Sr. Presidente. — Corresponde la consideración de los Órdenes del Día con proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán

Sr. Secretario (Estrada). — Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley en revisión por el que se ratifica la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública. (Expediente CD 49/09).

Sr. Presidente. — En consideración. Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: voy a pedir si podemos elaborar la lista de oradores, proceder a votarla, habilitar las inserciones y establecer una hora estimativa de votación para dar previsibilidad a la sesión.

Sr. Presidente. — Recuerdo que ayer se convino en utilizar 10 minutos para cada orador y 30 minutos para los miembros informantes y presidentes de bloque. Con ese criterio, vamos a comenzar a elaborar la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor senador Fernández como miembro informante.

Sr. Fernández. — Señor presidente: si está la lista, la podemos votar.

Sr. Presidente. — Mientras usted informa, vamos terminando de redondear la lista de oradores.

Sr. Fernández. — Perfecto.
Cuando se sancionó la Reforma Constitucional de 1994, se creó el artículo 76, que prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la cláusula transitoria octava de la Constitución establece que la legislación delegada preexistente a la Reforma que no contenga plazo establecido para su ejercicio caduca a los cinco años de la sanción de esa Constitución, salvo que el Congreso expresamente ratifique su vigencia. Esta caducidad masiva de normas dio como resultado que, en agosto de 1999, se sancionara la Ley 25146, que por primera vez prorrogó por tres años la vigencia de esta delegación. Con posterioridad, y a los tres años, se sancionó la Ley 25645, que nuevamente prorrogó por dos años la caducidad masiva de las normas. Luego, en agosto de 2004, la Ley 25918 vuelve a prorrogar la vigencia de la normas y, finalmente, la Ley 26135, dictada el 16 de agosto de 2006, la prorroga nuevamente hasta agosto del presente año. En esa situación, podemos decir que el 24 de agosto de este año correspondería la caducidad masiva de todas aquellas normas que efectivamente sufrieron distintas prórrogas de vigencia como consecuencia de las sanciones del Congreso.
Ahora bien, ¿cuáles son las normas delegadas a las que hacemos referencia? Aquí es donde nos vamos a encontrar con alguna disparidad de información. En 1999, mientras se debatía este asunto en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el IFEP —el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios— hizo referencia a que, más o menos, había 1.900 ó 1.901 normas. Este informe fue evaluado el 16 de junio por el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el ex senador Yoma, quien, respecto del estudio del Instituto Federal, manifestó que, independientemente del trabajo que se había efectuado —que era destacado y muy bueno—, no se podía determinar cuál era la calificación por materias ni se podía deducir qué normas efectivamente habían caducado por vigencia de plazo o no.
A fin de hallar este tipo de norma delegada, el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios utilizó como método la búsqueda de voces o de palabras. En consecuencia, en todas aquellas normas que incluían los términos “facúltese”, “autorícese” o “deléguese”, el Instituto entendía que estaba en presencia de una facultad delegada. Ya en 1999, el senador Yoma dijo que, independientemente de la bondad del trabajo, no se podía dar por cierto que toda aquella norma que contuviera cualquiera de estas voces nos indicaba en forma absolutamente certera que estábamos en presencia de una facultad delegada. Por lo tanto, él creía que ese era un estudio que debía servir de base, pero que teníamos que complementarlo, ordenarlo y analizarlo.
Recordemos, entonces, que para el IFEP había 1900 normas. Sin embargo, en 1999, el subsecretario de Asuntos Legales, el señor Reyna Almandos informaba que estábamos en presencia de 199 normas y no de 1900. Esto nos muestra en forma clara la complejidad del trabajo de seleccionar, unificar e identificar este tipo de normas.
Ahora bien, próximo al abordaje de este tema en agosto, la Comisión de Asuntos Constitucionales solicitó información a la Unidad de Coordinación del Digesto del Ministerio de Justicia. Con fecha 12 de agosto, remitió un informe en el que habla de, más o menos, 1500 normas y utiliza la expresión potencial “se habría”, porque, efectivamente, tampoco puede indicar certeza respecto de la cantidad de normas.
Quiero decir también que, en forma extraoficial, se puede conocer que, como consecuencia de la delegación —entre leyes, decretos y resoluciones—, hay aproximadamente entre 16.000 y 20.000 normas que debemos analizar; que son normas de menor rango constitucional pero que efectivamente entran dentro del paquete que tenemos que tratar.
Debo destacar que sobre el particular hay un esfuerzo importante, realizado no sólo por la Comisión de Asuntos Constitucionales sino, además, por la senadora Negre de Alonso —creo que ha trabajado con el senador Rodríguez Saá— para tratar de encontrar un abordaje que ponga fin a esta delegación. La senadora Negre de Alonso llega a la conclusión de que estaríamos en presencia de solo 89 normas. Independientemente de la bondad de ese trabajo, me parece importante destacar que, junto con el informe del Ministerio de Justicia, del Instituto Federal de Estudios Parlamentarios, más el trabajo que han efectuado los dos senadores a los cuales hice referencia, esto nos puede demostrar que estamos en presencia de un tema en el cual no hay precisión respecto de la cantidad de normas que debemos tratar.
Ahora bien, ¿qué se hizo hasta acá? Porque el Digesto Jurídico que ordenaba la Ley 24967 empezó a tratar de cumplir con sus objetivos y, en esa finalidad, el Ministerio de Justicio ordenó una licitación pública internacional que fue ganada por la Universidad de Buenos Aires, que empezó su trabajo en el año 99 y terminó con la elevación al Ministerio de Justicia de la Nación del soporte informático de un informe que dio como síntesis las 1.500 normas que, después, la Comisión del Digesto Jurídico remite a esta comisión. En el ínterin, hubo una comisión de juristas y se designó como presidente al doctor Sabsay. La Comisión Bicameral del Digesto Jurídico del Congreso de la Nación estableció en 2005 que dejaría de funcionar en 2006. Lo cierto es que hoy, no tenemos ni el Digesto ni el trabajo concluido.
En realidad, como dijo bien Liliana Negre de Alonso a la hora de reunirse la comisión para abordar este tema, independientemente de lo que haya hecho el Ministerio de Justicia y de los trabajos inconclusos, la mora es del Parlamento. El Parlamento tenía por mandato constitucional, establecer un digesto y, a partir de ahí, poner fin a la delegación que venía de la Constitución de 1994. Este trabajo no está terminado. Cuando empezó a funcionar, la Comisión del Digesto Jurídico trabajó con la Universidad de Buenos Aires, primero durante el decanato del doctor D’Alessio y, después, durante el del doctor Alterini. Finalmente, primero con un grupo de diez profesionales y, después, en 26 comisiones que hablan de las distintas ciencias del Derecho, efectivamente arrimaron este trabajo en síntesis, que es el que hace al soporte de la Comisión de Digesto Jurídico del Ministerio de Justicia.
Frente a esto, la Cámara de Diputados estableció un punto final, indicando que ha de entenderse que se ratificó el conjunto de delegaciones legislativas preexistentes hasta el 1994 y devienen por sí en legítimas y vigentes todas las normas dictadas en consecuencia.
Establece 240 días de plazo para terminar con el Digesto y con este estudio, que, entre otras cosas, dará a luz al Digesto de Legislación Histórica de la República Argentina, con sus decretos y reglamentaciones. Además, representa un salto de calidad, porque termina con la subdelegación.
