El oficialismo obtuvo 124 votos favorables, 87 negativos y una abstención y la UCR ya planteó un cuestionamiento porque consideró que “se requiere una mayoría especial” de 129 votos afirmativos, pero el kirchnerismo rechazó la observación.
La norma le permitirá al Gobierno conservar por un año las facultades para renegociar contratos con las privatizadas.
Además, podrá mantener la situación de emergencia en las áreas social y sanitaria para continuar con los planes para Jefes y Jefas de Hogar de 150 pesos para los desocupados y la pesificación de tarifas.
La iniciativa, defendida con énfasis por el oficialismo, fue cuestionada con insistencia por los distintos bloques opositores que acusaron al Gobierno de estimular el “clientelismo” mediante los planes sociales y pidieron enfrentar “la inequidad en la distribución del ingreso” para resolver la desigualdad social.
“Pasamos de 2 millones 100 mil desocupados a menos de un millón de desempleados pero todavía estamos en la mitad del camino y por eso necesitamos prorrogar la emergencia ocupacional”, explicó el titular de la comisión de Presupuesto, Carlos Snopek, al justificar la iniciativa.
Durante el debate de más de dos horas, que tuvo altibajos en la asistencia según el curso de la finalísima del torneo Apertura 2006, la UCR y el Interbloque Pro atacaron el texto oficial y destacaron la necesidad de “rediscutir la implementación de los planes sociales”.
“Es necesario reformular las políticas públicas porque no puede ser que los desocupados reciban planes de 150 pesos cuando la canasta básica es de 800 pesos”, subrayó el radical Víctor Zimmermann.
La UCR y el macrismo firmaron un dictamen junto al socialismo y a los lavganistas del Justicialismo Federal en el cual señalaron -como dijo el radical Miguel Giubergia- que “son suficientes seis meses para renegociar los contratos con las privatizadas”.
“Hay que ir normalizando esa situación porque hay 65 contratos firmados y sólo se renegociaron 29. Debe haber un plazo perentorio para hacerlo”, agregó el lopezmurphysta Esteban Bullrich.
Al analizar la cuarta prórroga desde el gobierno de Eduardo Duhalde, que la implementó en enero de 2002, el legislador arista Adrián Pérez sostuvo que “ante la crisis hay que afrontar políticas públicas desde el Parlamento”.
“Esta difícil situación social y sanitaria no se va a resolver mediante la delegación de facultades al Ejecutivo sino a través de una equitativa distribución del ingreso y eso implica que el Parlamento afronte sus facultades y discuta seriamente política”, subrayó Pérez.
En tanto, el diputado y economista de la CTA, Claudio Lozano, calificó como “tramposo” al proyecto oficial “porque enumera la crisis pero no para poner en marcha medidas que la resuelvan sino para justificar la delegación de facultades que a esta altura resulta injustificable”.