Estamos atravesando un proceso de coyuntura en el cual se destaca la necesidad de consolidar a la minería como una política de Estado, a partir de la articulación entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales, en el marco de un escenario que se muestra propicio, pero a la vez con crecientes complejidades.

Se puede decir que hoy en día el desarrollo de la actividad minera es una verdadera política de Estado, que se ha ido consolidando en el transcurso de los últimos diez años, a partir de la generación de una visión estratégica diferente acerca del sector, que se manifestó en los cambios de la legislación que regula la actividad, y en la decisión política de muchas provincias de avanzar en el desarrollo minero.

En este sentido, se puede observar en los hechos que se reafirmó a la actividad minera como una de las actividades económicas con mayor potencialidad de crecimiento y desarrollo del país de cara al mediano y largo plazo, en tanto que en la actualidad se muestra como una actividad productiva dinámica y generadora de empleo, sobre todo en las regiones más postergadas del país.

Sin embargo, este proceso no fue espontáneo ni obedeció exclusivamente a los factores positivos de la coyuntura internacional que contribuyeron y siguen contribuyendo a este proceso, sino que comenzó a gestarse a partir de la generación de un marco institucional estable, que permitió desarrollar una política clara y coherente orientada al desarrollo de la actividad minera.

Históricamente la Argentina no ha sido un país minero. Resulta obvio que en esta actividad no tenemos una tradición como la de Chile, Perú o Bolivia. Contamos con recursos naturales como para haber desarrollado una actividad minera importante durante décadas, pero no fue así.

En la actualidad después de años de postergación y estancamiento, la actividad minera se ha convertido en una verdadera alternativa productiva, de las más importantes que proyecta el país, sobre todo en las zonas más alejadas.

Esta situación fue propiciada por la modificación del entorno institucional y del marco regulatorio de la actividad minera que, por medio de cambios en la legislación, la adopción de políticas provinciales que fomentaron fuertemente el desarrollo de la actividad, y la articulación y compromiso de todos los actores del sector en torno a una misma política general, permitieron atraer y consolidar las inversiones hacia el sector, y promover el sistema productivo minero.

Este proceso se acentúo en los últimos 3 años, en la etapa post-crisis y de la mano del proceso de recuperación económica del país. En estos años se consolidó el desarrollo de la minería como política de Estado a partir de una serie de iniciativas, que sirvieron como ejes para el desarrollo definitivo de la actividad:

 La elevación del rango de la Secretaría de Minería a Secretaría de Estado, fue esencial ya que fortaleció el entorno institucional y generó el marco para la gestión una política minera a nivel federal.

 La formulación y puesta en marcha de un Plan Minero Nacional, dotó de un horizonte, y de una perspectiva ampliada en el mediano y largo plazo a la política minera.

 El fortalecimiento de la relación con las Provincias y generación de espacios de articulación con todos los actores del sector (a través de la mayor actividad del COFEMIN, la jerarquización del SEGEMAR y el mejor diálogo con el sector empresario), no sólo impulsó el proceso sino que generó credibilidad y contribuyó a la consolidación del nuevo modelo productivo nacional.

Se podría decir que estas iniciativas contribuyeron a que en la actualidad nos encontremos frente a un escenario marcado por el crecimiento sostenido de las inversiones, la creación de empleo estable y genuino, la aparición y generación de proveedores locales para la industria y el desarrollo de regiones. A continuación mencionaré algunos datos que pueden hacer más clara estas afirmaciones:

 Se invirtieron 2.500 millones de pesos en la actividad durante el año 2.005, lo cual representa 600 millones más que en el año 2.004.

 Se observa un crecimiento sostenido de las inversiones desde el año 2.003, desde el cual se cuadruplicaron las inversiones en exploración y desarrollo de proyectos.

 Entre los años 2.003 y 2.005 creció un 400% el número de proyectos mineros en todo el país.

 Se estableció un record de exploración minera en el país entre los años 2.003 – 2.006, habiéndose llegado al pico histórico máximo en el año 2.006 con 450.000 metros de perforaciones.

 Se generaron 36.000 puestos de trabajo directos y más de129.000 indirectos, en zonas donde generalmente no existen otras alternativas económicas-productivas sustentables.

