El balance del trabajo legislativo, como es tradicional, es según el ojo con que se mire. Del lado del oficialismo cantan victoria, mientras que desde la oposición se renuevan las críticas hacia el kirchnerismo en ambas cámaras, que sancionó normas con la impronta K y que implicó dejar de lado las presentadas por ellos.

Uno de los datos que todos celebran es el funcionamiento de la Cámara baja, presidida por la dupla Alberto Balestrini y Patricia Vaca Narvaja, quienes lograron imponer un ritmo de trabajo diferente al de años anteriores. Cifras en mano, acusan 30 sesiones contra cuatro del 2005, cuando el oficialismo sufrió la ruptura con los sectores duros del duhaldismo, encabezados por el ex presidente del cuerpo, el quilmeño Eduardo Camaño.

En ese sentido, las estadísticas demuestran que más del 63 por ciento de los proyectos fueron generados por los senadores y diputados, mientras que el restante 37 por ciento se originó en el Poder Ejecutivo Nacional. Claro que acá corresponde precisar que en ese paquete de leyes alumbradas desde la Casa Rosada están las estratégicas en materia económica, o aquellas ideadas para consolidar el proyecto en marcha.

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Sin lugar a dudas, el principal fue el proyecto de reducción de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a instancias de una iniciativa presentada por la senadora bonaerense Cristina Fernández de Kirchner. La norma redujo de nueve a cinco miembros en la conformación de la Corte. El máximo Tribunal de la Nación tuvo históricamente cinco ministros. Sin embargo, Carlos Menem impulsó su ampliación para lograr el control de la Corte Suprema.

Otras de las leyes clave sancionada este año, con el objetivo de mejorar la calidad institucional, fue la reforma del Consejo de la Magistratura, la que tuvo un fuerte rechazo de la oposición que no quería aceptar la reducción de ese órgano creado en la reforma de la Constitución de 1994.

Sin embargo, la sanción del proyecto del Consejo de la Magistratura permitió la consolidación de un acuerdo político para respaldar al Gobierno nacional, ya que la iniciativa fue respaldada no sólo por el Frente para la Victoria sino por el Peronismo Federal, que preside José María Díaz Bancalari, y los diputados radicales K.

En paralelo a la consolidación de la relación entre el oficialismo y sus aliados, que también se tradujo en el ascenso de Graciela Camaño a la vicepresidencia tercera de la Cámara, a fines de año empezó a construirse un frente opositor entre quienes responden todavía a Eduardo Duhalde, Propuesta Republicana, asentado en la figura de Mauricio Macri y vastos sectores del radicalismo con el jefe del bloque, Fernando Chironi a la cabeza, entre otros grupos.

Otro proyecto considerado estratégico fue la sanción del proyecto de financiamiento de los partidos políticos, la eliminación de las elecciones internas abiertas, y la creación de una ley para convalidar los Decretos de Necesidad y Urgencia.

En ese mismo plano de importancia se inscribe la nueva ley de Educación, cuyo valor e incidencia en la política oficial es destacada, en esta edición, en un reportaje a la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja, la peronista entrerriana Blanca Osuna.

El inventario da cuenta también de la aprobación de la reforma a la ley de Administración Financiera, la prórroga de la ley de Emergencia Económica, la prórroga de los impuestos, la ley de Hidrocarburos y el nuevo régimen para los deudores hipotecarios.

En el área social fueron bendecidas la de educación sexual, la donación consentida de órganos, la ligadura de trompas, reformas laborales, entre otras, y al filo del cierre del año quedó la estatización de Aguas Argentinas.

No fue la única

Claro que no fue la única que quedó en las gateras del recinto de la Cámara baja. El listado da cuenta de leyes como la normalización del PAMI, modificaciones a la ley de Pesca, la declaración del ejercicio profesional de la musicoterapia y más correcciones a la Ley de Contrato de Trabajo.

A ellas se debe agregar la creación del Instituto de Datos Genéticos y la incorporación de la figura de acoso sexual en el Código Penal, la entrega gratuita del método anticonceptivo conocido como la píldora del día después, el marco regulatorio para la medicina prepaga y la incorporación de los tratamientos contra la obesidad en el Plan Médico Obligatorio, entre otras.

Cabe acotar que el no tratamiento de estas leyes se debió, en varios casos, a las claras diferencias en el seno del bloque del oficialismo, que conduce Agustín Rossi, el que dio libertad de conciencia a la hora de votar, con el resultado conocido: de vuelta a comisión. En el caso de la llamada píldora del día después, impulsada por la radical Alicia Tate, no se votó para no romper relaciones con la Iglesia, la que había pedido que no sea sancionada.

Claro que la frutilla de la torta es lo sucedido con la ley impulsada por Miguel Bonasso, para dictar una emergencia forestal con el objeto de frenar los masivos desmontes. Fue sancionada en general, pero totalmente modificada, y en particular quedó fuera de la agenda. Algo que no sucederá con la ley para implementar el Juicio por Jurado, impulsado por Cristina Fernández de Kirchner. Esa ley sale o sale en el primer trimestre del año entrante.