorgan una responsabilidad a quienes deben asumir en plenitud ese deber".
Por su lado, Ricardo Gómez Diez, del Partido Renovador de Salta, apoyo que se mencione a los padres en el texto de la ley, cuestión que "dio origen a dos disidencias parciales en el dictamen de mayoría y a un dictamen de minoría". Explicó que la educación sexual "no es una ciencia exacta sino que es un tema que entra dentro de las convicciones de cada uno, y la mención expresa de los padres es central".
Ante esta intervención, la senadora Cristina Fernández de Kirchner manifestó su desacuerdo, puntualizando que "la historia tampoco es una ciencia exacta, y nunca vi una discusión sobre la participación de los padres en la enseñanza de la historia o de Educación Cívica". La primera dama pidió "sincerar el debate y discutir sin eufemismos", pues "hay sectores que se oponen a la enseñanza sexual en las escuelas", y que "es falso" que la cuestión de fondo sea realmente la participación de los padres, pues "está claro que están contemplados en la ley".
A su vez, el socialista Rubén Giustiniani también apoyó la sanción de la ley a la que calificó como "una herramienta positiva de educación para atenuar la realidad de los embarazos adolescentes", y agregó que "efectiviza un derecho ante una realidad como es el abuso sexual que en la mayoría de los casos se da en el ámbito familiar".
El radical Luis Petcoff Naidenoff, titular de la Comisión de Derechos y Garantías, celebró que "el Estado asuma un rol activo" en el tema y agregó que la ley ayudaría a "prevenir embarazos no deseados y el contagio de enfermedades de transmisión sexual".
La propuesta aprobada alcanzará a todos los alumnos desde el nivel inicial hasta el nivel de formación docente y de educación técnica no universitaria. El Ministerio de Educación, por su parte, será el encargado de elaborar el programa que deberá entrar en vigencia en todo el país en un plazo máximo de cuatro años a partir de la sanción de la norma.
Para respetar las distintas comunidades educativas, el proyecto deja abierta la posibilidad de que cada región del país adopte el programa a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional.
De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, la Legislatura ya acordó entre los distintos bloques la aprobación de una norma sobre educación sexual que regirá en ámbito metropolitano.
Los puntos principales de la norma son los siguientes:
– Se crea el Programa Nacional de Educación Sexual, que tendrá por objetivo implementar una enseñanza integral en todos los niveles, que contemple los "aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos".
– Se establece que todas las jurisdicciones del país garantizarán la realización sistemática obligatoria, a lo largo del ciclo lectivo de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el cumplimiento del programa.
– Se fija que cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros.
– El Ministerio de Educación definirá los contenidos básicos del programa de modo tal que se respeten y articulen los programas y actividades que las jurisdicciones tengan en aplicación al momento de entrar en vigencia esta ley.
– Esos contenidos se elaborarán con el asesoramiento de una comisión interdisciplinaria de especialistas en la materia, que serán convocados por el Ministerio de Educación.
– Cada jurisdicción implementará el programa teniendo en cuenta la diversidad sociocultural local y las necesidades de los grupos etarios.
– En cada jurisdicción se deberán organizar espacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a estar informados.
– Se establece que esta ley tendrá una aplicación gradual y progresiva, y que la autoridad de aplicación establecerá en un plazo de 180 días un plan que permita el cumplimiento de esta ley, a partir de su vigencia y en un plazo máximo de cuatro años.
