Diputados justicialistas del bloque que responde al vicegobernador riojano Luis Beder Herrera analizan la posibilidad de abrir un proceso de juicio político contra del actual mandatario, Angel Maza, al considerarlo responsable de la toma de la Legislatura local.

La Legislatura riojana, enfrentada al gobernador Maza, intentará hoy tratar una enmienda constitucional que elimine la reelección indefinida del mandatario, mientras el Ejecutivo buscará trabar el debate con un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia.

Según trascendió, el titular del bloque justicialista, Mario Guzmán Soria, inició una discusión interna ante la eventual apertura de un proceso en contra de Maza, considerado -por ese sector- "responsable e ideólogo" de los desmanes. Fue el propio vicegobernador Herrera quien dejó abierta la posibilidad del juicio, que se generó tras los acontecimientos suscitados en la Cámara de Diputados, previamente al tratamiento de la reforma política que eliminaría la reelección indefinida de la Constitución provincial.

Fuentes legislativas expresaron que ya habría una mayoría de integrantes del bloque que estaría de acuerdo en apoyar la moción del juicio político contra Maza.

Por su parte, el oficialismo riojano decidió presentarse ante la Justicia local para solicitar un dictamen en relación al conflicto que se generó entre el Ejecutivo y el Legislativo a raíz de las naturaleza de las sesiones, se informó oficialmente. Por este motivo, el fiscal de Estado presentará este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia una "acción declarativa de certeza", a través de la cual se espera que el máximo órgano determine si la Legislatura debe sesionar dentro del período ordinario o extraordinario.

Así, el enfrentamiento político entre Maza y su vicegobernador por la sucesión gubernamental en 2007 llegará este jueves al máximo tribunal riojano por la interpretación que hace cada sector respecto del período de sesiones.

Los legisladores entienden al debate de este jueves como parte del período ordinario, lo cual les permite tratar cualquier proyecto contra la opinión del Ejecutivo, que considera que se trata de extraordinarias y deben atenerse a un temario ya previsto.