Proponen un sistema para minimizar los desastres tecnológicos. El control estará a cargo de todos los estamentos del Estado.
Los efectos de un suceso inesperado, que ponga en riesgo a la población y al medio ambiente, podrían ser mitigados mediante un plan de prevención de desastres tecnológicos que tendría que ser diseñado por un comité compuesto por todos los estamentos del Estado.
La norma, que se debate en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, crea un Comité de Administración y Aplicación del Sistema de Prevención de Desastres Tecnológicos Mayores, que tendrá a su cargo dar respuesta a situaciones de emergencia y establecer un sistema administrativo, jurídico y técnico, necesario para minimizar el impacto.
El comité estará compuesto por autoridades de los Ministerios de Seguridad, Salud, Infraestructura, Producción, Secretaría de Política Ambiental y Dirección de Vialidad, así como los responsables de empresas privadas y representantes de los trabajadores. También participarán los intendentes cuando se refiera a casos vinculados a sus comunas.
Basándose en los principios de responsabilidad del causante, participación, acción inmediata, colaboración y protección sobre la vida y el medio ambiente, el Comité de Administración tendrá que diseñar políticas de implementación para la prevención de grandes desastres tecnológicos.
“La planificación y concreción de un sistema como el propuesto requiere de la convergencia efectiva de todos los estamentos del Estado”, dijo el presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara baja, el diputado por la provincia de Buenos Aires Jesús Aizpuru, quien entendió necesario “generar una participación efectiva en la elaboración de consensos y decisiones, proponiendo ámbitos y mecanismos formales de interconsultas, con la intervención de autoridades provinciales, municipales y de empresas privadas”.
Entre otras tareas estipuladas en la iniciativa, el comité de administración y aplicación deberá identificar las regiones donde las instalaciones industriales contengan mayor riesgo y las industrias propiamente dichas. Además, tendrá que ejecutar un modelo matemático que represente el grado de peligrosidad de cada región y una planificación para casos de emergencia para prevenir los riesgos.
En tanto, convendrá con el fiscal de Estado acciones civiles y/o penales hacia los generadores de los accidentes, con penas que van desde apercibimiento hasta la clausura de la industria. De manera excepcional, el comité podrá intervenir por la fuerza sólo cuando haya riesgo inminente para la población o el medio ambiente y no fuese posible intimar al responsable, para lo que recurrirá al juez competente que deberá actuar en forma inmediata.