La Legislatura tucumana reconoció por ley, estableciendo que los hospitales públicos, las obras sociales provinciales y los sistemas de medicinas prepagas sujetos a jurisdicción provincial deberán incorporar el tratamiento de la obesidad en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.
El Cuerpo votó por unanimidad el proyecto y dio al Poder Ejecutivo un plazo de 90 días para dictar el decreto reglamentario de la norma, que declara de interés provincial la lucha contra la obesidad. “No es una ley mágica; se trata de trabajar en prevención y de garantizarle al enfermo un tratamiento y devolverle calidad de vida”, explicó la legisladora Beatriz Avila (PJ), integrante de la Comisión de Salud que impulsó el proyecto.

Avila explicó que se sancionó “una ley marco” y remarcó la importancia del decreto reglamentario que deberá emitir el Ejecutivo, en 90 días, para su implementación definitiva. Se estima que un 50 por ciento de la población tucumana tiene sobrepeso y que el 20 por ciento es obesa.

“Se calcula que hay 140.000 obesos en Tucumán”, destacó Avila.