Creo que la Cámara de Diputados trabajó con absoluta responsabilidad. De hecho, considero que no hay manera de sortear una situación como ésta, con distintas informaciones y gran cantidad de normas en abordaje. La verdad es que este Digesto no sólo no está terminado sino que, además, tenemos algo que ver con la mora que el Parlamento tiene en la manda constitucional. Me parece importante que el consenso que se logró en la Cámara de Diputados ponga plazo final a la delegación; que establezca justamente un orden, una uniformidad y una calificación de cada una de las normas por ciencia; que establezca que, dentro de 240 días, hay que disponer también del Digesto Jurídico Histórico, y que, además, haya terminado con la subdelegación, a efectos de que los distintos ministerios y secretarías no puedan emitir más normas delegadas, y que, en consecuencia, solo las pueda suscribir el presidente o el jefe de gabinete, con lo cual tendrán control parlamentario por el artículo 100, incisos 1/ y 4/. Se trata de dos acciones que, hasta el momento, no habíamos hecho.
Considero que es una salida lógica para no generar inseguridad jurídica ni un abordaje desprolijo y absolutamente asistémico.
Estamos considerando una sanción de la Cámara de Diputados que nos coloca frente a un fenomenal trabajo. El Parlamento tendrá mucho que ver con esta tarea de terminar con este análisis, con este estudio. Ojalá que, de la mano de los distintos organismos que consultemos,
tengamos mejor suerte que la que hemos tenido hasta ahora. Repito: hubo licitaciones públicas, contratos de locaciones de servicio y de obra, pero lo cierto es que no pudimos cumplir en forma ordenada la manda constitucional de 1994. Es hora de que nos hagamos cargo de esta circunstancia, porque la sanción de la Cámara de Diputados pone un punto de inflexión: tenemos 240 días, prorrogables sólo por 30 días más, para terminar con la calificación y el ordenamiento de las distintas normativas vigentes como consecuencia de la delegación.
Reitero la importancia de que tengamos en cuenta que el hecho de que el IFEP, el Ministerio de Justicia, la UBA y algunos otros organismos consultados no se ponen de acuerdo ni siquiera en cuanto a la cantidad de normas que debemos abordar. Esto habla por sí solo de la absoluta desproporción que significaría que se pretenda que en horas o días se termine con una tarea que viene —repito— incumplida desde 1994, período en el que han pasado distintos ejercicios ejecutivos.
La sanción de la Cámara de Diputados no sólo pone orden y claridad sino que, además, nos introduce en un callejón que va a terminar, si Dios quiere, con el cumplimiento de la manda constitucional de 1994 que hasta ahora no se ha dado, independientemente de los esfuerzos del Parlamento y de lo que hicieron el Ministerio de Justica y la UBA.
Sin perjuicio de destacar el trabajo de los otros senadores en conjunto con la comisión para pretender terminar con la tarea, lo cierto es que no está terminada. Sin el Digesto que califique, ordene y nos enfrente con qué tipo de normas estamos tratando, cuáles han cumplido su objeto —como, por ejemplo, la de Reforma del Estado—, cuáles han caducado por el vencimiento del plazo y cuáles no, sería imposible llevar esta tarea adelante en forma prolija y ordenada.
Los actos del Congreso de la Nación tienen responsabilidad, pero debemos ser muy prolijos en el abordaje, porque si, por un análisis erróneo estas normas pierden vigencia y no debieron haberla perdido, habrá consecuencias patrimoniales que, en general, las paga el Estado y, en consecuencia, los argentinos. Por eso me parece una muy buena la actitud de la Cámara de Diputados. Ojalá nosotros podamos accionar en paralelo con ellos y terminar dentro de los 240 días con el mandato.
Por las razones expuestas, nosotros apoyamos la sanción que viene de la Cámara de Diputados y proponemos que se vote.

Sr. Presidente. – Voy a leer la nómina de oradores para que se cierre y se vote la respectiva lista. Están anotados los senadores Petcoff Naidenoff, Negre de Alonso, Fuentes, Escudero, Pinchetti de Sierra Morales, Pérez Alsina, Reutemann, Cabanchik, Torres, Rossi, Jenefes, Estenssoro, Latorre, Romero, Rodríguez Saá, Guinle, Giustiniani, Morales, Sanz y Pichetto. También se anotan los senadores Corregido, Castillo, Vera, Basualdo, Lores, Colombo y Marín. Después reordenaremos la lista.
En consideración el cierre de la lista de oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la lista de oradores. Luego evaluaremos el tiempo. Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: creo que estamos ante una discusión trascendente y de fondo, en función de que el Ejecutivo intenta, por esta vía, prorrogar de manera permanente facultades que no le son propias sino que son atribuciones que le competen al Congreso de la Nación.
En primer lugar, tal como lo expresaba el propio miembro informante, no debemos perder de vista la reforma de la Constitución de 1994. Porque la reforma de la Carta Magna de 1994 tuvo como propósito central, en principio, atenuar el presidencialismo, revitalizar el rol del Congreso, lograr un mayor equilibrio de poderes en la Argentina y, fundamentalmente, acentuar la independencia del Poder Judicial. Al respecto, el 20 de convencional García Lema señalaba que las ideas–fuerza giraban en ese sentido: la consolidación y el perfeccionamiento del sistema democrático, el equilibrio de poderes, la disminución —sobre la base de su atenuación— del presidencialismo exacerbado y lograr mecanismos de control que, justamente, nos dieran previsibilidad.
Entre los institutos que se han reformando, y respecto de la materia de facultades delegadas, se estableció un principio general a través de la sanción del artículo 76. En ese sentido, la Constitución ha establecido como regla de manera muy clara y contundente, desde 1994 en adelante, la prohibición para el Poder Ejecutivo de ejercer facultades legislativas. Es decir, se prohíbe el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo. Ahora bien, esa regla tiene excepciones. Ellas están dadas en materia de determinada administración o de emergencia pública, con plazos fijados para su ejercicio y dentro de las bases para la delegación que el Congreso establezca.
Podemos decir que, desde 1994 en adelante, las reglas estaban muy claras. Pero, ¿qué se hacía con la legislación delegada preexistente a la Reforma de 1994? Justamente, para eso se introdujo la cláusula transitoria octava, que establecía un plazo de cinco años a efectos de que el Congreso revisara la legislación delegada y, en ese período, el Parlamento pusiera en
su justo lugar cuáles eran las leyes que se ajustaban a lo resuelto por la Constitución conforme su modificación o no.
Lógicamente, transcurrieron cinco años —el miembro informante fue muy claro en su exposición— y se fueron sancionado sucesivas prórrogas. Es decir que este Congreso ya estuvo en mora en 1999, pues por medio de la Ley 25148, se prorrogó por tres años y con arreglo a las bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo la totalidad de la delegación legislativa. Esto se prorroga nuevamente en 2002 por un plazo de dos años más a través de la Ley 25645. En 2004, y manteniendo la misma línea, se profundiza la prórroga por un plazo de dos años. Y llegamos a la Ley 26135, de 2006, mediante la cual se prorrogan por tres años más las facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo, que vencen el 24 de agosto.
En el contexto de un Poder Ejecutivo que ha hecho uso y abuso de las facultades delegadas, la Corte, como intérprete final de la Constitución, también ha establecido ciertos parámetros: justamente, el parámetro al cual deben estar acotados las facultades y los decretos delegados. Al respecto, la Corte señaló, en un fallo relacionado con una presentación efectuada por el Colegio Público de Abogados, que el artículo 76 es muy claro y establece tres requisitos. Justamente, se establecen las delegaciones conforme las pautas del artículo 76 pero con un agregado que tiene que ver con el artículo 100, inciso 12, de la Constitución Nacional. Es decir que el artículo 76 prohíbe delegar facultades, salvo —de manera restrictiva y excepcional— que se trate de materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. En ese caso, eso deberá estar refrendado por el jefe de Gabinete de Ministros y sometido al control de la Comisión Bicameral Permanente.
