El titular de la Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo, senador Gerardo Morales, explicó al término de la reunión de la comisión que "se ha cumplido con el artículo 6º de la ley 25.261 de Emergencia, sancionado en el año 2002, que obligaba a presentar un informe al 30 de junio de 2006, donde se evalúa el estado de emergencia y la situación actual. Se presentaron dos informes, uno de la UCR y otro del oficialismo".
"Se debatió sobre la forma de presentación en el Congreso, y se acordó elevar al pleno de ambas cámaras los informes para informar al resto de los legisladores sobre las diferentes visiones de la situación de emergencia", añadió.
Sobre la cuestión de fondo, Morales expresó que "los mismos argumentos que el oficialismo usa para mantener la emergencia y con ella las superfacultades, son los que esgrimimos desde la oposición para plantear la salida de la situación de emergencia. Las causas de la emergencia, producidas en gran medida por la salida de la convertibilidad monetaria, que originaron la legislación de delegación de facultades han sido superadas".
En ese sentido, Morales explicó que "el crecimiento sostenido, junto al superávit fiscal, de los últimos años nos obligan a plantear la necesidad de salir de la emergencia y convocar al Congreso a un trabajo legislativo sobre los temas estructurales, tales como empleo o distribución del ingreso con un régimen normativo nacional".
"El gobierno busca mantener la emergencia para seguir manteniendo el clientelismo prebendario que se permiten con programas de ingresos focalizados (no universales)", enfatizó el senador jujeño. "Es indudable que no ha habido un correlato entre el crecimiento y el bienestar de la mayoría de los argentinos, menos aún de la calidad institucional del sistema democrático".
"El principal problema es cuando se mantiene la lógica de la emergencia con atribuciones especiales aún en momentos de normalidad. Pareciera que desde 1989 hasta el momento no se ha podido gobernar el país sin poderes extraordinarios o que para sobrevivir la democracia necesita un presidente con poderes extraordinarios", dice la introducción del informe de la UCR el cual expresa una visión crítica, aunque reconoce la importancia y los beneficios de la reestructuración de la deuda externa y el crecimiento económico.
El informe de Evolución de la Emergencia Económica preparado por el principal partido de la oposición en el Congreso, cuenta con 11 capítulos. A saber: 1.- funcionamiento de la economía (crisis, crecimiento sustentable y provincias); 2.- sistema financiero y bancario; 3.- mercado de cambios; 4.- reestructuración de la deuda pública; 5.- evolución de la emergencia ocupacional; 6.- distribución del ingreso; 7.- reestructuración de las obligaciones por salida de la convertibilidad; 8.- renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos; 9.- sistema judicial (colapso de demandas de pesificación y per-saltum); 10.- situación sanitaria; y 11.- situación alimentaria.
En referencia al trabajo, por ejemplo, "una de las cuestiones consideradas en crisis estructural, si bien los índices demuestran alguna mejora, no deja de ser la gran deuda, ya que el trabajo informal alcanza al 50% de los empleados. Por lo tanto, el trabajo en negro merece un tratamiento legislativo primordial en los aspectos de la registración, impositivo y cargas sociales, y una política para las empresas con menos de 5 empleados que concentran el mayor porcentaje de trabajo informal en todo el país", explicó Morales quien además preside la comisión de Trabajo y Previsión del Senado.
Respecto de los contratos con empresas concesionarias de servicios públicos, los legisladores informaron que resta el tratamiento de 24 renegociaciones, en los rubros aeropuertos, telefónicas, hidrovía y gas.
"El esquema del gobierno ha debilitado aún más la precaria situación dejada por la privatizaciones del menemismo. En este punto, Kirchner es peor que Menem. Entre otros hechos, no se ha cumplido con lo requerido por el decreto 311/… cuando se modificaron acuerdos luego de audiencias públicas; se ha vuelto a poner en vigencia los ajustes automáticos de tarifas por índice de precios, que por el momento están frenados pero son susceptibles de generar juicios en las cortes internacionales, y las obligaciones de los concesionarios han sido tomadas por el Estado (inversiones u obras). Además, se ha consolidado la debilidad frente al CIADI ya que se han negociado la mayoría de lo contrato sin la renuncia del reclamante ante el organismo o se ha convalidado la ausencia de controles de los organismos pertinentes y la falta de aplicación de las sanciones correspondientes, tal como en la década pasada. En definitiva, se ha convalidado lo mal hecho de los noventa lo que simplemente brinda mas perjuicios a la gente.
