El presupuesto 2007 repite los vicios de los presupuestos de los últimos
quince años; hay una previsión exageradamente conservadora en el crecimiento
de la economía, que se prevé de un 4%, cuando los analistas dicen que
difícilmente baje del 6%. La inflación minorista también será entre un 7 y
un 11%, cuando el Banco Central está previendo una inflación del 10%.
También hay una subestimación del superávit fiscal. Esta subestimación de
recursos hace suponer que habrá una cifra muy alta -estimamos que serán
15.000 millones de pesos- que no va a estar presupuestada. En consecuencia,
con una mayor recaudación, habrá una gran discrecionalidad para que el Poder
Ejecutivo Nacional pueda asignar esos recursos no presupuestados.

Por esa razón, voy a plantear una propuesta de modificación, para que los
superpoderes que tiene hoy el Jefe de Gabinete no puedan ser utilizados para
dirigir discrecionalmente estos recursos. La propuesta de modificación
consiste en agregar dos artículos al proyecto de presupuesto, el 105 bis y
105 ter. En el primero, planteo que “el Poder Ejecutivo deberá enviar al
Congreso los proyectos de ley que corrijan, amplíen, reduzcan o modifiquen
la composición del presupuesto con una anticipación de al menos 30 días
respecto de la fecha prevista para concretar la medida presupuestaria de que
se trate”. El plazo podrá reducirse a 15 días, en aquellos casos debidamente
fundados. Y en caso que la urgencia impida cumplir con estos plazos, el
Poder Ejecutivo debera fudamentarlo en una comunicación expresa.

El segundo artículo que propongo incorporar, establece que “los recursos del
Estado que no hubiersen sido incluidos originalmente en el Presupuesto del
ejercicio vigente, no podrán ser afectados por el Jefe de Gabinete de
Ministros u otros funcionarios hasta tanto el Ejecutivo envíe al Congreso y
éste sancione un proyecto de ley modificatoria del presupuesto que incluya
tales recursos. Las facultades corrientes y especiales del Jefe de Gabinete
en materia presupuestaria no alcanzan los recursos antedichos mientras no
estén expresamente incluidos en el Presupuesto”.

Hay otro tema muy grave que es la asignación de recursos en materia de
economías regionales. Vemos como se repite que en las regiones más
postergadas del país son las que menor inversión reciben en materia de
presupuesto. A modo de ejemplo, podemos decir que si bien en la provincia de
Salta, aparentemente, aparece un crecimiento en el Presupuesto de un 21% con
relación al año anterior. La realidad es que si analizamos el gasto por
habitante en las provincias, vemos que las tres jurisdicciones con mayor
gasto son: Ciudad de Buenos Aires con 11.682 pesos por habitante, Tierra del
Fuego con 6.926 pesos y Santa Cruz con 5.500. En el otro extremo se
encuentran las tres peores: Misiones recibe solamente 1.339, Chaco 1.486 y
Salta 1.640.

Si cruzamos este dato con los índices de hogares pobres y población con
necesidades básicas insatisfechas, vemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene
un 7.8% de población con necesidades básicas insatisfechas, Tierra del Fuego
tiene un 14.1% y Santa Cruz un 10.4%. En las provincias que menos recursos
reciben, se observa que Misiones tiene el 27% de su población con
necesidades básicas insatisfechas, Chaco el 33% y Salta el 31%.

Es decir, menos reciben aquellas regiones y aquellas provincias con mayor
índice de pobreza. Con este esquema de presupuesto, obviamente, lo que
estamos haciendo es profundizando las inequidades en nuestro país.

La gran masa de ingresos que el Estado Nacional percibe en concepto
de retenciones a las exportaciones y de impuesto a las transacciones
comerciales más conocido como “impuesto al cheque”, son recursos que no se
coparticipan y se gastan conforme lo señala el presupuesto. Es necesario,
entonces, rediscutir las asignaciones presupuestarias, cuál es la masa que
se coparticipa y, finalmente, es preciso discutir una nueva Ley de
Coparticipación, que es la única manera de tener un país más equilibrado y
equitativo.

*Sonia Escudero es senadora por el PJ-Salta