Pero la verdad es que transcurrieron quince años, durante los cuales, por una razón u otra, este Congreso no asume las facultades que le son propias, y la interpretación de naturaleza restrictiva y excepcional, prácticamente, se ha transformado en una cuestión ordinaria, generando de manera clara y contundente no sólo un desfasaje institucional sino, hasta si se quiere, la pérdida concreta de derechos de muchísimos ciudadanos, como lo voy a explicar más adelante.
El miembro informante fue muy claro cuando ha dicho lo que se ha hecho ante esta propia mora y ante este paquete de más de 1.900 leyes para tratar de cumplir con este mandato constitucional. Más allá de los proyectos que fueron presentados, inclusive por nuestra propia bancada, lo cierto y concreto es que el Congreso está en mora. De hecho, uno puede tener la mejor predisposición o buena voluntad para que, a través de una comisión bicameral permanente, por ejemplo, se trate el estudio de esta materia delegada; pero la realidad es absolutamente diferente en la Argentina actual, respecto de la vivida tiempo atrás.
Aquí no se trata de oportunismo sino de realidades. ¿Y por qué de realidades? Porque, quizás, algunos no lo quieran admitir o a algunos, tal vez, les resulte funcional, pero estamos empantanados en una especie de permanente democracia delegativa. En este empantanamiento de la democracia delegativa, el Poder Ejecutivo, muchas veces, está plenamente convencido de que los ciudadanos le otorgan un poder absoluto o un cheque en blanco para hacer lo que se quiere, y que todo control institucional resulta una injustificada traba. Como diría Guillermo O' Donnell, los gobiernos de turno olvidan muchas veces que el Congreso no es menos gobierno que el Poder Ejecutivo. Con este mecanismo de prórroga de facultades extraordinarias, se produce la mayor abdicación o la mayor de las claudicaciones, que es la de conceder facultades extraordinarias a un Poder que no tiene facultades para legislar.
Siempre somos conscientes —y en esto coincidimos también con el propio O'Donnell— de que todo mecanismo de representación conlleva o trae aparejado una dosis de delegación. Ahora bien, las delegaciones deben marcarse, justamente, en el contexto y en los parámetros que establece la propia Constitución. De hecho, representación y delegación no son contradictorias. Lo que observamos es que hay una democracia delegativa absolutamente profundizada que no cumple con el eje central de la rendición de cuentas. Porque hay una rendición de cuentas en la democracia delegativa entre gobernantes y gobernados a través del mandato y a través de las urnas a las que uno se somete cada dos años; pero en la rendición de cuentas horizontales —que son a través de las instituciones—, quienes encarnan la democracia delegativa observan este tipo de mecanismos de control como un estorbo, como muchas veces resulta un Congreso, cuando uno quiere manejarse en el marco de la discrecionalidad más absoluta, no sometiéndose a ningún tipo de control.
Entonces, más allá de lo que se vino dando en estos quince años hay que reconocer —como se ha dicho— que estamos en mora, que estamos en falta. Creo que todo tiene su tiempo y su momento. Me parece que en el país se han dado una serie de hechos que también es importante tener presente y, fundamentalmente, tener presente el mensaje de la gente. Tenemos que ser muy claros cuando hablamos del mensaje de la gente. Porque, ¿qué ha cambiado en el país en los últimos tiempos? No sólo me refiero al mes de marzo, cuando, desde lo personal y en función de la experiencia que nosotros receptamos en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, hemos presentado un proyecto tendiente a trabajar en un marco de contexto serio e institucional. ¿Con qué objetivo? Crear una bicameral a efectos de sujetar esta legislación delegada a los parámetros de la Constitución, para cumplir con el mandato constitucional. Pero, más allá de eso, no solo cambiaron los tiempos sino que cambiaron las realidades. No hay que olvidarse lo que generó el conflicto con el campo y el acompañamiento de la sociedad. Cuando la gente visualizó un Congreso en función de un Ejecutivo que no entraba en razones, el Congreso fue la bocanada de aire fresco para destrabar un conflicto que había puesto en vilo a la sociedad argentina. Claro está que el 28 de junio la gente también se expresó. En tal sentido, creo que la gente no solamente dijo “basta” a un estilo de ejercicio de poder que tiene mucho de intolerante, mucho de autoritario, sino que, fundamentalmente, fue una expresión de decir “basta a la discrecionalidad”. De hecho, decir “basta a la discrecionalidad”, también, fue decir “basta” a un Poder Ejecutivo que hace lo que quiere más allá de que el Congreso exista.
Poner freno a la discrecionalidad va de la mano de que el Congreso recupere su rol. Y recuperar su rol es cumplir con la Constitución. Entonces, cuando decimos que no se pueden delegar ininterrumpidamente estas facultades y se debe cumplir con el mandato de la Constitución, estamos hablando de que tenemos que recuperar nuestro propio rol. Porque acá no se acaba el mundo ni se viene la noche. Acá, lo o único que puede pasar es que, si no se otorga la prórroga de las facultades delegadas, el Congreso cumpla con su cometido: recuperar nuestro propio rol. Si eso significa discutir políticas públicas vinculadas con sanciones legislativas, bueno: para eso está el Congreso.
¿Qué hizo el gobierno con el mensaje de la gente, señor presidente? Es bueno saber qué se ha hecho en este tiempo. En una primera instancia, parecía que el gobierno había receptado el mensaje de la ciudadanía y convocó al diálogo, tanto a los partidos políticos como a diversas organizaciones. Con absoluta buena fe y —creo yo— con mucha esperanza, la gente tomó esta iniciativa con muy buenos ojos. Sin embargo, han transcurrido más de treinta días desde el comienzo del diálogo y lo que observamos es que, más que un diálogo, es un monólogo donde hay imposiciones. Además, en el lugar donde se tienen que definir las políticas vinculadas con lo que la gente ha votado —poner un freno a la discrecionalidad—, nos encontramos con esta clase de proyectos: se va por más prórrogas y por más superpoderes que, en realidad, no tienen el techo que se dice. La línea es la misma. Se avanza con decretos de necesidad y urgencia para aumentar el gasto sin ninguna discusión en el Congreso. Es decir, “acá no ha cambiado nada” y, en realidad, han cambiado muchas cosas.
No solamente hubo un mensaje de la gente sino que, también, hay que asumir que el Congreso de la Nación —y en especial nosotros, como senadores de la Nación— debe recuperar la autoestima y darse cuenta de que debe cumplir con el mandato de la Constitución sin considerar las excusas para la prórroga. Algunos dicen: “Bueno, está bien; se trata de 1.900 leyes”. Es así; sin embargo, ya pasaron quince años. Como bien lo ha explicado el señor miembro informante, hay senadores de algunos interbloques que tienen un trabajo hecho en el sentido de que no son 1.900 sino muchas menos. Está bien; pero lo real y concreto es que hay que abocarse ya a recuperar las facultades que corresponden al Congreso de la Nación. De eso se trata.
