La iniciativa -respaldada por 134 legisladores- incluye también exportación, transporte, deposito, almacenamiento, transito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones y explosivos registrados o no y la realización de campañas de concientización.

En el caso de que el texto se convierta en ley, el Estado deberá realizar la destrucción pública del armamento y desarrollar campañas de concientización contra el uso de armas de fuego, que incluye desanimar la producción de juguetes bélicos. Prevé también la realización de un "inventario general de la totalidad de las armas en poder del Estado" y encarga la tarea al Ministerio de Interior y al Renar.

Al presentar la iniciativa, el titular de la Comisión de Seguridad Interior, Carlos Dellepiane, advirtió que "hay más de un millón y medio de armas declaradas y algunos dicen que puede haber hasta tres millones de armas no declaradas".

"Es una medida más y la política de seguridad no puede fundarse en una medida como esta. Pero si se reduce la cantidad de armas se reducirán los problemas", sostuvo Dellepiane.

Si bien el proyecto fue respaldado ampliamente, recibió tres votos en contra, uno de ellos de la diputada del PRO Nora Ginzburg, quien cuestionó no sólo la declaración de la emergencia sino que el control sea tanto sobre las armas no declaradas como sobre las registradas. También criticó que el texto contemple "incentivos" económicos para quienes entreguen las armas al Estado y advirtió: "esto puede generar que la delincuencia robe armas de fuego para vendérselas al Estado".

En tanto, desde la centroderecha, la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alicia Comelli recordó que desde 2003 esa fuerza reclama la aprobación de un régimen de reducción del uso de armas de fuego y consideró que el Congreso está "ante una oportunidad histórica".

Desde el ARI, el diputado nacional Emilio García Méndez destacó que el proyecto "es correcto" y puso de relieve que fue "producto del consenso" aunque consideró que "a pesar de ser un paso importante no debería ser entendido como la solución para la una política global".

Del bloque Guardia Peronista, Paola Spátola, una de las autoras de un proyecto similar, destacó el consenso logrado en torno a la iniciativa y advirtió que se trata de "un punto de partida para generar una política criminal en la Nación que se continúe en el tiempo más allá de quien administre el poder".