La aprobación de la nueva Ley de Educación se logró por 133 votos a favor y 34 en contra.
Esta norma reemplazará a la Ley Federal de Educación aprobada durante el gobierno de Carlos Menem, que desde su entrada en vigencia fue duramente cuestionada por docentes y alumnos. De este modo, se reestablecerá la tradicional división en escuelas primarias y secundarias, y desaparecerán modalidades tales como el EGB y polimodal.
Con la sanción de esta norma, impulsada por el Poder Ejecutivo, se busca eliminar buena parte de las reformas introducidas en la ley Federal de Educación dictada en 1995, la cual introdujo, entre otros cambios la división de la educación primaria y secundaria.
La iniciativa cuenta con el respaldo del oficialismo pero es rechazada por el radicalismo, el ARI, el socialismo y Propuesta Federal, que presentaron dictámenes de minoría para oponerse a la norma.
A diferencia de lo que ocurrió en el Senado, donde la norma fue aprobada con un amplio respaldo de la mayoría de los bloques, la bancada radical de la Cámara de Diputados optó por rechazar la iniciativa.
El debate fue presenciado por el ministro de Educación, Daniel Filmus, que siguió las alternativas de la discusión desde uno de los palcos del recinto de la Cámara baja, al igual que el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y dirigentes de la Unión Docentes Argentinos (UDA) que respaldan la norma.
Se trata de una iniciativa que apunta a unificar la estructura del sistema en todo el país con el retorno de la división tradicional entre primaria y secundaria y amplía de 10 a 13 años la educación obligatoria.
Desde el oficialismo, la diputada por Entre Ríos Blanca Osuna, titular de la Comisión de Educación, recordó que el proyecto fue producto de un intenso debate y puso de relieve que con esta norma “estamos frente a la oportunidad de fortalecer un entramado nuevo que tenga la fuerza de nuestras tradiciones”.
Tras hacer un balance de los logros del Gobierno en materia económica, Osuna dijo que ahora hay que “pelear contra la injusticia educativa”, para lo cual consideró apropiado la aprobación de esta ley. La legisladora entrerriana se preguntó luego “cuanto fracaso escolar estamos dispuesto a soportar”, y señaló que “para romper con esto, que también es parte de la pobreza, no sólo hay que invertir sino tener políticas activas”.
“Con esta ley ya no va a haber excusas”, remarcó Osuna al subrayar las posibilidades que este nuevo marco educativo brindará a las autoridades, y sostuvo que esta norma “es un testimonio de una Argentina que se pone de pie”.
Las principales objeciones a la ley planteadas por la oposición estuvieron vinculadas a la eventual vulneración de las autonomías provinciales y el obstáculo que podría representar para el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo en algunas provincias o regiones.
Desde el radicalismo, Olinda Montenegro, sostuvo que la iniciativa impulsada por el gobierno nacional “enmascara la ley Federal de Educación. Aquella era más coherente, porque respondía a una ideología neoliberal, acá hay confusiones, repeticiones, errores de toda índole”. Pese a esa posición contraria la ley que se va a derogar, la legisladora chaqueña también se opuso al proyecto impulsado por el Gobierno, porque “atenta contra las provincias”, y defendió el dictamen en minoría presentado por el radicalismo.
Por su parte, la diputada de Fuerza Republicana Eusebia Jerez de Sosa, fundamentó su negativa a avalar este proyecto al indicar que “se ha desperdiciado una oportunidad histórica” para mejorar el sistema educativo. En particular, la legisladora tucumana criticó al proceso de consulta que se realizó en la comunidad educativa para elaborar el proyecto, al considerar que no fue realmente participativo.
“El texto que vamos a votar es claramente ley, reglamentación y discurso ideológico todo a la vez”, sostuvo Jerez de Sosa, quien definió a la nueva norma como un “catálogo de ilusiones”.
La arista Elisa Carrió rechazó el proyecto al afirmar que “es imposible hablar de una ley sin ingreso para la niñez” aunque ponderó que se haya decidido avanzar sobre la ley federal de educación del menemismo.
A su vez, también desde el ARI, Marta Maffei trazó un panorama muy criticó de los sistemas educativos vigentes en el país, enpezando por la ley 1.420, a la que tildó de “hegemónica y autoritaria”. Dijo que esa ley marcó la educación “durante ochenta años”, y que recién se la intentó cambiar en la década del 80 con el Congreso Pedagógico, “en una experiencia que fracasó”.
Maffei fustigó luego a la Ley Federal de Educación, que según dijo tuvo como objeto “crear mano de obra barata”.
La legisladora del ARI apuntó luego a los legisladores que hace una década apoyaron la sanción de esa ley “y que ahora están presentes en este recinto”, y mencionó concretamente al presidente de la Cámara, Alberto Balestrini.
Maffei denunció luego que “se priorizan las inversiones en universidades” y que “el Estado solo gasta el once por ciento en la enseñanza básica”, mientras que el 89 por ciento restante constituye “un esfuerzo que tienen que hacer las provincias”, pese a una caída de la coparticipación federal.
Por otro lado, el ex rector de las universidades de Buenos Aires y de Córdoba, y diputado del juecismo, el cordobés Francisco Delich, anticipó su apoyo, al destacar que la norma se constituye en “uno de los primeros atisbos de la nueva sociedad argentina, la de un modelo de desarrollo científico tecnológico”.
Asimismo, desde el Peronismo Federal, Oscar Di Landro, respaldó la norma y destacó la definición incluida en el proyecto que califica a la educación como prioridad nacional, al sostener que “pasa a ser el eje de las políticas estatales, se reafirma la soberanía y se rescata la identidad nacional”.
De acuerdo al proyecto, la educación será obligatoria desde los 5 años hasta el fin del secundario, en tanto que el Estado deberá garantizar la sala de 4 para las familias que la requieran.