Las disidencias entre las bancadas impidieron la sanción de la iniciativa que tiene aprobación de diputados, cuya sanción es reclamada por el sindicato de Trabajadores Rurales que encabeza Gerónimo Venegas. En efecto, la sanción de la norma implicaría un fuerte incremento en los ingresos de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores que conduce Gerónimo Venegas, titular además de las 62 Organizaciones, la entidad gremial que estuvo a cargo de la seguridad en la quinta de San Vicente.

Luego de que el timbre que convoca a los senadores sonara infructuosamente durante dos horas, los pocos legisladores presentes se levantaron de sus bancas y se retiraron cuando tuvieron la confirmación de que el oficialismo no asistiría.

Si bien ningún senador quiso dar un versión oficial de lo que pasó, voceros del oficialismo indicaron que los incidentes de San Vicente implicarían un costo político que el kirchnerismo no estaba dispuesto a pagar, al sancionar justamente ahora una ley largamente requerida por Venegas.

"Esta ley se venía demorando desde hace semanas por las discrepancias sobre su articulado, pero todo eso pasó a un segundo plano y ahora la cuestión es otra", afirmó la fuente al referirse a la situación política generada por los episodios de San Vicente. Sin embargo, desde el radicalismo -el principal partido de oposición en la Cámara alta- la versión fue diferente: "cuando hay que tratar algún tema que puede lesionar al Gobierno la sesión se levanta, y en este caso había dos", aseveró el titular de la bancada, Ernesto Sanz.

El legislador mendocino se refería de este modo no sólo al proyecto de ley de corresponsabilidad gremial, sino a un pedido de tratamiento sobre tablas que la UCR iba a presentar para pedirle al Gobierno un informe sobre la situación en Misiones con motivo de la elección constituyente que se hará el domingo próximo.

En lo que respecta al proyecto de corresponsabilidad gremial, los senadores radicales consideraron que el tema se frenó porque la Cámara Alta se disponía a introducir modificaciones al texto sancionado por Diputados, en los que se recorta varios beneficios para el gremio.

En particular, los senadores radicales indicaron que el dictamen que iba a tratarse en el recinto -con la aprobación del oficialismo- eliminaba una retribución para el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y de la Estiba (RENATRE), un organismo presidido por el propio Venegas, para gastos de administración de este sistema.

El senador Morales indicó que el RENATRE "ya maneja 200 millones de pesos anuales", y que en caso de aprobarse la ley tal como salió de Diputados dispondría "de unos 40 millones más", lo que consideró "irrazonable" porque la tarea de recaudar quedará en manos de la AFIP.

El proyecto de ley crea una denominada "tarifa sustitutiva" de diversas contribuciones actuales, que los empleadores pagarían al vender su producción, y que luego se repartiría como aportes jubilatorios, asignaciones familiares, seguro de desempleo y otros ítems.