El Senado aprobó el protocolo internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, conocido como Cedaw por sus siglas en inglés, que ha generado una amplia polémica.
La sanción se logró durante una sesión inusual en la que el protagonismo recayó fundamentalmente en las senadoras. La norma fue aprobada sin modificaciones por 32 votos contra 12, tras un debate que duró más de cuatro horas.
En los palcos del Senado no se permitió el ingreso de las mujeres que querían seguir el trámite legislativo de esta iniciativa, por lo que se resolvió instalar una pantalla en el Salón Azul y habilitarlo para todas las visitantes.
El motivo de la restricción fue que se temía alguna acción de protesta, luego de que un grupo de Quebracho logró filtrarse y lanzar panfletos y bombitas de mal olor al recinto cuando se trató El Protocolo, aprobado por las Naciones Unidas en 1999 ya fue ratificado por 82 países, como destacó la senadora kirchnerista María Perceval, miembro informante por la mayoría, y complementa al Cedaw, que tiene rango constitucional pues fue incorporada a la Carta Magna en la reforma de 1994, junto a otros tratados internacionales.
La iniciativa es un protocolo facultativo que fue sancionada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979, y ratificada por el Parlamento argentino en 1985. La Cedaw exige a los estados firmantes adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de discriminación contra las mujeres.
Menciona que los Estados parte consagrarán la igualdad del hombre y de la mujer y establecerá la protección jurídica de los derechos de la mujer. Según la senadora oficialista Marita Perceval, el protocolo ayuda a crear conciencia pública de los derechos humanos.
Uno de los aspectos centrales del protocolo es que frente a la violación de un derecho consagrado en la Cedaw por un estado parte se establece un mecanismo de competencia de un comité de expertos internacionales que funciona en la ONU, encargado de recibir y considerar las denuncias, si no fueron asumidas por la justicia local. Los críticos consideran que de ese modo se atenta contra las potestades constitucionales de la Argentina.
También apoyaron la norma los radicales Amanda Isidori, Alicia Mastandrea y Gerardo Morales, la justicialista Sonia Escudero, el socialista Rubén Giustiniani, Vilma Ibarra (Partido de la Ciudad), mientras que se pronunciaron en contra las voces de la puntana Liliana Negre de Alonso y de la jujeña Liliana Fellner, mientras que el jujeño Guillermo Jenefes apoyó el Protocolo pero planteó algunas observaciones.
“Quiero que los temas se decidan en la Argentina a través de las leyes, y no por expertos en la ONU”, argumentó la justicialista Fellner.
El otro punto polémico es un artículo que señala que los estados adoptarán medidas para asegurar el acceso a la atención médica de la mujer, inclusive la planificación de la familia. “Se teme que a través de las facultades que se dan al comité termine recomendando a Argentina que legalice el aborto”, expuso el senador del Partido Renovador de Salta, Ricardo Gómez Diez.
La justicialista disidente Liliana Negre de Alonso cuestionó las recomendaciones que el comité internacional realizó a distintos países sugiriendo que “aquellos que no tienen una legislación sobre el aborto, esa falta implica una discriminación contra la mujer”. Sin embargo la salteña Sonia Escudero remarcó: “el comité no puede imponer decisiones a los países, efectúa recomendaciones”. Para su sanción definitiva, el protocolo debe ahora ser aprobado en la Cámara de Diputados.
Escudero dijo que "este es un instrumento para hacer cumplir los derechos en el supuesto de que la justicia no los hagan cumplir".
Sobre la función del Comité del Cedaw, dijo que actualmente, en el marco de la democracia vigente, los derechos humanos no corren riesgo, pero que es bueno suscribir este Protocolo porque servirá "si en el futuro hay algún Gobierno que no respete esos derechos", y se pueda hacer un planteo a nivel internacional.
Asimismo, recalcó que "el Comité no es un tribunal de justicia que pueda imponer sus posiciones, sino sólo hacer recomendaciones" a los Estados.
En tanto, Fellner afirmó que es "innecesario e inconveniente" aprobar el Protocolo, al cuestionar al Comité internacional de expertos por tener "con un montón de atribuciones", ya que "no necesitamos que nos vengan a decir que tenemos que hacer".
La kirchnerista María Perceval destacó que el Protocolo "hace real la exigibilidad y garantía de los derechos de la mujer" a través del mecanismo jurídico que implementa, y subrayó que "esto no es para una minoría de mujeres militantes, es para todas".
Dijo que de este modo "se está poniendo nuestro derecho en línea con el derecho internacional", y que se crean "mecanismos para cuando hay denegación de derechos" por parte del Estado.
La rionegrina Amanda Isidori también apoyó la norma, y advirtió que "si no se vota favorablemente este proyecto, no solamente estamos limitando los derechos de las mujeres sino también el de la sociedad en su conjunto".
Por su parte, el renovador salteño Ricardo Gómez Diez, cuestionó que el tema fuera tratado sobre tablas, sin dictamen previo de comisión y propuso adoptar el dictamen de mayoría aprobado en 2004, que tenía dos observaciones, para que no se pueda interpretar "como que viola el derecho a la vida desde la concepción", y limitando la intervención del Comité internacional.
