El Senado no pudo convertir en ley el proyecto que autoriza al gobierno nacional a emitir títulos de deuda para cancelar obligaciones, debido a que el radicalismo amenazó con no prestar sus votos para tratar el tema sobre tablas.
La Cámara de Senadores no pudo convertir en ley el proyecto que autoriza al gobierno nacional a emitir títulos de deuda para cancelar obligaciones, debido a que el radicalismo amenazó con no prestar sus votos para tratar el tema sobre tablas.
La discusión se presentó cuando el radicalismo se quejó porque el subsecretario de Ingresos Públicos, Raúl Rigo, tras la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de ayer, no especificó en qué se iban a utilizar unos 710 millones de pesos, del total de 1300 para colocar Bonos de Consolidación y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales.
El radical Gerardo Morales criticó que bajo el rótulo de "proveedores", para los que se destinan 710 millones, se "ubican salarios, expropiaciones, aportes a obras sociales de sindicatos" y "no existe la suficiente información".
A continuación, radicales y peronistas se trenzaron en la interpretación del reglamento del Senado. Mientras desde el oficialismo se argumentaba que para discutir un proyecto no era necesario que éste estuviera publicado siete días antes, la oposición pensaba todo lo contrario.
Cuando la sesión corría peligro de caerse y, por lo tanto, tampoco se iba a tratar la derogación de las internas abiertas, el jefe del bloque justicialista, Miguel Angel Pichetto, recompuso la situación retirando el proyecto y pidiendo que sea tratado el próximo miércoles.
El Senado debía convertir en ley la autorización para ampliar el monto de deuda hasta 1300 millones de pesos para colocar Bonos de Consolidación y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales.
Todos los años en el Presupuesto se autoriza el monto máximo de colocación de Bonos, de acuerdo con lo permitido por la Ley de Administración de los Recursos Públicos.
La Oficina Nacional de Crédito Público ya colocó todos los bonos posibles hasta junio de 2005, lo que implicó que las obligaciones que se tenían que atender durante el resto del ejercicio debían imputarse a la autorización contemplada en el Presupuesto 2006