La Cámara alta concluyó su labor del año aprobando una extensísima lista de proyectos de índole muy variada, con la complicación de que muchos de ellos fueron incluidos en la agenda a tratar a último momento, lo que contribuyó a generar un clima de cierta confusión.
La primera sorpresa ocurrió cuando el oficialismo resolvió no incluir el que iba a ser el tema central: el establecimiento de los juicios por jurados, impulsado por la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Según las hipótesis que se barajaban en los pasillos de la Cámara alta, la primera dama habría preferido esperar hasta marzo próximo para hacer aprobar esta norma, que tendrá un innegable impacto público, justo en la época en que se definirán las candidaturas para las próximas elecciones.
La iniciativa más relevante fue la aprobación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de armas de fuego, que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar en 60 días y que establece incentivos para que la población civil se desprenda de armamento.
La Cámara alta convirtió también en ley la prórroga por cinco años de las retenciones a la exportación de hidrocarburos, de acuerdo con las alícuotas que fije el Poder Ejecutivo.
Los senadores modificaron además la ley de financiamiento de partidos políticos que establece ahora el otorgamiento de 1,50 pesos por elector, la unificación de cuentas bancarias con control de la justicia y establece condiciones para la contratación de publicidad en la vía pública.
También se aprobaron los tradicionales ascensos militares de fin de año, para lo cual hubo que interrumpir la sesión para que se constituyera la comisión que tenía que pronunciarse sobre los pliegos.
Se aprobó la creación de juzgados en varios distritos del país, una ley de mecenazgo de deportes, se convirtió en ley un proyecto para reducir la cantidad de armas en la población.
También se dio sanción definitiva a una norma que regulará a las agencias de viajes estudiantiles, imponiéndole una serie de requisitos para poder operar en esa actividad, entre ellos la contratación de seguros de tipo médico y para casos de muerte e incapacidad.
Además, se dio media sanción a un proyecto de ley de catastro, que dispone a la intervención de agrimensores en la venta de terrenos, para que certifiquen las dimensiones de las propiedades. Asimismo, el Senado convirtió en ley el proyecto por el cual se prorroga por cinco años las retenciones a las exportaciones hidrocarburíferas, que generan al Estado un ingreso anual de 3.600 millones de pesos.
Finalmente, se aprobaron una serie de proyectos de declaración, que se votaron en bloque.