El proyecto, que fue girado a la Cámara de Senadores y obtuvo 175 votos afirmativos, había sido presentado hace un año por la legisladora bonaerense del Peronismo Federal Nora Chiacchio y su tratamiento se aceleró tras la desaparición del albañil Julio López, testigo principal del juicio contra el ex represor Miguel Etchecolatz por violaciones a los derechos humanos en la dictadura.

"La desaparición de Julio López planteó la revisión del proyecto de Protección de testigos", admitió la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Rosario Romero, quien recordó que desde su creación ya pasaron 68 personas por el programa de protección y en la actualidad hay 20 en el sistema.

Chiacchio, por su parte, recordó que su proyecto lo presentó a partir del hostigamiento del que fue víctima un familiar de un desaparecido en la provincia de Santa Fe como consecuencia del inició de las causas por violación de los derechos humanos en jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército.

En esa ocasión, según el relato de la legisladora, las oficinas de un abogado fueron atacadas por desconocidos que llegaron a romper los vidrios de las ventanas con una plaqueta recordatoria de su padre desaparecido que había sido colocada en una plaza local.

La diputada hizo un racconto de otra serie de hechos similares donde los querellantes no son testigos en las causas pero sí pueden ser víctimas de hechos anteriores y de nuevas presiones.

La normativa incorpora a los querellantes al Programa Nacional de Protección de Testigos, por el cual establece que el Estado Nacional arbitre los medios para dar la cobertura necesaria.

De convertirse en ley, los querellantes podrán tener protección policial permanente, o acceder a cambios de identidad y de domicilio si la situación lo requiere, un beneficio que hasta ahora sólo rige para los testigos en causas por narcotráfico, secuestros extorsivos y violaciones a los derechos humanos.