La titular del Inadi, María José Lubertino, critica a quienes se opusieron a la ratificación del Protocolo de la Cedaw y asegura que en algunas provincias tienen miedo.
Por Pablo Winokur
El Senado acaba de sancionar al proyecto de ley para que la Argentina adhiera al Protocolo Facultativo para la Eliminación de Toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Aquella sesión contó con la mirada implacable de la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), María José Lubertino, quien aplaudía cada comentario que ella consideraba importante para el avance del tema.
En el medio de la sesión recibió una fuerte crítica de la senadora por San Luis, Liliana Negre de Alonso quien comentó que en una clase en la Facultad de Derecho, Lubertino habría dicho que la aprobación del Protocolo era una forma de obligar a la Argentina a despenalizar el aborto.
Lubertino le contestó a Parlamentario sobre este tema y habló del miedo que genera este Protocolo en algunas provincias conservadoras.
– En la sesión se dijo que usted en una clase mencionó la necesidad de aprobar el Protocolo Facultativo como una forma de avanzar a la despenalización del aborto. ¿Esto es así?
– La senadora Negre de Alonso hizo una serie de citas que tergiversan cosas que yo he dicho tanto en mi vida profesional como académica; esto también demuestra que no ha habido por parte de ella una lectura adecuada y profunda del Protocolo ni de las recomendaciones de la Cedaw. Pero me eximo de mayores comentarios porque otros senadores fueron muy claros en sus argumentos.
– ¿La deja satisfecha que se esté tratando este tema?
-Ayer como Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) hicimos una presentación al Vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli y a la Vicepresidenta de Diputados, Patricia Vaca Narvaja. Hicimos el más completo informe explicando qué aspectos de la legislación argentina deben ser modificados para adecuar a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos lo que debe ser la legislación interna. Una de las cuestiones que expusimos ayer es la ratificación del Protocolo Facultativo y vemos realizado un sueño que al día siguiente se esté tratando este tema en el Senado, que probablemente los próximos días sea tratado en Diputados. Obviamente estamos más que satisfechos.
– ¿Entonces desmiente que el tratado sea una puerta a la legalización del aborto?
– Este es un debate que ha llevado muchos años -20 años- y está vigente en la mayoría de los países firmantes del tratado. Argentina vendría a ponerse a la altura del resto y de hecho todos los países del Mercosur lo tienen ratificado. No voy a decir nada nuevo: tratamos de agregar dos instrumentos para atender los reclamos cuando hay una particular damnificada que se ve perjudicada en algunos de sus derechos: esta convención no agrega derechos. Es un error jurídico que la ratificación de este protocolo tiene alguna vinculación con la legalización o no del aborto.
– ¿Entonces por qué se dice esto?
– Hay desinformación y prejuicios. Nada más respetuoso que Naciones Unidas de la soberanía de los países. El Cedaw hace señalamientos cuando hay situaciones que afecten la salud de las mujeres de los países. Y esto puede ser un problema para aquellas provincias donde hay graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres, y no se pusieron a la par de las cosas que pide el gobierno nacional, no hay educación sexual…
– ¿Cuáles son esas provincias?
– Algunas del NOA y el NEA que no están a la altura de los estándares mínimos de esta normativa.
– Los dos legisladores del oficialismo por Jujuy se opusieron. ¿Ve alguna relación entre esto y el caso de Romina Tejerina?.
– No, pero veo la situación de que hay que trabajar mucho en esas provincias en que no se entienden los derechos sexuales y reproductivos.
El Inadi presentó ante el Congreso una serie de proyectos para adecuar la legislación argentina de modo de evitar discriminaciones. Entre los 70 puntos se destacan:
* La aprobación de la convención de trabajadores migrantes.
* Detener desalojos indígenas hasta que se regularice el tema de la propiedad de las tierras.
* Regimen penal de menores en conflicto con la ley.
* Inclusión en código penal de trata de personas.
* Prevención de violencia contra adultos mayores.
