La iniciativa fue votada por los 150 legisladores presentes en el recinto, pertenecientes a las distintas fuerzas que componen el cuerpo: kirchneristas, radicales, macristas, aristas, socialistas y de partidos provinciales.

Empero, los diputados decidieron postergar el debate en particular del proyecto, a raíz de un planteo realizado por varios diputados de la oposición que pidieron más tiempo para analizar modificaciones a algunos artículos del texto.

Se trata de una iniciativa que recogió una serie de proyectos presentados por diputados del oficialismo y de la oposición, quiénes lograron unificar un texto conjunto y aprobar un dictamen consensuado, en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Comunicaciones.

La necesidad de penalizar este tipo de delitos surgió meses atrás cuando varios periodistas denunciaron que sus correos electrónicos habían sido violados y se quejaron por la "vulnerabilidad y desprotección que genera la violación de las correspondencias electrónicas".

El titular de la Comisión de Comunicaciones, Osvaldo Nemirovsci, aclaró que la norma busca "adaptar artículos del Código Penal a las nuevas tecnologías" y puso de relieve que el proyecto "llena un vacío legal que impide el accionar de la justicia ante ciertos ilícitos vinculados con la informática".

"Vamos a legislar sobre un área que modifica la noción de tiempo y espacio. Ya no hay átomos ahora hay byts", agregó.

El radical Alberto Beccani planteó que "de nada sirve este proyecto si no hay un compromiso del Estado", al advertir que "la libertad está en juego nuevamente y por eso es necesario el compromiso de garantizar la privacidad de todos estos medios electrónicos".

La diputada nacional del Partido Nuevo por Córdoba Norma Morandini destacó la importancia de la norma aunque planteó que la iniciativa debería haber sido tratada además en la Comisión de Libertad de Expresión. "Ese poderoso aparato de terror que funcionó en el pasado contó un una gran maquinaria de inteligencia, que no se ha erradicado", señaló Morandini y subrayó: "la censura es una de las primeras medidas de la tiranía".

La iniciativa propone incorporar a la legislación la regulación del mail como nueva forma de comunicación y establece penas para quiénes divulguen imágenes de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas reales o simuladas, a partir de una serie de modificaciones al Código Penal.

También, busca equiparar la comunicación electrónica con la protección legal que tiene actualmente la correspondencia por carta, al castigar con penas de prisión de 15 días a 6 meses al que abra o acceda indebidamente a una comunicación electrónica.

Entre otras cuestiones, el proyecto establece además penalizar con prisión de uno a cuatro años a quien produzca, facilite o publique por cualquier medio imágenes de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas reales o simuladas.