La intención del oficialismo es abrir el debate esta noche para luego pasar a un cuarto intermedio hasta hoy, cuando se procederá a la votación, aunque esa posibilidad está supeditada a los tiempos que demande el tratamiento de los numerosos proyectos que se debaten en la Cámara baja.
El dictamen de mayoría, impulsado por el oficialismo, es el texto que fue aprobado por el Senado, aunque la oposición, representada por el ARI, el PRO y el radicalismo, presentarán dictámenes en minoría.
El Ministerio de Educación elaboró en mayo último un primer borrador del proyecto de ley que fue presentado para su debate en las 44.000 escuelas del país, en el cual participaron docentes, alumnos y padres, quienes sugirieron las primeras modificaciones. Luego, la cartera educativa lanzó un foro en internet donde se podían realizar sugerencias de modificaciones al mismo tiempo que se instalaron mesas en la calle y una encuesta con preguntas simples que los vecinos podían contestar por correo con respuesta postal paga.
En tanto, se iniciaron rondas de consultas con académicos, instituciones educativas privadas, todos los sindicatos docentes, cámaras empresariales, representantes de culturas aborígenes y distintas organizaciones no gubernamentales quienes también aportaron sugerencias.
Tras la redacción del proyecto de ley, comenzó una serie de debates y foros con desatacadas personalidades del ámbito académico y cultural al tiempo que se inició otra ronda de consultas con gremios docentes, empresarios y ONG.
La ley fue discutida por más de 4 millones de personas y 750.000 docentes de 44.000 escuelas, mientras en el Ministerio se recibieron 730 documentos con aportes al proyecto. La iniciativa, elaborada para reemplazar a la Ley Federal de Educación, recupera el antiguo esquema del primario y secundario y extiende la obligatoriedad hasta el último año de la escuela media, por lo que se eliminan la Educación General Básica (EGB) y el Polimodal.
La ley le permitirá al Ministerio de Educación declarar la emergencia educativa y garantizar el dictado de clases en las jurisdicciones donde esté en riesgo el derecho de los alumnos.
Se declara a la educación como una política de Estado y como “un bien público y derecho personal”, por lo que se garantiza la enseñanza gratuita en todos los niveles y modalidades.
Durante un tiempo se establecerá una etapa intermedia de seis años en la que habrá dos estructuras conviviendo. Una con una primaria de siete años y una secundaria de cinco, y la otra con seis años para ambos niveles.
Tras la aprobación del proyecto, las escuelas básicas dictarán clases en la jornada completa, será obligatorio el estudio de una lengua extranjera y se brindarán los elementos educativos para llegar a una “sexualidad responsable”.
El proyecto fue enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Senadores el 16 de noviembre pasado y aprobado, con pequeñas modificaciones, el 6 de diciembre último, por lo que Diputados se aprestará mañana a convertirlo en ley.