La Unión Industrial Argentina presentó su proyecto que prevé, con un costo fiscal para el Estado de 1.300 millones de pesos que se compense con una mayor inversión, empleo, formalización e integración regional.
El plan de la UIA para las pymes industriales será presentado la semana que viene al presidente Néstor Kirchner y al resto de los poderes del Estado, para dar luego lugar a una serie de encuentros con gobernadores provinciales y discutir la propuesta que la entidad fabril espera se ponga en práctica el próximo año.
Las medidas apuntan a objetivos que le brinden a la pequeña y mediana industria “una ágil movilidad ascendente en la escala empresarial industrial y un fácil acceso a los mercados internacionales, vía reinversión de utilidades, para los próximos diez años”.
El estudio completo abarca siete medidas enmarcadas en tres capítulos: marco jurídico laboral, inversión y financiamiento, y régimen impositivo. En ese sentido, la UIA insistió con la intención de que esas empresas que reinviertan sus ganancias obtengan un tratamiento fiscal diferencial -la medida se encuentra en Senado y cuenta con media sanción de Diputados- además de establecerse un monto mínimo no imponible sobre contribuciones patronales.
El presidente de la UIA, Héctor Méndez, destacó que “entre fines de 2003 y principios de 2006, las pymes industriales aumentaron sus ventas en un 50 por ciento, mientras que sus exportaciones crecieron desde la salida de la convertibilidad y la adopción de un nuevo modelo productivo, un 52 por ciento”.
“Además, incrementaron su ocupación en más del 21 por ciento y la utilización de su capacidad instalada excede el 76 por ciento”, agregó el titular fabril.
En cuanto a las reformas de índole laboral -algo que preocupa al sector empresario mientras se dilata la definición de una nueva ley de Riesgos de Trabajo-, la UIA propone que las contribuciones patronales se calculen sobre la porción de la masa salarial que supere los 10.000 pesos. Esa medida no incluiría las contribuciones patronales con destino a obra social y ART; y el costo fiscal oscilaría entre 180 y 400 millones de pesos.
Esta pérdida se propone financiarla con la partida presupuestaria por reducción de contribuciones patronales (unos 482 millones), que, según la entidad, fue subutilizada este año.
La intención de la UIA de promover la capitalización de las pymes genera un costo fiscal de 629 millones de pesos, que sumado a las otras medidas elevaría la cifra a 1.300 millones, sin contar el costo de oportunidad por cambiar el tipo de interés sobre deudas y actualizaciones de juicios laborales.