Pero mientras se dialogaba y mientras en el Congreso tratamos estos temas, en el marco del diálogo, “bueno, avancemos con un impuestazo, avancemos con un tarifazo mediante un decreto en virtud de una facultad delegada; y, de paso, también, tratemos de poner un techo que no existe con los superpoderes”. Es decir, la discrecionalidad está al orden del día en la Argentina. De la mano de concebir y ejercer este estilo de poder, lo real y concreto es que lo excepcional se ha transformado en ordinario. El gobierno —claro está— no logra distinguir caminos alternativos y se aferra a la misma receta. Como lo dice O’Donnell, este convencimiento de ser los intérpretes de los más altos intereses de la Nación tiene mucho que ver con esta lógica de la confrontación de amigos y enemigos.
Fíjese cómo funciona esta lógica, señor presidente, que hasta nos han tomado como enemigos. Porque he escuchado a senadores del oficialismo acusarnos de ser dramáticos, exagerados, de hiperdimensionar los hechos y hasta nos preguntaron si los íbamos dejar gobernar. Hacer este tipo de preguntas, sobre todo, a los miembros de la bancada de la Unión Cívica Radical, una bancada que ha acompañado muchas de las políticas del gobierno, pone en la balanza dónde estamos parados. El mensaje del Poder Ejecutivo es más discrecionalidad, y fijar el camino del diálogo, en realidad, ha sido tratar de entretener para poder avanzar en la línea que se viene teniendo hasta el presente.
Señor presidente: creo que, en función de las cosas que se han dado en estos últimos quince años y más allá de la mora, por los momentos que vive nuestro país, necesitamos en forma imperiosa recuperar las facultades delegadas. Y estoy plenamente convencido de que, si el gobierno necesita que se trate una materia pendiente, acá estamos y estaremos. Eso hace el Congreso de la Nación: discute y trata lo que le corresponde.
Si bien se está en deuda ante la sociedad, fundamentalmente por la propia mora, me parece que, si en el pasado se cometieron errores, esos errores deben servir para hacernos cargo de ellos. Hacerse cargo de estos errores también significa asumir facultades. Por eso, señor presidente, nosotros no solo no acompañamos este proyecto sino que estamos plenamente convencidos de que la política no es únicamente conflicto o confrontación; la política es diálogo. En esa línea, no vamos a acompañar este proyecto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: si tuviera que definir esta iniciativa que estamos tratando hoy, diría que es uno de los cuatro jinetes de Apocalipsis. Es una ley que no puede causar mayor impacto en el sistema institucional, no puede tener mayor poder de destrucción ni carencia de límite y, además, no tiene límites en los daños que ha causado y en los que irá a causar en el futuro. Porque esto que hoy estamos debatiendo no tiene que ver únicamente con los intereses de un importante sector de la Argentina, el agropecuario, el de la producción. Estamos debatiendo la institucionalidad de la República Argentina; estamos debatiendo el funcionamiento de la República; estamos debatiendo la naturaleza misma de este órgano al cual nosotros pertenecemos, ya que honrosamente los pueblos de nuestras provincias nos votaron para que los representemos.
Además, señor presidente, quiero adelantar al sector del campo, que está tan preocupado por esta norma, que no se haga problema, porque hoy terminan las facultades delegadas. Hoy, presidente —ya lo voy a desarrollar—, no hay ratificación, en este proyecto que está sosteniendo el oficialismo, de las normas delegadas. Entonces, hoy mueren en la Argentina las retenciones y la delegación del Código Aduanero; y ya voy a desarrollar el tema.
Ya hablaron de la historia el miembro informante, presidente de la Comisión; y el miembro informante por la Unión Cívica Radical. Efectivamente, esto es anterior a la Reforma Constitucional. Fíjese, presidente, que esta ley tiene origen en los gobiernos de facto. Si leemos a los constitucionalistas, dicen que son los gobiernos de facto de la Argentina los que primero se arrogaron las facultades y empezaron a legislar, y que fueron las distintas Cortes las que ratificaron esa función en virtud de que no existía una norma expresa en la Constitución. Están los famosos casos Delfino y otros, que tantas veces hemos nombrado.
En oportunidad de la Reforma Constitucional, el núcleo de las Coincidencias Básicas era fortalecer el funcionamiento de la República. Por eso, dije que era uno de los jinetes del Apocalipsis. Hay otros: los DNU, el Consejo de la Magistratura. Entonces, el constituyente dice: “De ahora en más, prohibimos la delegación legislativa, con excepciones. Además, tenemos el artículo 29 de la Constitución, que nunca debemos olvidar, nunca lo debemos olvidar. Pero vamos a tomar una medida con respecto a la legislación anterior”. Así, fija la cláusula octava para que revisemos la legislación delegante anterior al año 94.
¿Qué es lo que ocurre? Lo que mencionó el senador Fernández acá.. No es que él haya querido menoscabar pero yo, en verdad, quiero hacer un homenaje al Instituto de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación. Porque ya en 1999, este instituto, que dirigía el doctor Iribarne, había elaborado un arduo y enjundioso trabajo, en el que se establecía que había 1.901 leyes dictadas en virtud de legislación “delegante”, que es distinto a “delegada”.
Es distinto y lo tenemos que entender, aunque me parece que el Ministerio de Justicia no lo entiende, por los antecedentes que ha enviado a este Congreso. Entonces, elabora esto; y no se puede realizar.
En realidad, el Digesto Jurídico fue proyectado con anterioridad a 1999, en 1998. Pero voy a dejar de lado el tema del Digesto Jurídico porque quiero señalar que aquí existe una responsabilidad funcional de cada uno de nosotros en este tema. Sin embargo, nunca se logró y, entonces, vinieron las prórrogas. Quiero que analicemos atentamente las tres leyes de prórroga y el proyecto que el Poder Ejecutivo ha enviado para prorrogar estas normas por 240 días.
En 1999, se sanciona la Ley 25148, por medio de la cual se ratifican las facultades delegantes por tres años, y en el artículo 3°, se aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante anterior a 1994. O sea, el Poder Ejecutivo tenía delegadas facultades legislativas y, en virtud de ese poder, dicta leyes, decretos o reglamentos delegados —como los llaman otros constitucionalistas—. En 1999, se ratifica todo eso anterior a 1994 y se prorroga por tres años. En 2002, se sanciona la Ley 26645, por
medio de la cual se aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la delegante anterior a 1994, pero no se expresa nada con respecto a la legislación delegada. En 2004, cuando se vuelven a vencer estos plazos, se aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante hasta el 24 de marzo de 2002. Y después, en 2006, se vuelve a aprobar la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la Reforma, desde agosto de 2004 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley.
Señor presidente: como le dije al señor senador Fernández en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ese artículo no está en la ley. Consecuentemente, hoy no estamos ratificando el uso de las facultades delegadas de los tres años anteriores, razón por la cual, cesan en el día de hoy todas las normas que se dictaron en uso de las facultades delegantes, porque no hay ratificación. Tendrán que dictarlas de nuevo si la norma que propone el oficialismo logra tener sanción.
¿Cuál es la cuestión que hoy se plantea, presidente? Se afirma que no hubo tiempo. En realidad, yo hago también un mea culpa por no haber insistido en este estudio. Hace unos días ,me encontré con un ex senador, un colega de la Unión Cívica Radical, García Arecha, quien me dijo: “Bueno, por fin terminaste con el famoso tema de las leyes y la legislación delegada”. Efectivamente, es un tema pendiente para el Congreso. Entonces, con el señor senador Rodríguez Saá y nuestros equipos de trabajo nos dijimos: “Pongamos un límite; cerremos el capítulo institucional de la Argentina y terminemos con esta materia pendiente que tiene el Congreso”. Efectivamente, es una materia previa que venimos llevando año tras año; nos van prorrogando los plazos y nos permiten “seguir en la universidad”. Más o menos ese es el tema. De tal modo, nos pusimos a revisar las 1900 leyes.
