Una creciente y dura polémica se ha planteado en los últimos días tras conocerse el proyecto de la AFIP para prohibir el uso de efectivo en la venta de inmuebles.

En concreto, el Gobierno está analizando la posibilidad de enviar al Congreso un proyecto de ley para que sea obligatorio pagar con cheques, tarjetas o transferencias bancarias, con el objetivo de evitar el lavado de dinero y así poder recaudar más impuestos.

De concretarse este proyecto, la forma tradicional de comprar una propiedad, pagando en efectivo, podría pasar a la historia a partir del año próximo. El organismo de recaudación nacional -en pleno boom inmobiliario por la diferencia de nuestra moneda con el dólar- intenta con esto reforzar los controles sobre la actividad.

La medida apuntaría a la transparencia de las operaciones y a que la gente declare el valor real que se negocia. Existe una ley vigente que exime a estas operaciones de la obligación de cancelar, con instrumentos financieros, toda obligación superior a 1.000 pesos. A partir de esa cifra, deben utilizarse cheques, tarjetas de débito o crédito o transferencias bancarias.

Por ello, desde la AFIP creen que además de combatir el lavado de dinero, la propuesta les permitiría mejorar la recaudación de impuestos como bienes personales, ganancias y el impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI), que está absolutamente devaluado.

Algunos sectores de ahorristas ya salieron a criticar esta nueva movida, diciendo que está en absoluta contradicción con el programa de flexibilización de créditos hipotecarios para la compra de una vivienda -iniciativa sancionada hace poco en la Cámara baja- . Lo cierto es que algunos vericuetos legales, como escriturar las propiedades por un valor inferior al negociado, será mucho más difícil, y tampoco se podrá obviar con facilidad en la declaración jurada de ganancias y de bienes personales.

Consultado por Parlamentario, el diputado nacional Francisco “Barba” Gutiérrez (FpV/PJ-Buenos Aires), integrante de la Comisión de Finanzas, dijo que “al Congreso no ha llegado mayor información que la que circuló en los medios respecto de la entrada de este proyecto”, pero de todas maneras opinó que “sería un avance a nivel de transparentar las operaciones comerciales y no permitir la evasión. Además, si existe una obligatoriedad de que quede registrado tanto el precio fiscal como el precio de mercado de las compras de inmuebles, se controla toda una situación que tiene que ver que muchas veces la gente escritura por mucho menos de lo que compra”, y agregó que “todo hay que pensarlo en términos de que al Estado le sirve para recaudar más”.

En relación con el temor generado entre los pequeños ahorristas, que tienen el dinero “debajo del colchón” y no en el sistema financiero, el diputado kirchnerista opinó que “no significa un costo superlativo poner el dinero en una caja de ahorro y pagar impuestos como cualquiera, dependiendo de la operación inmobiliaria que esté haciendo”.

Por su parte, la diputada Mirta Pérez (bloque Peronista Federal-Bs.As) señaló que “toda medida para evitar el delito, y especialmente en materia de lavado de dinero, es positiva, sin embargo debemos estudiar el proyecto antes de adelantar posturas”.

La legisladora no descartó que el proyecto pueda ser ingresado en las sesiones extraordinarias de diciembre, aunque aclaró que “tenemos muchísimo trabajo pendiente en ambas cámaras y, aunque no lo tengo confirmado, creo que vamos a tener que sesionar dos veces por semana de aquí hasta el final del período legislativo”.

Si el apuro del Ejecutivo no es tal, probablemente este tema quede para el año que viene.