El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que crea un "Régimen Promocional para la Exploración de Hidrocarburos", que contempla beneficios impositivos a las empresas que inviertan en el sector.
El visto bueno fue alcanzado con el voto positivo de 35 senadores oficialistas, mientras que el arco opositor sumó 21 manos en alto al cuestionar los incentivos que prevé la ley y la imposibilidad de que la autoridad de aplicación de la ley sean las provincias.
Apenas iniciado el debate se tuvo que pasar a un cuarto intermedio de quince minutos, debido a que militantes de la agrupación Quebracho arrojaron panfletos rechazando la ley, y bombas de olor que obligaron a desalojar el recinto.
El inesperado incidente se produjo cuando el senador chaqueño Jorge Capitanich, como miembro informante de la mayoría, exponía en favor del proyecto impulsado el Gobierno, iniciativa cuestionada por varios partidos de la oposición y organizaciones de izquierda. En ese momento los militantes de Quebracho lanzaron panfletos con la consigna "Legalizar el saqueo del petróleo es traicionar a la Patria", y al grito de "Patria sí, colonia no", arrojaron varias bombitas de olor al recinto.
De inmediato, los manifestantes salieron corriendo sin alcanzar a ser detenidos. ¿Cómo habían entrado? Según pudo saberse, se habían presentado como supuestos estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata. Sus identidades y fotos están en poder de la Mesa de Entradas de la Cámara, que identifica a toda persona que ingresa al edificio.
Los militantes de Quebracho podrían ser condenados a penas de entre 15 días y seis meses, por infligir el artículo 241 del Código Penal.
La sesión se reanudó quince minutos después y el jefe de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto, reclamó en el recinto que se "agilicen los mecanismos de control" en la Cámara para que no se repitan episodios de este tipo.
El régimen promocional aprobado prevé la distribución, a cargo de las provincias y de la Nación, de nuevas áreas de exploración y la devolución anticipada del IVA en las inversiones de bienes de capital que realicen las empresas petroleras. Además, establece que el Impuesto a las Ganancias sea amortizado en tres cuotas anuales, iguales y consecutivas. También se exime del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta a los bienes pertenecientes a los titulares de los permisos de exploración.
La ley sancionada otorga una serie de beneficios impositivos a empresas privadas que exploran zonas hasta ahora no explotadas, pero les impone la condición de asociarse con la estatal Enarsa, en un porcentaje no definido.
La autoridad de aplicación del régimen será la Secretaría de Energía de la Nación, aspecto que fue fuertemente criticado por la oposición, especialmente por los legisladores de las provincias productoras de petróleo y gas.
En lo que respecta al IVA, se devolverá el abonado por gastos e inversiones realizados en la etapa de exploración y las inversiones realizadas en el período de explotación.
Sobre el impuesto a las Ganancias, se establece que en los gastos activables e inversiones realizados en la etapa de exploración y las inversiones realizadas en el período de explotación, su amortización se realizará en tres cuotas anuales, iguales y consecutivas a partir del año fueron realizadas.
El radical santacruceño Alfredo Martínez fue el primer legislador de la oposición que fundó los motivos por los que votó en contra, y al igual que varios de sus colegas cuestionó que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Energía y no las provincias. Se preguntó por qué se tienen que dar incentivos cuando las empresas venían haciendo ofertas en las licitaciones hechas en las provincias, y sostuvo que se está ante "una prórroga encubierta de 10 años" en las concesiones.
Por su parte, el justicialista santacruceño Nicolás Fernández defendió con énfasis el proyecto, al sostener que de este modo "se rompe con la política de no hacer absolutamente nada".
Hizo notar que "desde 1998 hasta ahora el grado de reservas ha caído, y no generó mayor situación de desborde porque el parque automotor tuvo una fuerte conversión al GNC", y advirtió que "lo que no se haga ahora se sufrirá cuando se acaben las reservas".
En tanto, el justicialista disidente sanjuanino Roberto Basualdo votó en contra, y propuso en cambio eliminar los incentivos a la explotación, y aumentar los que se otorguen para la exploración en tierra".
La justicialista salteña Sonia Escudero, quien manifestó que hablaba "como representante de una provincia productora de gas", también expresó su desacuerdo con que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Energía, aunque aprobó la norma en general.
En el mismo sentido, el puntano Adolfo Rodríguez Saá preguntó ¿cuál es el temor de que la autoridad de aplicación sean las provincias?; tras lo cual también criticó la aplicación de incentivos afirmando que "a la exploración hay que acompañarla con incentivos fiscales más importantes que a la explotación".
A su turno, el socialista Rubén Giustiniani criticó que no se conozca cuál será el costo fiscal de la liberación de gravámenes otorgada por esta ley, ironizando que "parecería que esto le sale gratis a los argentinos".
Los principales aspectos de la ley son:
* Los beneficios impositivos se aplicarán a la exploración de hidrocarburos de todas las áreas otorgadas a través de la Ley 25.943 y aquellas con potencial geológico sobre las que actualmente no existan derechos de terceros otorgado por la ley 17.319, en jurisdicción de las provincias que adhieran al régimen.
* Se determina que las áreas serán asignadas por las provincias respectivas o la Nación, según corresponda, mediante la realización de concursos públicos o mediante las herramientas habilitadas por la legislación de cada jurisdicción.
* Por el artículo cuarto se establece la obligación de asociación a ENARSA para acceder a los beneficios impositivos.
* Los plazos para acceder a los beneficios del régimen promocional son: cinco años para áreas en la plataforma continental, cuatro años para las áreas en cuencas sedimentarias en tierra sin producción, tres años para áreas en cuencas sedimentarias en tierra con producción.
* La autoridad de aplicación podrá prorrogar estos períodos con un máximo equivalente, para cada categoría, a la mitad del período establecido anteriormente.
* Se introduce la figura del "cupo fiscal total" de los beneficios promocionales y precisa que el mismo se fijará anualmente en la respectiva ley de Presupuesto.
* Ese cupo fiscal será distribuido por la autoridad nacional de aplicación de forma tal que comprenda a todas las jurisdicciones que posean áreas con potencial hidrocarburífero.
* La devolución del IVA tendrá una vigencia de quince años en las áreas en la plataforma continental, 12 años en áreas en cuencas sedimentarias sin producción, y 10 años para áreas en cuencas sedimentarias con producción.
* Con relación al impuesto a las Ganancias, se establece que todos los gastos activables e inversiones realizadas en la etapa de exploración y las inversiones realizadas en el período de explotación, dentro de los plazos de vigencia del régimen, serán amortizados en tres cuotas anuales, iguales y consecutivas.
* Los bienes pertenecientes a los titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación otorgados bajo el régimen de esta ley, que se hallen afectados al desarrollo de las actividades promovidas, no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
* Los titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación estarán exentos del pago de los derechos de importación y todo otro derecho, impuesto especial, gravamen correlativo o tasa de estadística con exclusión de las tases retributivas de servicios, por la introducción de bienes de capital, o partes o elementos componentes de dichos bienes que no se fabriquen en el país.
