El marco regulatorio de AySA, la normalización del PAMI y el juicio por jurados son algunas de las cuestiones que ambas cámaras dejaron para el electoral 2007.
La frustración de fin de año para el oficialismo de Diputados fue sin dudas la sanción del marco regulatorio para la empresa AySA. Ese será el primer tema a tratarse en la Cámara baja en el reinicio de las ordinarias, o más seguramente en extraordinarias, en el caso que el Poder Ejecutivo las convoque para mediados de febrero.
El juicio por jurados y la normalización del PAMI serán otros de los temas que serán tratados en 2007, ya que forman parte del paquete de proyectos cuyo debate quedó pendiente para el año próximo en el Congreso.
Entre las cuestiones pendientes en Diputados figura además el proyecto que regula la actividad de los denominados patovicas, la propuesta del oficialismo para privar de su jubilación de privilegio a los funcionarios de la última dictadura militar y el que crea un registro de condenados por violación.
En la última sesión del año, los diputados debieron postergar la aprobación del proyecto del Poder Ejecutivo que establece el marco regulatorio de AySA por falta de quórum, luego de que la oposición se retirara del recinto en rechazo a la sanción de esa norma.
En cambio, la creación de un marco regulatorio para las empresas de medicina prepaga consiguió dictamen de comisión pero no llegó a ser incluido en el temario de las últimas sesiones del año de la Cámara de Diputados. Esa iniciativa asegura a los usuarios la continuidad de la cobertura ante el cierre de la empresa, elimina el período de carencia, prohíbe el aumento de cuotas en el caso de personas de más de 65 años con 10 de antigüedad y establece que la edad o la preexistencia de una enfermedad no puede ser un limitante.
Otro tema que volverá a ser discutido el próximo año es la disolución del actual Banco de Datos Genéticos, que según una iniciativa oficialista sería sustuido por el Instituto Nacional de Datos Genéticos. El tema había sido aprobado en comisión, pero el recinto lo devolvió a ese ámbito para un mayor análisis.
El proyecto de ley para normalizar el PAMI cuenta con la sanción del Senado desde el año pasado y fue avalado en Diputados con modificaciones en comisión, aguardándose su inclusión para ser tratado en el recinto.
La propuesta establece que el directorio, encargado de administrar el PAMI, estará integrado por 8 miembros: 4 en representación del Estado, 2 por los jubilados y 2 por los trabajadores activos, uno por la CGT y otro por la CTA, que hasta ahora no tenía representación en la conducción de la obra social.
La creación de un marco regulatorio para las empresas de medicina prepaga consiguió dictamen de comisión pero no llegó a ser incluido en el temario de las últimas sesiones del año de la Cámara de Diputados.
Esa iniciativa asegura a los usuarios la continuidad de la cobertura ante el cierre de la empresa, elimina el período de carencia, prohíbe el aumento de cuotas en el caso de personas de más de 65 años con 10 de antigüedad y establece que la edad o la preexistencia de una enfermedad no puede ser un limitante.
Otro tema a tratarse es el de la regulación de los patovicas en los boliches. Al respecto el Ejecutivo remitió presurosamente un proyecto de ley que rápidamente consiguió despacho de comisión pero la falta de quórum hizo que no pudiera ser tratado en la última sesión del año de la Cámara de Diputados.
Entre otras cuestiones, los diputados podrían avanzar el año próximo con el debate en torno al proyecto que cuenta con sanción del Senado y que propone incorporar al Código Penal un artículo para reprimir el acoso sexual con prisión de entre seis meses y cinco años.
En esa situación, se encuentra además el proyecto que crea un registro de violadores que obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Justicia y Legislación Penal de la Cámara de Diputados pero no tuvo la misma suerte en Familia y Presupuesto, donde el debate proseguirá el año próximo.
En el Senado, en tanto, el temario pendiente incluye el proyecto que establece el juicio por jurados, contemplado en la Constitución de 1853, aunque durante más de un siglo y medio fue ignorado por la falta de consenso sobre su utilidad para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados.
También, la cámara alta tiene pendiente la renegociación del contrato entre el Estado Nacional y el concesionario de 32 aeroestaciones del país, Aeropuertos Argentina 2000.
El plazo de dos meses impuesto por ley se cumple el 13 de febrero de 2007, por lo que si el Senado o Diputados o ninguno de las dos Cámaras da su visto bueno, el expediente quedará aprobado de manera ficta.