La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la organización ecologista Greenpeace y es impulsada por el diputado kirchnerista Miguel Bonasso, fue aprobada en general el 23 de noviembre pasado, pero su votación en particular se postergó de manera indefinida a instancias de lo diputados oficialistas.

La norma establece, por una lado, los “presupuestos mínimos de protección de bosques nativos” y, por otro, declara la “emergencia forestal” en todo el país, que busca detener la tala indiscriminada de las especies autóctonas y la futura desertificación.

Pero los cambios reclamados por, entre otros, representantes de las provincias de Misiones, Formosa, Salta, Corrientes y Chaco, apuntan a reducir los controles que el proyecto deja en manos de los estados provinciales y convertirla en una ley de adhesión. Por ejemplo, las provincias involucradas quieren reemplazar el estudio de impacto ambiental, que exige la norma para acceder al permiso de desmonte, por una mera declaración jurada de las empresas interesadas, según admitieron distintas fuentes consultadas.

Allegados a Bonasso explicaron que, de esa manera, se deja a cada provincia la facultad de decidir el grado de importancia de cada proyecto productivo y el impacto que puede generar en el medio ambiente, lo cual -según los más alarmados- puede “ser la puerta de entrada para el cobro de favores”.

Por el contrario, un diputado de peso en el bloque del Frente para la Victoria-PJ respondió que es “muy fácil hacer una ley desde la capital, pero después los que ponen la cara en las provincias son otros”.

El mismo diputado explicó que a su entender se debieron “hacer dos proyectos por separado: una ley de presupuestos básicos y otra ley convenio de emergencia”, e insistió en que “además hay que dar una respuesta a los productores” que subsisten gracias al desmonte.

Los que defienden el proyecto aceptan, como prendas de acuerdo, que los pequeños productores cuenten con facilidades especiales en los trámites siempre y cuando se pueda evitar que las grandes corporaciones sojeras utilicen ese atajo para sus intereses. La idea básica de la ley es establecer normas y controles mínimos para que en todo el país exista un estándar de calidad ambiental “común y uniforme”, los cuales deben ser dictados por la Nación.

Mientras, en el caso de la declaración de la emergencia forestal, y la consiguiente veda de desmonte, podría ser de adhesión.

Esa declaración de emergencia permite que el Estado Nacional cuente con recursos para apoyar a las provincias a regular la actividad y evitar la depredación.

El lobby provincial postergó el tratamiento del proyecto en varias oportunidades este año y logró que se debatiera en el recinto en forma gradual: primero se hicieron los discurso pero, a la hora de sancionarla, la sesión se cayó por falta de quórum; y, siete días después, se votó en general pero no en particular.