Los senadores volverán a reunirse esta semana para intentar destrabar la situación de 14.000 deudores hipotecarios de vivienda familiar única, que contrajeron préstamos con entidades no bancarias.
El tema ha sido debatido en reiteradas ocasiones en la Cámara alta sin que se pudiera encontrar una solución de fondo, lo cual ha limitado el accionar legislativo a sucesivas prórrogas de las ejecuciones.
Una nueva oportunidad se abrirá el martes cuando la comisión de Legislación General, que preside el kirchnerista Nicolás Fernández, vuelva a abocarse al tema con la expectativa de lograr un consenso entre todas las bancadas que cuente con el aval del Poder Ejecutivo.
Pero los antecedentes inmediatos no son muy alentadores: al último encuentro de la comisión, realizado el 10 de octubre, Fernández llevó una nueva versión del proyecto, pero recibió demasiados cuestionamientos como para pensar que podría llegar al recinto de sesiones.
La iniciativa había sido elaborada por una subcomisión ad-hoc integrada por senadores, diputados, representantes del Banco Nación y del Ministerio de Economía, aunque el aval político del Poder Ejecutivo al texto no estaba claro.
Además faltó a la reunión la titular del Banco Nación, Gabriela Ciganotto, cuya presencia se había anunciado, lo cual despertó suspicacias sobre el soporte político de la iniciativa.
Como principal novedad, el proyecto permitía abrir la instancia de una conciliación obligatoria para que el deudor y al acreedor tuvieran la posibilidad de llegar a un acuerdo por fuera del Sistema de Refinanciación Hipotecaria.
Si el entendimiento entre las partes resultaba imposible, el juez quedaba facultado a determinar el monto total de la deuda, a partir de una serie de criterios establecidos en el mismo proyecto, ya sea porque considere suficiente lo que se aporta por el Sistema de Refinanciación Hipotecaria, o porque estime que hay un monto adicional a abonar.
Según relataron fuentes de la comisión de Legislación General, "la versión que se pondrá a consideración el martes no tiene cambios sustanciales con la que se trató hace diez días. Sólo se incorporaron algunos aspectos puntuales que recibieron señalamientos de los senadores".
Un senador que integra la comisión reconoció que "si no se introducen algunos cambios más importantes en el proyecto, es difícil que pueda ser tratado en sesión, excepto que el gobierno envíe una señal clara de que quiere sacar ese tema rápido".
El problema cuya solución reclaman los deudores afecta a aquellos que asumieron préstamos hipotecarios de vivienda familiar única, por valores inferiores a los cien mil pesos, y se vieron afectados por la devaluación.
Por la ley 25.798 de 2003 se resolvió la creación del Sistema de Refinanciación Hipotecaria, por la cual el Estado, a través del Banco Nación, se hizo cargo de las deudas contraídas con las entidades no bancarias, aunque por un valor equivalente 1 dólar = 1,40 peso más CVS (Coeficiente de Variación Salarial).
Como la mayoría de los acreedores lo consideran insuficiente, y algunos juzgados declararon inconstitucional la ley, los procesos de ejecución nunca fueron interrumpidos totalmente. A pesar de ello, hasta ahora el Congreso se limitó a seguir emitiendo prórrogas de las ejecuciones
