El Senado aprobó los proyectos que prorrogan hasta el 31 de diciembre del año próximo la aplicación o exención de varios impuestos claves para sostener la solvencia fiscal contemplada en el Presupuesto 2007.

En el mismo debate, también fueron convertidos en ley el proyecto que beneficia a los trabajadores petroleros exceptuándolos del pago de ganancias en algunos rubros, y el que establece un fondo hídrico de infraestructura.

La prórroga impositiva abarca la suspensión de la exención establecida en la Ley del Impuesto a las Ganancias sobre las exportaciones correspondientes a reintegros o reembolsos acordados con el Poder Ejecutivo, en concepto de impuestos abonados en el mercado interno. También de la vigencia del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, más conocido como Impuesto al Cheque que rige desde 2001; del impuesto adicional de emergencia del siete por ciento sobre el precio final de venta de cigarrillos; y la suspensión de los créditos fiscales originados en la compra de bienes de capital, que comprenden los bienes muebles o inmuebles amortizables para el impuesto a las ganancias.

Los impuestos prorrogados le permitirán al Estado una recaudación estimada en entre 14.000 y 15.000 millones de pesos, mientras que se elevó el piso a partir del cual los trabajadores petroleros deberán pagar Ganancias.

El más importante de los gravámenes cuya vigencia se extiende es el denominado impuesto al Cheque, que en el 2007 generará un ingreso a las arcas fiscales de 12.983 millones de pesos, en tanto que el adicional que se cobra a la venta de cigarrillos representa para el Estado 425 millones de pesos.

Estas cifras fueron brindadas por el vocero de la mayoría, el justicialista Jorge Capitanich, al defender en el recinto la iniciativa que prorroga por un año esas imposiciones, así como la suspensión de créditos fiscales por la compra de bienes de capital, y la aplicación del impuesto a las Ganancias a los reembolsos a las exportaciones.

Capitanich destacó que el Gobierno está logrando una baja de la evasión fiscal, si bien aún existe el problema de que el 40 por ciento de la población activa pertenece a la economía informal. En este sentido, remarcó que “el IVA tenía en 2002 una evasión del 35 por ciento, y ahora es del 21 por ciento”, y que actualmente se presentan 23 millones de declaraciones juradas por Internet.

En el caso de los trabajadores petroleros, se estableció que lo que perciben en concepto de viandas y viáticos no será contemplado al calcular la base imponible de sus ingresos.

Esta iniciativa permite desactivar el conflicto sindical que se había generado en las provincias petroleras, que hacía peligrar el suministro de hidrocarburos al resto del país.

Por otra parte, se aprobó convertir en impuesto la tasa que se cobra a los combustibles para financiar el fondo fiduciario creado para hacer obras de control de las inundaciones.

Por la oposición radical habló el presidente de esa bancada, Ernesto Sanz, quien cuestionó la estructura del sistema impositivo argentino, donde se registra “una presión récord” sobre los contribuyentes. Agregó que la mayor distorsión fiscal es la evasión, porque a su juicio la mayor injusticia es que una empresa que paga todos sus impuestos deba competir con otra que evade.

La iniciativa acordada con el Poder Ejecutivo surgió a partir del reclamo de los trabajadores petroleros de Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz que, semanas atrás, realizaron una medida de fuerza para reclamar la reducción de ese gravamen. De esta manera, los adicionales por viajes y comida que cobran los trabajadores de ese sector dejarán de formar parte de la base imponible del Impuesto a las Ganancias, con lo que se reducirá en gran medida la carga.

De acuerdo con la iniciativa, que modifica el alcance del impuesto a las ganancias, se excluyen los artículos 34, 39, 60, 80 y 81 (viáticos y pago de traslado) de la Convención Colectiva del sector, de la base imponible para el pago de ese gravamen.

Finalmente, también se convirtió en ley un expediente que transforma la tasa hídrica creada en 2001 y que gravaba con cinco centavos el precio de litro de nafta y el metro cúbico de gas natural comprimido, en un impuesto de cinco por ciento sobre los mismos combustibles.