Por Julio El Alí

Grandes y lujosos centros de compras, precios altos y las mejores modelos, representan a las marcas reconocidas. Puro glamour. Sin embargo, aquellas prendas de alta moda, tan costosas, muchas veces son producto del trabajo de hombres y mujeres en condiciones precarias, sin Seguridad Social ni protección legal.

Para colmo de males, a la débil estructura jurídica que protege a los empleados que trabajan en su domicilio se suma la explotación de inmigrantes ilegales en talleres clandestinos donde se violan todos los derechos humanos.

Históricamente el corte y confección fue una actividad tercerizada en la fabricación textil y alejada de las normas laborales. Pero luego de la muerte de varias personas de origen boliviano, que trabajaban en forma esclava en talleres clandestinos, la sociedad tomó conciencia de lo que padecen quienes hacen la ropa que todos usamos.

Coser una ley

En la Cámara de Diputados ingresó un proyecto de ley de las diputadas Elisa Carrió y María América González, con el objetivo de hacer visible dicha situación y regular la actividad de confección y comercialización de indumentaria.

La iniciativa establece claras medidas para terminar con los talleres textiles clandestinos, evitar el trabajo no registrado, el trabajo infantil y la evasión impositiva.

Sin dudas, la marginación legal en que se encuentra el modo de producción de la indumentaria textil obliga a fuertes multas y exigir varias condiciones a los empresarios dueños de los talleres y sus contratistas, es decir, las grandes fábricas.

Una de las creaciones principales del proyecto es el registro de fabricantes y comercializadores de indumentaria. Este sería el primer paso para poder normalizar la actividad y llevar un control de quiénes son los empleadores y los trabajadores. El registro sería clave para regular la situación de los trabajadores en la AFIP y en la ANSeS, ya que este trabajo nunca fue registrado y su consecuencia es la principal causante de la precarización de las condiciones de vida de cualquier trabajador, al no estar protegido por las leyes laborales y carecer de Seguridad Social.

Las nuevas obligaciones que establece esta propuesta controlarían toda la fase de la producción que en la actualidad se encuentra librada a la ilegalidad.

Mala confección

Regular esta actividad es un gran desafío que se encuentra con muchas piedras en el camino. En primer lugar, el orden de la informalidad que existe, por ejemplo, en el caso de las mujeres que confeccionan en sus casas a pedido de terceros. Esta modalidad está ligada a la situación de crisis socioeconómica, la cual creció de la mano de los años 90, en donde se generó la flexibilización laboral y la necesidad de muchas mujeres de buscar un ingreso.

En segundo término, el problema es el mercado negro que involucra a los talleres clandestinos donde se fabrica ropa de marcas “truchas”, no se pagan los impuestos ni los servicios y se explota a los trabajadores inmigrantes ilegales. Por lo tanto, cortar con el circuito de la producción de ropa ilegal provocaría una lucha de intereses, ya que se manejan millones de pesos y son grupos mafiosos organizados.

Además, no se puede obviar que, muchas veces, las máquinas de última tecnología pertenecen a la empresa propietaria de la marca conocida y no a los dueños de los talleres, por lo que así se encubren las relaciones laborales clandestinas, reduciendo al máximo el riesgo empresarial, el pago de impuesto y el cumplimiento de normas laborales. A raíz de esto, los inescrupulosos empresarios se transforman en principales responsables.

Por otra parte, la grave situación interna deja paso a la externa y aporta una traba más: los bajos costos de China. Por ello, las marcas pretenden competir flexibilizando todo lo posible sus costos, siendo la variable de ajuste la mano de obra.

Analizando el cuadro de situación, la ley se puede convertir en un traje muy antiguo que nadie se quiera probar. Porque existe un entramado en el cual sólo queda prisionero y abandonado a la suerte divina el trabajador, quien espera resignado la intervención del Estado.