No es que estemos enamorados del proyecto. Se lo hemos mandado a todos los senadores y puede tener errores, es perfectible. Pero lo cierto es que de esas 1.901 leyes, nosotros creemos que hay 88 —podrán ser más, podrán ser menos— que deben cesar y que hay 10 que deben ser reemplazadas por instrumentos legislativos que necesitan debate y que podían prorrograrse, según era nuestra propuesta, por un año más. ¿Qué es lo que queremos decir en este marco? Que hemos probado que hay que desmitificar el “no se puede”, la máquina de impedir. Pero no es ingenua la máquina de impedir, ni tampoco lo es que el Senado y la Cámara de Diputados no revisen. Yo he mandado a la Cámara baja el proyecto cuando me lo han pedido. ¿Cómo puede ser que sobre 98 leyes no haya una sobre la que podamos compartir el hecho de que hay que hacerle caducar los poderes delegados al Poder Ejecutivo?
¡Esto no es ingenuo! Por supuesto, es más fácil ocupar el rol del Legislativo y del Ejecutivo. ¿O qué vamos a decir? ¿Qué únicamente tenemos la culpa nosotros? Si nos hubiéramos puesto en marcha, lo podríamos haber hecho. Tal vez, podríamos haber dividido esta tarea entre todos y así hubiésemos revisado dos o tres leyes cada uno. Pues bien, trajimos 98 leyes a consideración de los colegas y el oficialismo no aceptó ni una.
A la vez, quiero decir al señor senador Fernández que lo del Ministerio de Justicia es una verdadera vergüenza, es un escándalo, una falta de respeto a este Cuerpo. Más aún, creo que podría dar lugar al planteo de una cuestión de privilegio. El tema fue así: el presidente de la comisión nos informó en la reunión del 12 que el ministro le había mandado ese trabajo, que tengo acá y que, por supuesto, me tomé el trabajo de revisar íntegramente. ¿Saben cuándo lo mandó a la Comisión de Asuntos Constitucionales? El 11, que fue miércoles y cuando se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados. ¿A usted le parece, señor presidente, que eso es serio para el funcionamiento de una república? ¿A usted le parece que podemos hablar de calidad institucional cuando el ministro de Justicia tenía esto guardado desde 2006? Porque tenemos la copia de la Comisión de Juristas que se lo remitió. ¿Es ingenuidad política? No. Es intento de despotismo, de legislar dictatorialmente. Es denostarnos, despreciarnos, porque no seríamos capaces de legislar.
Es mentira lo que dicen en cuando a que es legislación delegante. Acá hay legislación delegada y la legislación delegada está ratificada por nosotros hasta el año 2006. Consecuentemente, no hay nada para revisar. Esto lo mandaron para asustarnos. Claro, el que no estudia se asusta, pero a mí esto no me asusta. Yo me puse a revisarlo. No importa que duerma dos o tres horas por día. Acá está: es mentira. Además de que nos han faltado el respeto, nos quieren hacer creer que tendríamos que revisar todas estas leyes para salir de esta situación de empantanamiento institucional que tenemos. No es así, señor presidente.
Aquí estamos para trabajar por la República y para que le vaya bien al gobierno, porque significa que le va bien a la Argentina, pero respetando los roles que cada uno tiene en este país y respetándonos a nosotros como institución.
Quiero ir terminando, señor presidente. Nosotros hemos presentado un dictamen en minoría y nos habría encantado que, por lo menos, en el caso de una ley —repito: una ley—, algún miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales o su presidente hubiera dicho que compartía nuestra opinión y que era necesario hacer caducar esta o aquella otra.
Por lo menos, para darle una señal a la sociedad. Tal vez, podrán ser 100 ó 150; algunos considerarán que deberían ser sólo 30, lo que es perfectible, porque se trata de una tarea humana. Pero no puede ser que a libro cerrado y con las manos atadas sigamos prorrogando la legislación delegante.
Además, señor presidente, como no estamos ratificando la legislación delegada, hoy cae el aumento de las retenciones de noviembre de 2007. Por eso, le dije al sector agropecuario que no tenga miedo. Quiero aclarar que esto es mucho más grave que los intereses de un sector: hace a la institucionalidad y a la calidad institucional de la República Argentina.
Por los motivos que acabo de exponer, vamos a votar en contra de este proyecto.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero.- Señor presidente: quiero compartir lo que dijo la señora senadora preopinante en el sentido de la importancia de lo que hoy estamos decidiendo, por cuanto la decisión de hoy nos va a trascender y tiene mucho que ver con la institucionalidad.
La cuestión de las facultades delegadas es compleja. Ya lo era en nuestro sistema constitucional, por cuanto en nuestra Carta Magna y leyes tenemos dos vertientes, la norteamericana y la española, que constituyen dos sistemas distintos.
La Reforma Constitucional de 1994 tuvo una intención absolutamente clara y fue la de poner orden a este caos de delegación legislativa que existía en el país. La decisión fue clarísima y está plasmada nítidamente en el artículo 76 de la Constitución Nacional: reducir el poder presidencial. Así, se establece el principio de prohibición de delegación legislativa, aunque con dos excepciones: materias de administración y de emergencia pública; y, siempre, por un plazo determinado.
Además, se eleva el status del refrendo de esa legislación delegada exigiendo que sea efectuado por el jefe de Gabinete de Ministros. Es decir, está clarísimo: la delegación se permite en los dos únicos casos que se aceptan y se da al jefe del Poder Ejecutivo, es decir, al presidente, quien tiene que ejercerla con el refrendo del jefe de Gabinete de Ministros.
Para solucionar las cuestiones anteriores, la Constitución Nacional contiene la cláusula octava, que establece claramente un plazo de caducidad de la legislación delegada de cinco años, a menos que una ley expresa la prorrogue.
En este punto, quiero hacer una clara distinción, a la que ya se refirió un poco la señora senadora Negre de Alonso, entre legislación delegante y legislación delegada. Legislación delegante es aquella por la cual el Congreso se desprende de parte de sus facultades y dice: “Este poder de legislar se lo paso al Poder Ejecutivo”. Y legislación delegada son los reglamentos que el Poder Ejecutivo dicta en ejercicio de ese poder que le ha sido delegado. Son dos cosas distintas.
La cláusula octava habla de legislación delegada; de ningún modo la Constitución Nacional ha autorizado prórrogas genéricas de legislación delegante. La legislación delegante se terminó con el artículo 76 de la Constitución Nacional. No hay legislación delegante que no cumpla con los requisitos del artículo 76 de la Constitución Nacional, es decir, cuestiones de administración o de emergencia y por plazo determinado. Lo único que se podía prorrogar, y sí se hizo, fue la legislación delegada, es decir, la legislación nacida al amparo de esas facultades cedidas transitoriamente.
¿Qué ha caducado? En la Argentina, ya ha caducado toda legislación delegante. Esa legislación delegante anterior a 1994 no existe más. Y la legislación delegada ha sido ya incorporada y hecha ley hasta la última ratificación que se hizo en 2006. En adelante, se presume que toda legislación delegante es adecuada al artículo 76.
Entonces, no se entiende qué es lo que se quiere prorrogar con esta norma que tiene sanción de la Cámara de Diputados. O sea, si estamos queriendo prorrogar legislación delegante, podemos decir que no hay facultades para ello, pues la única legislación delegante que podríamos prorrogar tendría que ser específica en cada caso y debería estar adecuada a las condiciones que fija el artículo 76 de la Constitución Nacional.
