Mientras todos hablan del conflicto con las pasteras uruguayas, pocos se preocupan por el Embalse de Río Hondo, un recurso natural que ya está contaminado. ¿Qué hacen los legisladores de esa provincia? Respuestas tardías de los gobernadores.
Las empresas arrojan desechos en el río que separa a dos jurisdicciones. Una se queja: “Nosotros vivimos del turismo y están destruyendo nuestro medio ambiente y nuestra forma de subsistencia”. Desde la otra aseguran: “Se trata de un emprendimiento productivo que da miles de puestos de trabajo”.
Peleas entre mandatarios, manifestaciones, cortes de ruta, marchas, contramarchas, presentaciones ante entidades imparciales y una histórica rivalidad que se cristaliza a través de un conflicto medioambiental… ¿Argentina y Uruguay? ¿Papeleras vs. Gualeguaychú?
La descripción bien podría hacer referencia a ese conflicto irresoluto. Sin embargo, las similitudes son simple casualidad y dejan al menos una importante lección: la clave no es resolver los problemas medioambientales, sino gritar bien fuerte si la opinión pública no se moviliza frente a un determinado tema, entonces ese tema no existe en la agenda de Gobierno.
No estamos hablando de Argentina y Uruguay, sino de Santiago del Estero y Tucumán. No son las pasteras, sino las azucareras. No es la indiferencia de los organismos multilaterales, sino del propio Estado nacional, conciente de que las cámaras de TV por ahora no se han interesado en el problema. Y difícilmente lo hagan: en caso de cortes de rutas, no habrá turistas de clase media y alta a los que se les arruinen las vacaciones.
La agonía turística será más paulatina y silenciosa.
El grito santiagueño
Santiago del Estero no es una provincia que se caracterice por el turismo. Sin embargo, como la mayoría de las jurisdicciones en la Argentina, sí tiene un nicho que le permite recibir una fuerte afluencia de visitantes: se trata de las termas de Río Hondo, que poseen un lago que se forma en el dique del lugar.
En los últimos tiempos esta localidad está viviendo un peligroso aumento de la mortandad de peces, producto de los desechos que arrojan las industrias azucareras tucumanas a la cuenca Salí-Dulce.
El tema no es nuevo, sino que existe desde mediados de los 90. Desde entonces hubo sucesivas presentaciones judiciales y un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, que ordenó a varios ingenios azucareros de la provincia lindera que “se abstengan de arrojar” desechos industriales en las cuencas afluentes del Embalse de Río Hondo.
Como suele suceder en la Argentina, las empresas hicieron caso omiso. Ahora el tema recrudeció porque no sólo mueren peces, sino que diversos controles sanitarios -realizados por organismos oficiales de Santiago del Estero- demostraron que la población local está sufriendo dolores de cabeza y descomposturas importantes por el consumo del agua contaminada.
Respuestas tardías de los gobernadores. El subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Miguel Moyano, señaló que “se trabaja en la aceleración del proceso de producción limpia para neutralizar la contaminación del lago, aunque resulta lento y complicado”.
“La idea no es cerrar las empresas que arrojan los residuos y provocan la contaminación, porque existen cuestiones vinculadas a lo económico y social, por eso existe la necesidad de trabajar en conjunto para lograr soluciones definitivas”, explicó en una reciente entrevista.
Recién la semana pasada, en una tardía respuesta, los gobernadores se juntaron con la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y firmaron un acuerdo para que sea esa cartera la que monitoree que se cumplan los plazos de saneamiento.
Si bien en aquel encuentro primó la cordialidad, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, también dejó un párrafo para seguir de cerca al advertir que el programa de saneamiento que lleva adelante la provincia de Tucumán es “insuficiente” y que “sin obras, nosotros seguiremos perjudicados”.
Mientras esto sucedía entre los ejecutivos, el Congreso…
Rumbo al Congreso
La morosidad desde el Estado nacional -denunciada por distintos habitantes de la zona- no sólo apunta al Poder Ejecutivo, sino también al Congreso. A éste se dirige la mayoría de las críticas santiagueñas, en especial a quienes representan a esa provincia. “No están haciendo nada al respecto. Nosotros vimos cómo los entrerrianos se movían para beneficiar a su provincia. En cambio, los nuestros no hacen ninguna acción al respecto”, se quejan.