En este sentido, se logró afianzar la política minera del Estado, por medio del sostenimiento de un marco regulatorio coherente y claro, que redundó en la reactivación del proceso de producción minero, con un importante protagonismo de los Estados Provinciales.

Sin embargo, este proceso tan vigoroso para el sector en los últimos años no estuvo ajeno a la generación de conflictos, y a la afloración de problemas de variada complejidad vinculados a algunas de las consecuencias que trae aparejada la actividad minera. En efecto, más allá de los resultados evidenciados, las posturas frente al desarrollo del sector no son homogéneas sino que -por el contrario- en gran medida se caracterizan por las discrepancias y las diferencias de visión.

En efecto, han surgido discrepancias en torno a los beneficios que genera la actividad tanto en pequeñas localidades del interior del país, como en espacios institucionales nacionales, centrándose los puntos negativos en las consecuencias ambientales que conlleva la gran minería, y en el marco de promoción económica especial que tiene la inversión minería.

Es sobre estos aspectos, sobre la posibilidad de generar los espacios públicos de discusión y consenso para la generación de los acuerdos superadores que orienten el desarrollo de la actividad minera, donde residen los principales desafíos de cara al futuro. Sin lugar a dudas, estos espacios deben darse y desarrollarse en ámbitos institucionales, de modo que permitan la articulación y representación de todos los actores vinculados con este proceso.

Estas problemáticas propias de la actividad minera a gran escala, definen nuevas exigencias tanto para las empresas como para el Estado. Las empresas deben cumplir un rol en materia de responsabilidad social y ambiental, y el Estado, desde la Nación y las Provincias, debe asegurar -por medio de mecanismos de control y regulación sobre la materia- que efectivamente se cumpla con lo dispuesto en el marco regulatorio vigente.

Esto implica todo un proceso de reconfiguración del rol estatal en nuestro país que, si bien comenzó a desarrollarse en algunos aspectos, recién se encuentran en una etapa inicial y debe profundizarse, definiendo un nuevo esquema institucional de cara a las particularidades que exhibe la producción minera.

Al respecto, se han tomado una serie de iniciativas importantes en este sentido, como:

 La convergencia política en el establecimiento de reglas del juego claras, sosteniendo el marco legal vigente (principalmente la ley 24.196 de inversiones mineras) y estableciendo políticas comunes con los estados provinciales que dotan de coherencia y homogeneidad a la política minera (independientemente de algunas medidas adoptadas por algunos estados provinciales frente a los sistemas de extracción propios de la gran minería como la provincia de Río Negro).

 La asunción de responsabilidades frente al cambio operado.

 La institucionalización de responsabilidades frente a algunas de las exigencias ciudadanas planteadas a la actividad, mediante la sanción de una ley ambiental específica para regular los impactos ambientales que genera la actividad minera.

No obstante, no se pueden desconocer algunas de las exigencias legítimas planteadas por parte de la sociedad, y que implican la asunción de nuevas responsabilidades por parte del Estado y un replanteo de las estrategias empresarias frente a la comunidad.

En este sentido, los esfuerzos deben concentrarse en procurar que el desarrollo minero vaya acompañado de un modelo de crecimiento sustentable en términos ambientales, pero también sociales, de forma tal que la comunidad perciba a la minería como una actividad arraigada, promotora/impulsora del desarrollo y generadora de oportunidades y fuentes de trabajo dignas y estables.

Considero que, teniendo en cuenta lo mencionado, los principales desafíos de la actividad minera radican en:

 Revalorizar todo el espectro productivo que abarca la minería.

 Consolidar y fortalecer el rol catalizador del Estado Nacional y los Estados Provinciales, en términos de los mecanismos de control y regulación del impacto ambiental de la actividad, para dotarla de credibilidad y seguridad.

 Acercar la actividad minera a la comunidad, procurando que la gente sienta suya la minería, que la gente perciba que la minería trae progreso, trabajo, mejoramiento en la calidad de vida y que tiene que ver con el desarrollo económico y el crecimiento de la región donde se están desarrollando.

 Desarrollar la cadena industrial minera, de modo que se traslade la inversión al resto de los sectores y a las comunidades donde se hace la inversión, procurando generar cadenas de valor agregado al producto primario, y el desarrollo de redes de proveedores locales.

Dante O. Canevarolo
Diputado de la Nación
Vicepresidente 2º de la Comisión de Minería H.C.D.N.