De ningún modo podríamos estar autorizando delegación de facultades al jefe de Gabinete de Ministros, porque eso está absolutamente prohibido por nuestra Carta Magna. Es decir, la Constitución establece que solamente se puede delegar facultades en esos dos únicos casos, por plazo determinado, y las tendría que ejercer el Poder Ejecutivo por vía de decreto, refrendado por el jefe de Gabinete de Ministros y bajo el control de la Comisión Bicameral Permanente.
Con estas aclaraciones,, quiero referirme también a qué pasa con los derechos de exportación. Hemos visto una gran inquietud por parte de las organizaciones agropecuarias, pues entienden que, si se prorrogasen estas facultades —de aprobarse esta norma—, se estarían prorrogando también las facultades que está ejerciendo el Poder Ejecutivo en materia de derechos de exportación.
Como dije anteriormente, la Ley 25148 dejó caducar toda la legislación delegante 20 de que no se refiriera a alguno de los supuestos del artículo 76. Pero, en materia tributaria, ni antes de la reforma de la Constitución ni después de ella, es posible delegar facultades que establecen tributos. Eso está absolutamente prohibido y ha sido la doctrina permanente, unánime, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque, si algo ha resguardado, es el poder del Congreso de establecer y crear tributos.
Efectivamente, en uno de sus fallos, la Corte ha dicho que, en el régimen representativo y republicano de gobierno, ningún principio es más esencial a su naturaleza y objeto que la facultad atribuida a los representantes del pueblo para crear contribuciones necesarias a la existencia del Estado. En todo Estado soberano, el Poder Legislativo es el depositario de la mayor suma de poder y es, a la vez, el representante más inmediato de la soberanía. El contribuyente, el ciudadano, con su voto, designa a sus representantes para que estos sean los únicos que puedan crear impuestos; y eso no se puede delegar. Ese es un principio indelegable. La reserva constitucional de ley formal para la imposición de tributos es absoluta y no deja resquicio alguno para dispensar la intervención del Congreso.
Actualmente, hay una causa pendiente de decisión en el ámbito de la Corte Suprema que ha establecido esta doctrina. En el caso “Gallo Llorente, Santiago y otros c/Ministerio de Economía”, correspondiente al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N/ 10, la Justicia dice claramente que, dada su naturaleza, las retenciones cuestionadas no resisten el análisis de constitucionalidad de cara al principio de legalidad. La delegación genérica prevista en el artículo 755 del Código Aduanero y la subdelegación instrumentada por Decreto 2752/ 91 y demás normas ratificantes no cumplieron con las exigencias del artículo 76 de la Constitución Nacional. En consecuencia, hoy no cabe duda de que, en la Argentina, las retenciones a las exportaciones agropecuarias carecen de sustento legal. Diferente es lo que sucede con las retenciones a los hidrocarburos, que sí fueron autorizadas por el Congreso en la ley de emergencia, que es prorrogada todos los años.
Fíjense que la naturaleza tributaria de las retenciones a las exportaciones es absolutamente reconocida. Recordemos que Joaquín V. González las denominaba “Impuestos de aduana” y señalaba que todo lo que se refiera a la legislación sobre aduana, al establecimiento de derechos, fijación de tarifas y demás impuestos remuneratorios derivados de los servicios que la Nación presta por medio de ellas es una facultad privativa del Congreso.
En su artículo 754, el Código Aduanero dispone que el derecho de exportación específico debe ser determinado por ley. Los artículos 733 a 749 establecen la base imponible sobre la cual se debería determinar legalmente el monto del impuesto. El artículo 755, que contiene esta delegación, es una norma de 1981, de un Poder Ejecutivo de facto, por lo cual —como todo lo que hizo ese Poder— viola la Constitución y establece una delegación absolutamente inconstitucional. Esa delegación ha caducado a partir de la reforma de la Constitución Nacional. Y esa facultad ha caducado a partir de lo que este propio Congreso ha resuelto con posterioridad.
Quiero señalar lo que agrega la Justicia cuando analiza este tema de las retenciones a las exportaciones agrícolas, cuestionando el texto legal del artículo 755 del Código Aduanero.
Dice que no fijó bases ni límites; no estableció una política legislativa clara para el ejercicio de la atribución conferida; y tampoco fijó valores o escalas como, por ejemplo, sí lo hizo el artículo 676 del mismo Código para los derechos de importación.
Es decir que aquí estamos prorrogando facultades que no existen. En efecto, el Poder Ejecutivo carece de facultades legislativas para establecer derechos a la exportación en cualquier materia, salvo aquellas que se encuentran reguladas específicamente pero, en este caso, no hay ley que lo sustente.
De modo que quiero destacar el trabajo que ha realizado la señora senadora Liliana Negre de Alonso, efectuando un esfuerzo que va encaminado en el sentido correcto. Como ya no se puede prorrogar legislación delegante abiertamente y como la legislación delegada ya ha sido incorporada, lo que hay que hacer es revisar cada una de estas leyes ratificadas por haber sido dictadas como consecuencia de facultades que tenía el Poder Ejecutivo y, así, empezar a derogar todas aquellas normas que ya no tiene sentido sostener.
Creo que hoy estamos decidiendo algo muy importante. Entiendo que el precio que pagamos al desconocer los principios es muy alto. A la anomia que hoy vive el país, a la falta de cumplimiento de las normas por parte del propio Poder Ejecutivo —que es el encargado de respetarlas—, se suma la crispación social.
En consecuencia, pido a mis pares que reflexionemos y sepamos qué estamos haciendo por el país en el día de hoy.

Sr. Presidente. — Como el señor senador Torres no está en el recinto, tiene la palabra la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. — Señor presidente: desde que comenzó este debate de la delegación de facultades, hemos escuchando a diferentes senadores el relato del trabajo ímprobo que debíamos haber hecho para ordenar las 1.901 leyes que todavía están pendientes de ser revisadas.
En este sentido, quiero resaltar la tarea que se ha hecho en mi provincia, para poner como ejemplo a los señores senadores y diputados de la Nación que una tarea como la que aquí no se ha efectuado sí se puede hacer tranquilamente cuando hay voluntad y decisión políticas. En el término de un año, en Tucumán, se han revisado ocho mil leyes y el Digesto consolidado será entregado a la opinión pública y a la ciudadanía de la provincia este próximo 29 de agosto, fecha en que se celebra el natalicio de Juan Bautista Alberdi.
Con esto quiero decir que esta tarea largamente demorada se puede hacer. Se ha intentado varias veces y nunca se ha llegado a consolidar esta labor. Por lo tanto, es hora de que se la haga; y los señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá han dado un ejemplo de voluntad, de perseverancia y de conducta política y ciudadana. En este sentido, creo que todos nosotros debemos estarles agradecidos. Por eso, además, hemos firmado el dictamen que dicha señora senadora ha presentado y hoy quiero hacer mías sus expresiones, así como las de la señora senadora Escudero.
Vengo a este debate, como aquéllas, a defender la Constitución Nacional, porque es la piedra angular del estado de Derecho y porque juré hacerlo por encima de partidos, afectos y emociones. Además, vengo a defender la tarea que tiene que hacer el Congreso de la Nación como poder del Estado de una República democrática, y sobre todo, la voluntad soberana expresada en las urnas el último 28 de junio, que le puso freno a una manera de hacer política y de administrar una Nación. Apoyada en estas tres razones, y en las expresadas largamente por las señoras senadoras Escudero y Negre de Alonso, vengo a rechazar la prórroga de la delegación de facultades legislativas, porque la Constitución Nacional encomienda al Congreso sancionar las leyes sin importar si le gusta o no al poder de turno.
