El Senado dio sanción a la nueva Ley Nacional de Educación, que reemplaza a la norma sancionada durante el gobierno de Carlos Menem, y que establece una enseñanza obligatoria de trece años, reestableciendo el sistema de escuela primaria y secundaria.
También se unifica la estructura educativa en todo el país, donde actualmente rigen 54 sistemas diferentes, por lo que irán desapareciendo algunas modalidades tales como el EGB y el polimodal.
La iniciativa tuvo un amplio consenso, aunque desde la oposición se hicieron diversas observaciones puntuales, y fue aprobada por 57 votos a favor y 3 en contra, de los tucumanos Ricardo Bussi y Delia Pinchetti (ambos e Fuerza Republicana), y de la justicialista puntana Liliana Negre de Alonso.
El texto fue enviado a Diputados donde será considerada en comisión hoy mismo, para que pueda ser tratada en la sesión del día 14.
La miembro informante fue la presidenta de la Comisión de Educación, la radical Amanda Isidori, quien destacó que el proyecto "inauguró una mecánica que tendríamos que adoptar a futuro cuando se tratan temas trascendentes", al referirse a la participación de docentes, padres, alumnos, organizaciones sociales, industriales y gremios".
"Este es un momento histórico", señaló la legisladora al expresar su satisfacción por el proyecto, tras advertir que "el sistema educativo fue perdiendo en los últimos años un esencial protagonismo para el desarrollo del crecimiento".
La legisladora rionegrina también destacó la unificación de la estructura educativa en todo el país, en contraposición del sistema "fragmentado y anarquizado" que rigió desde 1995, como consecuencia de la ley sancionada durante el gobierno de Menem.
Desde el oficialismo, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, resaltó que la ley "tiene sentido porque está inmersa en una política nacional que es la recuperación económica del país, y tiene el valor del consenso por haber sido discutida con cuatro millones de personas".
A su turno, la oficialista Vilma Ibarra elogió puntualmente dos artículos de la norma, el 70, que evita que condenados por delitos de lesa humanidad puedan ejercer la docencia, y el 92, que incluye entre los contenidos curriculares el "ejercicio y la construcción de la memoria colectiva" sobre la instauración del terrorismo de Estado. "Se trata de dos logros maravillosos de esta ley que hace a las necesidades básicas de este país", subrayó Ibarra.
Además, Jorge Capitanich, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, subrayó que "esta Ley de Educación forma parte de una estrategia que el gobierno planteó desde el año 2003 a la fecha", al mencionar la sanción de la Ley de Educación Técnica y la Ley de Financiamiento Educativo.
El radicalismo apoyó la ley, pero criticó algunos de sus artículos, a los que votó negativamente en particular. El jujeño Gerardo Morales -recientemente designado presidente de la UCR-, reclamó la introducción en el texto de una "asignación universal" a cargo del Estado Nacional que actúe como "coseguro de acceso al a escolaridad" para obligar a los padres, madres o tutores a "matricular a los menores".
Además, el radicalismo criticó que la división entre primaria y secundaria sea entre seis y seis años o siete y cinco años, y que eso quede a criterio de las provincias.
La senadora Hilda González de Duhalde consideró que el proyecto es "impecable" en su articulado, pero destacó que "es hasta hoy un enunciado de buenas intenciones que ojalá se pueda plasmar en la realidad y se pueda llevar a la práctica".
Por su parte, la justicialista pampeana Silvia Gallego defendió la iniciativa, y sostuvo que el crecimiento económico del país facilita ahora "poner el acento en la educación".
La senadora de Fuerza Republicana Delia Pinchetti fue una de las voces más opositoras, al afirmar que no hubo una verdadera consulta amplia para elaborar el proyecto, y que en cambio hubo una "puesta en escena" por parte del Gobierno.
Al respecto, dijo que las consultas a docentes y padres se hicieron "en plazos muy exiguos y perentorios", y se preguntó como hizo el Ministerio de Educación "para procesar en tan poco tiempo tanto material que vino de tantos lugares".
A su turno, la porteña Vilma Ibarra replicó duramente a Pinchetti, de quien dijo que habló como "representante ideológica del genocidio", y defendió el concepto de educación laica".
Pinchetti pidió luego la palabra para replicarle a Ibarra: "No represento a nadie en particular, sino a la provincia de Tucumán", sostuvo, y recordó que pertenece a "una familia de docentes".
En tanto, el jefe de la bancada radical, Ernesto Sanz, destacó "el amplio consenso" del proyecto, y remarcó que responde a "un distinto modelo de país" que la norma que viene a reemplazar, en un nueva crítica a la ley sancionada en los años 90.
El expediente que ahora debe convertir en ley la Cámara de Diputados tiene algunas modificaciones con respecto al original que envió el Poder Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, en cuanto al rubro de Educación Artística, el proyecto también establece taxativamente la "formación en distintos lenguajes artísticos para niños y adolescentes en todos los niveles".
Además, se le agregó expresamente que se debe "respetar la libertad de conciencia, la dignidad, la integridad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa".
Acerca de la igualdad educativa, en el artículo que establece la garantía de permanencia en las escuelas de alumnas en estado de gravidez, se agregó que los establecimientos educativos deben contar "con salas de lactancia".
La iniciativa, que reemplazará a la Ley Federal vigente desde 1995 unifica la estructura del sistema educativo, aunque por cinco años podrán convivir dos estructuras, una escuela primaria y otra secundaria de seis años cada una y otro esquema con siete años de educación primaria y cinco de nivel medio.
El proyecto precisa además que habrá 13 años de escolaridad obligatorios, desde la sala de cinco años del nivel inicial hasta el término de la escuela secundaria, al tiempo que establece que es obligatorio para el Estado arbitrar los medios para que cualquier niño pueda asistir a la sala de cuatro años.
La nueva normativa también determina cuatro niveles de enseñanza y ocho modalidades: educación técnica, artística, especial, no formal, rural, intercultural bilingüe, a los privados de su libertad y domiciliaria-hospitalaria.
Establece que la educación inicial se cumplirá desde los 45 días a los 5 años, y divide la educación secundaria en dos ciclos, el primero de orientación común para todas las modalidades y el segundo de especialización.
El proyecto introduce en la educación primaria la jornada extendida o completa y la obligatoriedad del nivel secundario, al tiempo que establece reformas pedagógicas e institucionales en este nivel de enseñanza. Algunas de ellas son: un mínimo de 25 horas reloj de clase semanales, revisión de su estructura curricular, establece una alternativa de acompañamiento de los jóvenes por profesores o tutores y una concentración de horas cátedra para docentes.