La Cámara baja buscará aprobar este miércoles iniciativas tales como el marco regulatorio de la empresa Aguas y Saneamiento Sociedad Anónima.
La sesión de este miércoles fue convocada para las 11 y el temario fue acordado entre los diferentes bloques legislativos en una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, que se constituyó en la última del año y que se extendió por varias horas.
Si bien el proyecto que establece el marco regulatorio de Aysa recibió recién esta tarde el respaldo de la Comisión de Obras Públicas, que preside el kirchnerista Edgardo Depetris, la oposición salió a cuestionar la legitimidad del plenario y planteó que el encuentro deliberó sin el quórum reglamentario.
Según fuentes legislativas, esa polémica continuó en la reunión de Labor Parlamentaria, donde la oposición volvió a cuestionar el trámite que tuvo la iniciativa y obligó a convocar a un nuevo encuentro este miércoles a las 10 de la Comisión de Obras Públicas, previo a la sesión, para ratificar el dictamen.
El oficialismo había intentado votar el miércoles -apenas se sancionó en el Senado- una preferencia para debatir el marco regulatorio de Aysa pero los cuestionamientos opositores obligaron al bloque FpV a retirar la moción e intentar un día después impulsarla.
Se trata de una norma que convalida el convenio tripartito suscripto el 12 de octubre pasado en el Ministerio de Planificación Federal, la Provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El FpV busca aprobar también un proyecto que exime a la firma de emprendimientos satelitales ARSAT del pago de impuestos nacionales, incluidos el IVA, así como los tributos que gravan la importación para consumo y los créditos fiscales que provengan de la compra de bienes. De ser aprobada, la norma será girada al Senado para su aprobación definitiva.
La agenda incluye también un conjunto de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y podrían reanudar la discusión en particular del proyecto impulsado por el transversal Miguel Bonasso que declara la emergencia forestal y prohíbe la tala indiscriminada de bosques nativos.