Si hoy aprobáramos esta delegación, estaríamos dándole la espalda a la voluntad popular e hiriendo gravemente al núcleo vital de la democracia, que es el Congreso de la Nación. El artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe enfáticamente la delegación de facultades legislativas. El Congreso de la Nación debe recuperar las facultades que les son propias, porque nosotros tenemos razón de ser en tanto y en cuanto cumplamos con nuestra función de legislar, función que no debemos ni podemos delegar en el Poder Ejecutivo nacional.
Además, tal como han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, dentro de estas 1.901 normas que deben ser revisadas, actualmente, dentro de la legislación delegante, se encuentra el Código Aduanero, a partir del cual se establecieron las retenciones a las exportaciones. Es decir, si hoy se impone la voluntad de la mayoría, podría llegar a interpretar el Poder Ejecutivo nacional que todavía tiene poderes para seguir castigando al sector agropecuario, que es el más activo de la economía y el que más aporta a los destinos del país.
En las reglas de juego democráticas, republicanas y federales, el rol de los representantes del pueblo y de las provincias es indelegable. No debemos dejar decisiones propias a nuestra tarea y a nuestra función, y que afectan a toda la sociedad, en manos de la voluntad y del criterio de una sola persona.
La Constitución, como lo hemos dicho muchas veces en este mismo recinto, es un pacto político; es el tratado de paz de los argentinos; garantiza el equilibrio de los poderes y la autonomía de las provincias, que ha sido vulnerada en forma permanente porque miembros del Congreso Nacional han decidido quitarle los poderes al Parlamento —en donde están representados el pueblo y las provincias— y darle el poder que es de ese pueblo y de esas provincias al presidente de la República.
El 28 de junio el pueblo argentino votó mayoritariamente que la Argentina vuelva al respeto y a la normalidad de sus instituciones. Votó mayoritariamente que se acabaran los superpoderes y que las facultades delegadas de manera excesiva, de las que ni siquiera se conoce su contenido, sean definitivamente olvidadas.
Con nuestro voto en contra, venimos a decir que esta oposición que hoy estamos representando está planteando más y mejor calidad democrática; y que si la Argentina, en determinados momentos, ha tenido terribles estados de excepción, es hora de que nuestro país sea capaz de mejorar su calidad democrática y de entender que la construcción colectiva es la que se merece nuestro pueblo.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.

Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: como ya lo dijeron los señores senadores preopinantes, estamos ante un proyecto de una importancia institucional muy fuerte.
Considero que tiene dos aristas que debemos analizar. Una es el aspecto políticoinstitucional y otra, el aspecto jurídico, al que se han referido varios de los señores senadores que ya hicieron uso de la palabra, en especial, el miembro informante.
En el aspecto político, debemos aceptar que, si se aprobara hoy el proyecto tal cual viene con el dictamen de mayoría, en primer lugar, certificaría, lamentablemente, el fracaso del diálogo político. Porque hablar de diálogo político cuando se impone este proyecto sin un consenso previo es, prácticamente, hablar de la inutilidad del debate. Y no me refiero a aquellos que aceptaron la convocatoria y llevaron un temario expreso. ¿De qué sirve llevar un temario expreso si, después, se decide de manear unilateral?
Lamentablemente, ese tipo de actitudes son receptadas por la sociedad.
Asimismo, a través de este proyecto, se ignora la voluntad electoral plasmada el último 28 de junio. Esa voluntad no se expresó en contra de este sistema; simplemente, lo que el pueblo argentino votó el 28 de junio fue la adopción de una política de consenso y de diálogo para que puedan tratarse cada uno de los temas en un ir y venir entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, porque son demasiadas y muy graves las cuestiones con las que estamos en deuda los argentinos como para considerarlas unilateralmente. Esos eran los temas que el pueblo quería que fueran discutidos entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento.
Además, son muchos los puntos a tratar a través del consenso. Uno de ellos es el de la política agropecuaria, que está siendo cada vez más regresiva, a pesar de que hay un sector que prácticamente aporta un 40 por ciento de empleo. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber un debate conjunto entre estas dos instituciones acerca de la política agropecuaria, y no una acción unilateral?

— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, el senador José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Pérez Alsina. — Entre esos temas, también está la política federal —con provincias cada vez más empobrecidas—; política de empleo —con un aumento, independientemente de los índices, cada vez mayor del desempleo, del trabajo informal y de los índices de pobreza—; política para disminuir la brecha que se está dando entre los sectores de mayores y menores ingresos—; política de seguridad; política en cuanto a la retención de capitales; política relacionada con la inversión directa —inversión que contribuye al desarrollo, la que al ser cada vez menor aumenta el problema laboral—; política en la manipulación de los índices; y política energética, respecto de la cual prácticamente se aceptó el fracaso de las últimas medidas que implementó el Poder Ejecutivo.
¿Cómo, en todo esto, no va a actuar el Parlamento? Hay que tener en cuenta que se trata de un Congreso que ofrece encarar estas acciones junto con el Poder Ejecutivo, es decir, no en forma unilateral ni mediante imposiciones. Todo esto —que era necesario— cae por tierra con la aprobación de esta iniciativa, porque solamente dejamos en cabeza de un poder la discusión de estos temas. Escuché atentamente al señor miembro informante, quien hizo una defensa jurídica de este proyecto que considero equivocada, pues podría llegarse a la misma solución mediante un camino totalmente distinto y de consenso. Prácticamente, lo que manifestó el señor miembro informante podría resumirse en “aprobemos esto porque se cae un andamiaje jurídico”. Sin embargo, de ninguna manera se cae un andamiaje jurídico. Hay formas de hacerlo sin esta prórroga de delegaciones que se pretende aprobar. En primer lugar, es importantísima la distinción que hizo la senadora Escudero entre legislación delegante y legislación delegada. En ese sentido, parecería que el proyecto que se pretende aprobar no hizo esa distinción y confundió totalmente los términos. Y lo digo con respeto.
El andamiaje jurídico se sostenía, simplemente, con ratificar y aprobar, como decían las leyes anteriores, las legislaciones delegadas que fueron dictadas a tenor de las facultades delegadas. Es decir que aprobando eso, toda aquella legislación que se dictó tenía sostenimiento jurídico.
En un proyecto que presenté, decía esto expresamente. Pero, también, señalaba de modo claro que, a partir de ese momento, es decir, de la fecha en que se dictaba una nueva ley, el Parlamento recobraba toda su atribución a tenor de la división constitucional.
Cualquier normativa que hubiera sido dictada de allí para atrás tenía su sostenimiento jurídico pero, a partir de entonces, la división quedaba absolutamente expresa, y lo que era atribución del Poder Ejecutivo lo dictaba el Poder Ejecutivo y lo que era atribución del Poder Legislativo lo dictaba el Poder Legislativo.
Entonces, de ninguna manera es necesaria esta prórroga. Y no nos engañemos; seguro que dentro de un año no va a ser estudiada toda la normativa; es muy probable que no haya sido analizada toda la normativa, que por otra parte ,no era necesario. Si me permiten decirlo en leguaje sencillo, con un consenso entre lo que apoya la mayoría y lo que sostenían los sectores opositores y aprobando lo que acabo de decir, tenemos todo el tiempo para luego
ir dictando la normativa que haga falta. En este sentido, el ejemplo más simbólico es el tema de las retenciones. El Poder Legislativo tiene la facultad de hacerlo; tiene la atribución, según lo establece la Constitución; lo podemos hacer mañana o pasado: ratificar las actuales retenciones, disminuirlas, aumentarlas, etcétera; pero lo que no podemos hacer es seguir prorrogando la facultad en el Poder Ejecutivo.
