Así como Lombroso, en el siglo XIX, definía al “delincuente nato” a partir de descripciones de las características físicas de los encarcelados, hoy pareciera que la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, en un paralelismo atroz con lo que se pensaba en el siglo XIX, pretendiese describir al “pobre nato” a partir de las características socio?económicas del medio en que crecen miles de niños y jóvenes argentinos.

En el siglo XIX Lombroso, imbuido de las teorías del derecho natural, planteaba como causal de la delincuencia un determinismo biológico (hoy diría genético) en determinadas personas para delinquir, sin considerar cuáles eran los condicionamientos socio?políticos?económicos que determinaban quiénes y el porqué estaban excluidos del sistema de producción, y vulnerabilizados, eran seleccionados por los medios de control social punitivos del estado y encerrados en las cárceles.

Esta semana, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, en la cuantificación del daño por la muerte en un accidente de tránsito de Luis Antonio Alvarez, un joven de la localidad de Frontera de sólo 19 años, habría condenado al culpable de la muerte a resarcir a la familia adoptiva del joven en la ínfima suma de 8 mil pesos considerando que, por el peso de la realidad, “los sueños de progreso” de la víctima resultaban “verdaderas utopías”.

Como si nuestra sociedad estuviese naturalmente organizada en castas estáticas, se plantea el congelamiento de los posicionamientos sociales.

Pareciera reconocerse, como propios del derecho natural, un determinismo social a la exclusión de por vida de aquellos y aquellas ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a un determinado ambiente socio?económico de necesidades básicas insatisfechas, en el que nacen, viven, crecen, sueñan, se desarrollan, proyectan, trabajan, se esfuerzan, sufren, andan y desandan caminos la mayoría de nuestros niños y jóvenes.

Como santafesina me avergüenza que integrantes del Poder Judicial de mi Provincia, que deberían ser los protectores y promotores del equilibrio de valores de la sociedad, estén planteando una Argentina dividida en “castas” como algo natural e irreversible. Posicionándose ellos, los “privilegiados” jueces, en el lugar de los defensores del stablishment, como reproductores y legitimadores de las desigualdades socio?políticas?económicas impuestas, renunciando expresamente a defender el derecho a la igualdad y a la justicia para todos.

Bueno sería que algunos integrantes del Poder Judicial de mi Provincia, en lugar de condenar a los “nadies” a la siempre eterna nada, designase con nombres y apellidos a algunos responsables de tanta desigualdad en Santa Fe.

Porque la realidad no es estática, porque con políticas públicas universales de inclusión la igualdad es posible, porque lo que viene siendo puede revertirse con la decisión política de redistribuir la riqueza, porque como sujetos históricos y políticos estamos obligados a denunciar a quienes desde cualquiera de los 3 poderes del Estado renuncian a considerar la Igualdad como un valor fundacional de la República, como diputada nacional por la provincia de Santa Fe me he presentado por ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para que se investigue sobre los fundamentos del fallo de la Cámara de Apelaciones de Rafaela y, en caso de haberse discriminado a los ciudadanos implicados en el mismo por ser pobres, se apliquen las sanciones que pudiesen corresponder, solicitando asimismo a los diputados provinciales de mi partido que realicen, por ante el Consejo de la Magistratura de Santa Fe, similar denuncia.

La pobreza es un delito, no de quienes la padecen, sino de quienes la producen, reproducen y legitiman.

* Susana García es diputada de la Nación. Bloque ARI