La legislatura de la provincia de Buenos Aires discute desde principios de año la posibilidad de que los consejeros escolares sean remunerados por su labor en consejos, las negociaciones están llegando a su fin y el choque no es entre distintos bloques, sino entre Cámaras, Senadores y Diputados.

Desde la llegada de Adriana Puiggrós, la relación entre la Dirección General de Cultura y Educación y los Consejos fue diseñando su rumbo en el marco de una política difusa y cambiante, a partir de los actores y los planteos que predominaron en distintos momentos. Los legisladores, en general, como no podía ser de otra manera, aportaron lo suyo.

En una tarde otoñal, a principios de abril, cuando desde Cultura y Educación parecían querer “arrasar” con los Consejos, en la Cámara alta provincial se presentaron dos proyectos, que esa misma tarde llegaron al recinto, para que los consejeros escolares tengan una remuneración que el entonces gobernador Eduardo Duhalde había borrado de un plumazo, en un contexto de ajuste general.

Los Consejos más cuestionados eran los de las grandes ciudades y en el Senado el matancero Jorge Pirozzollo, zona sur del Conurbano, y Stella Prumotto, Zona Norte, fueron los autores materiales de los proyectos que tuvieron un despacho conjunto -con modificaciones- de Labor Parlamentaria. Dicho despacho fue rubricado por los tres presidentes de las bancadas que habitan la Cámara alta: FpV, PJ, y UCR.

El diputado del FpV Darío Díaz Pérez, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara baja, reconoce que la idea de restablecer la opción del sueldo a los consejeros fue impulsada por la interpretación de algunos legisladores “interesados” sobre una “supuesta animosidad del gobernador” hacia los mismos.

El legislador de Lanús reconoció que había “algo de injusticia” en la comunicación oficial: “Es verdad que no había un control serio sobre la administración de los Consejos, también es verdad que algunos referentes políticos hacen ocupar ese lugar a muchachos que ni siquiera tienen interés por la educación o, en el mejor de los casos, a docentes que terminan desvirtuando el espacio tal cual se concibió en la ley Sarmiento”.

El secretario técnico, que ya estaba estipulado en las normativas vigentes y que se puso en práctica recientemente, responde, en alguna medida, a “mejorar la administración y el control” sobre los actos de los Consejos, mientras que la opción a una remuneración implicaría “abrir a la participación de la comunidad, más allá de los docentes, a estos organismos”, según Díaz Pérez.

Las dudas sobre la eficacia de ambas medidas persistirán. De hecho, desde todo el espectro político -incluido el propio Pérez- sostuvo que hay que seguir trabajando sobre “la transparencia y el control” y, también, se sigue discutiendo el tema de la remuneración.

Cuando el proyecto de los senadores llegó a Diputados, la Comisión de Educación lo modificó con la rúbrica de todas las bancadas. Dos meses y siete días después que el Senado aprobara por unanimidad la asignación de un sueldo optativo a los Consejeros, los Diputados, de la misma forma, lo aprobaron con modificaciones. Luego, en septiembre, el Senado insistió con su postura y en noviembre Diputados hizo lo propio. Ahora el Senado tiene la última palabra.

Visiones

Los senadores y diputados coincidieron en que los consejeros escolares deben tener la opción del sueldo. Es decir, el personal docente o de la Administración Pública tendrá derecho a optar por una licencia con o sin goce de haberes, en todos sus cargos, por desempeño de cargo público electivo. Si opta por la licencia con goce de haberes se deberá entender como renuncia expresa a la dieta y en el caso de que opte por la licencia sin goce de haberes como opción a favor de la dieta.

Pero donde los caminos se bifurcan es en cuanto a la remuneración, en cuál es el monto de la dieta mensual. Las discusiones de plata siempre son importantes, pero ésta es “doblemente” importante porque quien fije el monto acumulará prestigio.

El proyecto de los senadores establece una dieta de dos sueldos básicos para el personal ingresante en la categoría inferior del agrupamiento personal de servicios, del Régimen para el Personal de la Administración Pública provincial. El de los diputados establece dos categorías: una, los Consejos de 10 miembros, a los que les asignan 5 sueldos básicos y, la otra, los Consejos hasta 8 integrantes con 4 sueldos básicos.

Para el diputado Darío Díaz Pérez no hay dudas: “Si ustedes creen que el Estado tiene que consolidar e institucionalizar el pago de pobreza, sáquense la careta y digan que ustedes quieren políticos corruptos”.