La Ciudad cuenta ahora con un Código Procesal Penal y Contravencional. La norma fue respaldada por la mayoría de los bloques de legisladores.
Merced a un consenso entre los integrantes de las fuerzas que responden al macrismo, el kirchnerismo y el ARI, entre otras, el cuerpo de legisladores porteños sancionó el Código Procesal Penal y Contravencional, una herramienta legal que le permitirá a los fiscales y jueces agilizar los juicios por diferentes delitos y contravenciones.
Con la sanción del Código también se aprobó el convenio firmado por los gobiernos de la Nación y la Ciudad para transferirle a la Justicia porteña la potestad para tomar a su cargo los juicios por 13 delitos penales.
Entre ellos figuran lesiones en riñas, abandono de persona, omisión de auxilio, matrimonios ilegales (castiga con cárcel a quien se casa sabiendo que no puede hacerlo), violación de domicilio y usurpación. Este último castiga con reclusión a quien, mediante violencia o engaños, despoje a otro de un inmueble o lo dañara intencionalmente para quedárselo. Sin lugar a dudas, es uno de los temas que está en forma permanente en la agenda pública.
El nuevo Código Contravencional comenzará a regir a mediados del año que próximo, pero la transferencia de los 13 delitos debe ser refrendada también por el Congreso de la Nación, ámbito en donde no surgirán problemas para su sanción. Pero, dado que ya cierra el año legislativo, se conjetura que procederá a refrendarlo en marzo o abril del año que viene.
En rigor, la Ciudad es autónoma desde 1996, su Justicia sólo tiene a su cargo dos fueros: el Contencioso Administrativo (juicios contra el Estado o por deudas tributarias) y el Contravencional (ruidos molestos, venta callejera ilegal y otras).
Más seguridad. Otras de las leyes sancionadas por amplia mayoría es la que obliga a las escuelas privadas a contar con un docente que actúe como referente de seguridad, elaborar un plan de autoprotección para afrontar situaciones de riesgo y realizar actividades que contribuyan a la formación de una cultura preventiva entre sus alumnos.
La norma de Escuelas Seguras ordena a los ministerios de Gobierno y Educación a conformar una Unidad Ejecutora, que entre otras funciones deberá elaborar un Plan Básico para seguir en situaciones de emergencia y preparar los cursos de capacitación para los referentes de seguridad.
Además, se establece en el texto, impulsado por el diputado Marcelo Godoy, la creación de un fondo especial de financiamiento para obras de infraestructura edilicias, en función de la disparidad de ingresos económicos de los colegios privados.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación, la mitad de los alumnos de la Ciudad concurre a escuelas privadas. Son en total 312.499, que asisten diariamente a 850 edificios donde funcionan 1.567 colegios.
Además, el Gobierno tendrá la obligación de instalar obligatoriamente semáforos en las esquinas cercanas a escuelas públicas y privadas, como una forma de disminuir la cantidad de accidentes de tránsito que involucran a niños y adolescentes, de acuerdo a otra ley aprobada.
En esa línea de acción legislativa alrededor de la cuestión de la seguridad el cuerpo sancionó una ley por la cual se establece que todos los organismos competentes en casos de graves riesgos deberán realizar cada 60 días simulacros de emergencia y catástrofes, bajo la dirección de Defensa Civil.
Una práctica que se realiza en los países de España y México, expresó la diputada Gabriela Michetti, autora de la norma que fue avalada en el recinto por la mayoría de los presentes.
