La renegociación entre el Gobierno y la transportadora de energía patagónica, que incluye un aumento de tarifas del 27% y la postergación del pago de multas por incumplimiento, fue aprobada mediante el mecanismo de "sanción ficta", sin que la Cámara de Diputados alcanzara a pronunciarse.
Transpa (Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia Sociedad Anónima) es la empresa que realiza la distribución troncal de energía eléctrica a través de Río Negro, Chubut y Santa Cruz y provee a los mayoristas.
La mayoría del fluido que transporta esta empresa -una de las ocho en su tipo que existen en el país- lo utiliza Aluar, que tiene una planta de producción de aluminio en Puerto Madryn.
Los accionistas de TRANSPA, ALUAR, el grupo Camuzzi y varias cooperativas de la Patagonia tienen el 51 por ciento, mientras que la provincia de Chubut es poseedora del 39 por ciento y el diez restante está en manos del Estado nacional.
En el Senado, el oficialismo defendió la renegociación de este contrato, al argumentar que el 27 por ciento del ajuste tarifario no se traducirá en un aumento en el costo de la energía para los usuarios residenciales.
El acuerdo fue firmado en abril de este año y la semana pasada estuvo a punto de ser tratado en el Cámara baja después de que el Senado lo aprobara, pero los diputados decidieron pasar a un cuarto intermedio y el contrato no fue analizado en el recinto, por lo que tal como ocurrió con los otros acuerdos suscriptos por el Gobierno nacional, la renegociación entre la concesionaria y la administración central quedó firme sin tratamiento parlamentario.
Con este acuerdo, se realizaron 20 renegociaciones pero sólo la hecha con Edelap (la distribuidora de energía eléctrica de La Plata) fue votada en ambas Cámaras parlamentarias.
La sanción ficta se aplica cuando las renegociaciones no son ratificadas por el Parlamento en un plazo determinado e implica la ratificación de hecho por el solo transcurso del tiempo.
