El proyecto, que prohíbe además todos los gastos de terceros sin autorización de los responsables de los partidos políticos, fue aprobado por 160 votos contra 19 y girada al Senado.
La norma fue respaldada en el recinto por la mayoría de los bloques parlamentarios de la Cámara baja, excepto por el diputado de la CTA, Claudio Lozano; el ARI, que cuestionó fuertemente la iniciativa, y el ex zamorista, Carlos Tinnirello.
Con este incremento, en la campaña del año próximo, el límite permitido pasará de 25 millones de pesos a 37,5 para cada fórmula presidencial.
Al defender el proyecto, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el kirchnerista Juan Manuel Urtubey, destacó la anulación de los gastos por cuenta de terceros, la unificación de cuentas bancarias y la suba en un 50 por ciento del gasto máximo por elector, como los aspectos “medulares” de la iniciativa.
“La prohibición de la contratación por parte de terceros es uno de los temas medulares porque es el que establece que nadie va a poder realizar ninguna contratación publicitaria que no sea avalada por el responsable político-económico de campaña”, aseguró Urtubey en el recinto. También, el radical Pedro Azcoiti respaldó la iniciativa aunque cuestionó el fallo de la jueza María Servini de Cubría que declaró la inconstitucionalidad del artículo 39 de la actual ley.
Urtubey aseguró que la reforma de la ley de Financiamiento de Partidos Políticos mejorará esta ley que si bien significó “un paso” importante para garantizar la transparencia, en mucho casos no se pudo aplicar correctamente.
Apuntó que “otro de los temas centrales es la unificación de cuentas y la actualización del gasto máximo por elector habilitado que pasa 1 peso a 1,50”, agregó.
Servini de Cubría desestimó un planteo que pedía que se investigue si en las elecciones presidenciales de 2003, el Frente para la Victoria, que postuló a Néstor Kirchner, y el Frente para la Lealtad, que impulsó a Carlos Menem, gastaron más que lo permitido por la ley de financiamiento político.
La iniciativa impulsada por el oficialismo fue respaldada además por el diputado del Peronismo Federal, Jorge Landau, quien consideró que la norma “es un salto cualitativo en el financiamiento de los partidos políticos”.
En tanto, por el ARI -que presentó un dictamen de minoría- el diputado Adrián Pérez, cuestionó el aumento del gasto por elector que establece la iniciativa y la “concentración de los aportes a los partidos políticos en manos del gobierno, lo cual desde siempre ha generado inconvenientes y sospechas”.
La iniciativa busca que los partidos políticos no eludan los topes máximos de gastos de campaña a través de los denominados “gastos de terceros” o que se sean objeto de sanciones por contrataciones publicitarias de las no tenían conocimiento.
Además, y para adecuarse a la realidad económica actual, la norma eleva de 1 peso a 1,50 el gasto máximo permitido por elector en el marco de las campañas presidenciales o legislativas nacionales e incrementa de 0,30 peso a 0,50 el tope en el caso de segunda vuelta electoral.