El proyecto había sido sancionado por el Senado en junio de 2004 pero perdió estado parlamentario porque la Cámara de Diputados no lo aprobó en los plazos reglamentarios.
Si bien la norma fue debatida la semana pasada en el recinto de la cámara baja, los diputados postergaron la votación del texto que, finalmente, se aprobó esta tarde sin discursos, en el marco de una extensa sesión.
El proyecto, aprobado por 166 votos y 5 abstenciones, fue impulsado originariamente por Cristina Fernández de Kirchner, y apunta a implementar el Estatuto de Roma suscripto el 17 de julio de 1998 y ratificado el 16 de Enero de 2001.
A través de este proyecto, se crea la Corte Penal Internacional en el ámbito de nuestro país, estableciendo la aplicación cerrada del sistema penal del Estatuto de Roma, limitándola sólo a aquello que fuese objeto de competencia de la CPI.
Con esta propuesta, el Estado argentino cumple con su obligación de implementar en su ordenamiento jurídico interno el Estatuto de Roma, instrumento internacional de importancia.
El proyecto reinterpreta algunos artículos del Estatuto que se contraponen con la legislación argentina como, por ejemplo, en lo referido a penalizar el reclutamiento de “niños menores de 15 años”, ya que nuestro país entenderá que se trata de menores de 18 años.
Las características de la adhesión al Estatuto son de complementariedad y de cooperación.