A favor de la discriminación

Suena raro el título, pero está inspirado en la negativa en sancionar una ley para que las personas ciegas cuenten con el auxilio de perros guías.

“No nos van a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir exigiendo la sanción de esta ley”. Esa fue la breve, pero ilustrativa, respuesta de Ana María Bravo a Parlamentario, al ser consultada sobre la marcha de su pedido, en nombre de todas las organizaciones que nuclean a las mujeres y hombres que padecen ceguera, para contar con una ley que los autorice a desenvolverse en la sociedad con el auxilio de perros guías.

Los ámbitos en donde el oficialismo y los principales bloques de la oposición -estos últimos en el sentido de presionar con toda su fuerza- es en la Legislatura bonaerense y en el Congreso de la Nación.

En Buenos Aires, en principio el trámite es más fácil, ya que solicitan una modificación al artículo 23 de la ley provincial que se refiere a perros guías. La propuesta, presentada por el diputado Alberto Delgado, quedó cajoneada en las comisiones a la que fue derivada en el Senado, de acuerdo con lo informado a esta revista por los dirigentes de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos y de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos, las que cuentan con el lógico respaldo de la Asociación Mundial de Deportes para Ciegos.

En cuanto al trámite legislativo en el Congreso de la Nación es para antología. El periplo iniciado por los representantes de estas entidades comenzó en 2004. Fueron recibidos en el Senado por los integrantes de la Comisión de Población y Desarrollo que, por entonces, presidía Antonio Cafiero. Todos ellos saludaron la iniciativa y se comprometieron a darle formato de ley para su inmediata sanción. Pasó el tiempo y se convirtió en una promesa más, al igual que otras, hasta que perdió estado parlamentario sin que nadie asumiera la responsabilidad.

En Diputados

Tras esa frustrada experiencia, las entidades citadas decidieron acudir a la Cámara baja, entusiasmados con el mensaje oficial del Gobierno y, por ende, de los legisladores de todos los bloques que iban a licuar las discriminaciones en todos los terrenos.

En ese contexto plantearon la necesidad de una ley nacional para que todas las provincias pongan en práctica la norma. Un requerimiento al que apelan al contar con lo que sucede cuando cruzan la avenida General Paz: efectivamente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está regida por una norma que contempla el acompañamiento de los perros guías y quienes los ejercen, cuando cruzan ese límite geográfico, comienzan los padecimientos dado que se le desconoce esa legalidad.

La Comisión receptora de la inquietud es la de Discapacidad, que preside la peronista Lucrecia Monti, quien tras recibirlos en un par de oportunidades derivó el tema para el análisis de los asesores de la comisión.

Tras sucesivos intercambios de opiniones y de entregarles documentación propia y de antecedentes legislativos en diferentes países del mundo recibieron como respuesta que iban a solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que indique cuál sería el organismo público que tendría que definir si un perro guía está adiestrado para cumplir esa función y que no represente “un peligro para la sociedad”.

Un trámite que llevaron a cabo en el mes de mayo del año pasado y que hasta diciembre último seguía sin respuesta, según le contestaron en la última entrevista que mantuvieron en los días previos al cierre del período ordinario de sesiones.
Otra de las inquietudes de los asesores y de algunos legisladores de esa comisión era que tendría que definirse, si ocurriera un accidente provocado por un perro guía, quién sería el responsable de las posibles consecuencias.

“Pasó otro año más de lucha. Hoy estamos decepcionados, aunque no vencidos. Nos cuesta admitir el desinterés de los legisladores”, acotó Bravo, mientras a su lado su perro guía inició su andar, abandonando el Edificio Anexo de la Cámara de Diputados.

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