Es ley el pacto internacional contra la discriminación a la mujer

Diputados aprobó la adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que implica el reconocimiento de la competencia de un comité para recibir y considerar las denuncias en esta materia.

La Cámara de Diputados convirtió en ley la adhesión de la Argentina al Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999.

El texto, que fue sancionado la semana pasada por el Senado, incluye recomendaciones para reafirmar la defensa en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres.

El proyecto, aprobado por 116 votos contra 30 y 3 abstenciones, fue cuestionado por las fuerzas de centroderecha, que plantearon sus dudas en torno del artículo 10 y 12 que, según sostuvieron, abren la posibilidad de que se introduzca, “en forma solapada, la cuestión del aborto”.

A través del protocolo, denominado CEDAW por sus siglas en inglés, se instruye a los estados que adhieran sobre la necesidad de respetar derechos humanos y todas las libertades fundamentales, así como la adopción de medidas eficaces para evitar las violaciones de esos derechos.

La postura de la centroderecha fue expresada en el recinto por el diputado de Fuerza Republicana por Tucumán Roberto Lix Klett, quien rechazó el texto y sostuvo que “sería lamentable” la sanción de la iniciativa, al advertir que “introduce solapadamente el aborto”. “Esto es un cachetazo para toda la sociedad”, opinó. A través de esta iniciativa, se establece que los estados parte reconocerán la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir y considerar las denuncias presentadas por los países que hayan adherido a este protocolo.

Esas comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del estado parte y que aleguen ser víctimas de una violación de los derechos enunciados en la Convención.

Si recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un estado parte de los derechos enunciados en la Convención, el Comité invitará a ese país a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, presentar observaciones sobre dicha información.

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