Nobleza obliga, es importante destacar que los representantes provinciales sí han hecho algunas manifestaciones al respecto. En ese sentido, la senadora María Elisa Castro -quien organizó un Congreso sobre Ciudadanía Ambiental, como representante del Parlatino- destacó que “nos falta mucha conciencia ambiental”, y criticó que se preste más atención a temas como el Riachuelo, pero que se descuide a las provincias del Norte. “Debe crearse verdadera conciencia con todas las provincias que integran esta Nación, y no sólo solucionar el tema del Riachuelo, porque Tucumán tiene el programa de Producción Limpia, pero no se controla que eso se cumpla. Sin tener en cuenta que ellos tienen industrias que vuelcan sus desechos y eso va a parar al embalse, que es fundamental para nosotros los santiagueños”.
También se presentaron distintos proyectos y gestiones. El diputado nacional del Frente Cívico Cristian Oliva, por ejemplo, está manteniendo contactos con legisladores nacionales y funcionarios de Catamarca, Salta y Córdoba, para tratar de interesarlos en que la creación de un comité de cuenca, con autoridad nacional, para el sistema Salí-Dulce será el principal avance para poner fin al daño ecológico de este curso de agua y del lago termense. Su idea sería crear un ente autónomo similar al que se estaría por crear con el tema del Riachuelo.
El senador Mario Mera presentó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo informe acerca de estas cuestiones. La iniciativa -muy corta de fundamentos, como cuidándose de no ofender a nadie- fue aprobada en mayo de este año.
José Figueroa también pidió -sin éxito- informes al Ejecutivo nacional. “La evidente falta de atención y mantenimiento durante largos períodos de tiempo están reduciendo su capacidad (la del embalse) y su consiguiente vida útil, poniendo en peligro, incluso, la salud de la población y las condiciones de seguridad contra posibles e inesperadas mayores crecientes de los ríos que lo abastecen”, expresó, para recordar luego que este tema no sólo involucra a Santiago y Tucumán, sino que también tienen intereses en juego Salta, Catamarca y Córdoba. Algo similar hizo Nélida Palomo. “Se debe tener presente que el Embalse de Río Hondo fue diseñado para mantener una vida útil de 200 años, pero hasta 1998 -según estimación técnica oficial competente- perdió el 37% de su capacidad de almacenaje y provecho”, dijo en una iniciativa donde pidió la rápida solución al problema.
En Diputados, el proyecto más importante -por ser de ley y haber sido presentado por la esposa del gobernador de una de las partes involucradas, Beatriz Rojkes de Alperovich- fue ingresado el jueves 19 de octubre, y promueve la declaración de emergencia ambiental de la zona. El problema es que mientras solucionan el tema, la propuesta de Rojkes plantea que se suspenderá “por el plazo de cinco años el cumplimiento y la ejecución de todas las medidas cautelares y sentencias definitivas dictadas en los procesos judiciales por motivo de la contaminación de dicha cuenca, en contra de las empresas que se encuentren registradas y aprobados sus planes de inversión en el registro creado en el artículo 2 de la presente ley”. Empresas que supuestamente deberían presentar un plan de producción limpia.
Por su parte, en el Senado, María Elisa Castro fue autora de un proyecto que acompañaron legisladores de todos los distritos involucrados, pidiendo que se “impulse la firma de un nuevo tratado interjurisdiccional que defina con precisión los objetivos y procedimientos del Comité de Cuenca Río Salí-Dulce, en el marco de la ley 25.688”, es decir, el Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.
Hace poco tiempo, Castro volvió a presentar otro proyecto pidiendo la pronta resolución del conflicto, que fue aprobado a fines de septiembre pasado.
Hacer “algo” no es lo mismo que hacer “nada”. Hacer algo, tampoco es igual a hacer “mucho” o “suficiente”… Se presentaron muchos proyectos de resolución, declaración o pedidos de informes; hubo acuerdos y desacuerdos. Pero el problema sigue sin resolverse, y los legisladores de la zona no terminan de ponerse firmes para reclamar una solución, como sí lo hicieron los entrerrianos o como lo hacen los chaqueños, que sesión por medio consiguen que se les traspase algún terreno a la provincia.
Algo se hace. Pero el problema es grave y exige una solución urgente.
