Para la Asociación Protectora de la Vida es una “ley carente de sentido y utilidad”, que “favorece a un grupo minúsculo de personas, que auspician estas actividades aberrantes”.

En un comunicado firmado por su presidente, Miguel Angel Ponce, la entidad manifestó su “desagrado por la actitud de los señores legisladores, quienes a través de evasivas y gestos de distracción evitaron atender nuestros requerimientos y el reclamo de la sociedad en su conjunto”. También expresa su “más profunda preocupación por un hecho desconocido hasta ahora por nuestros miembros y sin dudas por la mayoría de los ciudadanos comunes, por la forma en que se tratan y resuelven los temas de interés general en la agenda política provincial”.

El titular de la Organización No Gubernamental (ONG) Samay Huasi, Daniel Gómez, sostuvo: “no fuimos escuchados y por ello hemos organizado una campaña de concientización”.

“Estamos recolectando firmas en toda la provincia y en el resto del país, para que se conozca esta barbarie que significa un manifiesto retroceso cultural para la humanidad”, añadió.

El autor de la iniciativa, el senador por el departamento Ayacucho, Sergio Alvarez, dijo que “con esta ley se busca controlar la situación actual de estos combates entre gallos que hasta el momento eran ejercidos clandestinamente”. Agregó que la actividad genera un importante movimiento de dinero, por lo que “de esta manera se realizará un estrecho control que sancionará a las personas que no cumplan con la ley”.

Según la norma, las riñas sólo podrán ser organizadas por “entidades afines que posean personería jurídica otorgada por la Provincia y siempre que su práctica se ajuste a las condiciones y modalidades” que se determinan en esta normativa.