La Cámara alta sancionó por unanimidad de los 55 senadores presentes un proyecto de ley para implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas y asistir y proteger a sus víctimas, que ahora debe ser debatido en Diputados.
El proyecto considera a la trata de personas, ya sean menores o mayores de 18 años, como la “captación, transporte y/o traslado” de estos dentro del país y desde o hacia el exterior con “fines de explotación” cuando “mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción”.
El debate fue seguido por el ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández, quien, acompañado por la especialista Eva Giberti, estuvo presente en el recinto de sesiones.
La miembro informante fue la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Vilma Ibarra, quien dijo que las mujeres son las que más sufren este problemas, pues en muchos casos se les promete un trabajo lícito y luego son obligadas a ejercer la prostitución. En este sentido, dijo que la situación en la Argentina es grave, pues aquí “hay problemas de reclutamiento, tráfico y explotación”, además de “reducción a la servidumbre”.
Sobre las penas que se aplicará, se indicó que en los casos de trata y explotación sexual de menores se llegará, en concurso real, a penas de hasta 30 años de prisión.
Ibarra destacó que de este modo se ajusta la legislación “en consonancia con los estándares internacionales” en esta materia.
Por su lado, el radical Luis Naidenoff apoyó el proyecto, y mencionó que según la Organización Internacional del Trabajo, hay 12.300.000 personas en el mundo que están sometidos a servidumbre o prostitución forzada. Señaló luego que este “es el negocio más productivo luego del tráfico de drogas, y genera 32 mil millones de dólares anuales”.
A su vez, la legisladora de San Luis Liliana Negre de Alonso, afirmó que la trata de personas “es la esclavitud del siglo XXI, y es una de las tragedias que tiene la Argentina”.
El proyecto define a la trata de mayores de 18 años como la captación, transporte o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior- con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad.
En el caso de menores de 18 años, se entiende que se comete tan delito aún cuando existiera el asentimiento de la víctima.
Se considera que hay explotación cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas, o cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados.
También cuando se promoviere, facilitare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual, y cuando se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos.
Durante el debate, la senadora Ibarra, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, señaló que según Unicef y la Cruz Roja internacional la trata de personas es la tercera actividad lucrativa ilegal en el mundo, tras el tráfico de armas y de drogas. “La mayoría son mujeres a las que se tienta con la ilusión de conseguir trabajo. Se les quita la documentación y se las reduce a la explotación. Se calcula que este delito afecta a más de cuatro millones de personas”, sostuvo Ibarra.
Cuando las víctimas de la captación sean menores, las penas irán de 4 a 10 años, y de 10 a 15 cuando mediare engaño o fraude; el autor fuera persona cercana a la víctima, representante de alguna religión o funcionario; cuando el hecho fuera cometido por tres o más personas; o cuando las víctimas fueran tres o más.