Lo hicieron en un plenario de las comisiones de Derechos y Garantía, Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y de Industria y Comercio de la Cámara alta.

La principal objeción partió de varios colegios de abogados, escribanos y arquitectos, que se oponen a que sus oficios sean incluidos dentro de la norma, que faculta a los consumidores que tengan reclamos pedir una instancia de mediación antes de llegar a un juicio ante tribunales ordinarios.

En este sentido, el vicepresidente del Colegio de Escribanos, Horacio Valentini, indicó que la suya "no es una profesión liberal, pues somos profesionales del derecho que cumplen una función pública, y los protocolos que se redactan son de propiedad del Estado".

Un representante de la comuna de Mar del Plata cuestionó que una de las modificaciones incluya la venta de objetos usados entre particulares, por la carga que eso representaría para las oficinas públicas de mediación.

En tanto, el representante de la Cámara Argentina de Supermercados, destacó la transparencia con que se maneja ese sector, por su "sistema de precios disponibles para los consumidores", a través de gran cantidad de avisos que publican a diario en los medios. Indicó que los supermercados "trabajan codo a codo con las entidades de defensa de los consumidores", y que ese sector representa el 30 por ciento del mercado.

Al respecto, cuestionó que a los supermercados "se los mira en exceso" para ver si cumplen todas las normas, mientras que el 70 por ciento restante del mercado -a su juicio- no se los controla lo suficiente.

El presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, el radical Luis Petcoff Naidenoff, se manifestó satisfecho por el resultado de la audiencia, y estimó que es factible que se introduzcan cambios en el proyecto remitido por Diputados, en cuyo caso la norma volvería a la Cámara baja, y su sanción definitiva se postergaría para el año próximo.