No me voy a olvidar de que la disposición transitoria, que tanto se ha citado, daba un tiempo en el cual caducaban todas las normativas preexistentes, salvo aquellas que fueran aprobadas y ratificadas, y son las que se hicieron a partir de la Ley 25148 en adelante. La voluntad constituyente era: “Señores, tienen cinco años para discutir esto; si no, caduca todo, salvo que se ratifique o apruebe”. Y esa era una técnica legislativa que puede ser discutida, pero era legal. Se ratificó absolutamente todo y se aprobó, y se fue haciendo así sucesivamente.
Señor presidente: nuestra propuesta es que, si hay problema de andamiaje jurídico, aprobemos la legislación delegada pero, a partir de hoy, no necesitamos prorrogar un solo día la facultad delegante a la cual se refirió la señora senadora Sonia Escudero. A partir de hoy, retomemos lo que nos dice la Constitución ,que cuando expresa “Por un tiempo determinado” y en relación con las bases que las mismas leyes reglamentan, de ninguna manera se refiere a quince años, que es el tiempo que estamos llevando en todo esto.
Entonces, sostengo que estamos cayendo en una nueva violación constitucional. No podemos prorrogar más facultades delegadas. Por eso, no le tengamos miedo al consenso; ratifiquemos las leyes que fueron dictadas en virtud de la legislación delegada, pero volvamos a tomar la atribución, porque si no, lamentablemente, dentro de un año, creo que vamos a estar en la misma posición sin haber avanzado mucho, sobre todo, si se sigue en esta política unilateral.
Por estas razones, señor presidente, adelanto el rechazo al dictamen de la mayoría.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Vera.

Sr. Vera. — Señor presidente: como ya todos saben a esta altura del debate, se encuentra en tratamiento un proyecto de ley en revisión que contempla la prórroga de la delegación de facultades del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo. Se ha dicho por parte del bloque oficialista que el gobierno necesita esta prórroga en razón de que, pese a que han pasado quince años desde que se dictó la reforma de la Constitución de 1994, no se han podido revisar las leyes dictadas en función de delegaciones anteriores.
Creo que basta mencionar el transcurso de quince años para que todos, tanto quienes estamos acá como los que no, nos demos cuenta de que se trata de un argumento totalmente falso. No es aceptable, no es posible, que en la República Argentina, a lo largo de quince años, no se hayan podido revisar las leyes que hacían falta para determinar cuáles debían ser ratificadas o no, si es que el objeto para el cual habían sido dictadas estaba agotado. Además, se ha dicho aquí, como un fundamento del oficialismo, que esto efectivamente es así porque se trata de muchas leyes. Lo cierto es que, de un número infinitamente inferior que había en 1994, hoy, se ha llegado a miles de leyes, según dicen algunos, aunque yo no conozco el número exacto.
Si ese argumento fuera cierto, en unos años más, y yo no tengo ningún fundamento para suponer que es la última prórroga —ya que cuando algo se ha hecho muchas veces, lo razonable es que se volverá a repetir la prórroga—, habrá diez mil, veinte mil u ochenta mil leyes que deberán ser revisadas, y que, en cada oportunidad en que venzan los plazos, nos veremos obligados a establecer nuevas prórrogas con el mismo argumento hoy esgrimido. En mi opinión, esto también muestra que se está ante una cuestión de interés político de mantener la facultad de dictar leyes.
Creo que aquí debo ser muy breve. Estamos en este ámbito, o están, si quieren, por una elemental cuestión de elegancia, las personalidades más importantes de la política nacional: senadoras y senadores de la República. En consecuencia, es bueno decir que aquí no están en juego los argumentos que expone el gobierno —que, si fueran razonables, deberían ser acompañados— sino el interés político del gobierno en mantener esta facultad. Pero debo decir que, en este ámbito, el gobierno cuenta con su bloque, que es el mayoritario.
Y el bloque mayoritario acompaña este anhelo del Poder Ejecutivo de mantener el poder. Lo que contiene el pedido de prórroga de las facultades delegadas es la ambición de un gobierno de mantener facultades que no le son propias y que corresponden al Congreso de la Nación. Y yo agrego: en un momento de la historia nacional en el que la vida pública necesita tanto prestigiarse, que uno de los poderes —el Legislativo— y una de las Cámaras —la de Senadores— reniegue de sus facultades, probablemente, constituye un elemento más —no excluyente, por supuesto— para que esta sociedad tarde más tiempo en devolver o reconocer la jerarquía que debe tener y por la que debe transitar la vida pública. Disculpen esta referencia, pero no creo que debamos soslayar que una cuestión tan importante como esta se encubra bajo el argumento de que parece razonable que haya que prorrogar la delegación de facultades porque caen las leyes. Si la sociedad creyera que esto es así, seríamos unos imbéciles los que no acompañamos a nuestro gobierno. Estamos convencidos, y por eso vamos a votar en contra este proyecto que cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados, de que la verdad es otra. Estamos en presencia de un gobierno cuyo Poder Ejecutivo anhela seguir gobernando con facultades delegadas y seguir legislando.
No podemos desconocer, quienes además de ser senadores tenemos un gran compromiso político en nuestro país, en nuestras provincias y en nuestras regiones, el riesgo que ha incorporado a nuestras calidades en la gestión pública el ejercicio de estos poderes delegados. La potestad de legislar que ha tenido el Ejecutivo —que demasiadas veces se ha usado discrecionalmente y, en muchas ocasiones, equivocadamente—, sin duda que nos genera a nosotros o a quienes acompañan esta prórroga una mayor responsabilidad política.
Por ahí se ha hecho bandera de la pelea del sector agropecuario, que quedó muy mal después de los avances que tuvo el Poder Ejecutivo respecto de las retenciones. Pero esta es una parte. Si a eso nos tenemos que referir, es verdad que si no hubiese habido facultades delegadas, no se habría sufrido el daño y el deterioro enorme que padeció nuestra economía el año pasado como consecuencia de decisiones del Ejecutivo tomadas en virtud de estas facultades; ni se habría producido la crispación o el disgusto de toda la sociedad, y, por qué no, la caída de las economías de muchos pueblos, sobre todo, los de aquellas provincias que dependen casi en un ciento por ciento de la producción agropecuaria, que sigue siendo —les guste a algunos o no, lo reconozcan o no, y, pese a la negación nada menos que de las más altas autoridades del gobierno— el sostén de la economía nacional.
Digo que ello no se hubiese producido, porque sin duda que se habrían debatido en el Congreso las pretensiones, en este caso, de subir las retenciones, y habríamos tomado decisiones infinitamente más contemplativas de los requerimientos para funcionar que tiene nuestra economía. Sin embargo, como el Poder Ejecutivo las pudo tomar de un día para el otro, paralizamos en algunos pueblos hasta el 80 por ciento de la actividad económica. Y si no, que lo digan los santafesinos, que saben bien el efecto negativo que el año pasado tuvo la paralización de la economía en sus pueblos.
Por lo tanto, creo que lo esencial aquí, y es lo que estamos discutiendo hoy, es un modelo de gobernar que lleva adelante el justicialismo, actualmente liderado por el matrimonio Kirchner; un modelo que no es republicano, que no acepta la división de poderes y que, en mi opinión, pese a todo lo que ha tensado la relación en la Argentina, sigue haciendo lo mismo que ha hecho hasta acá. Esto es así pese a que el 28 de junio, es evidente —entre otras razones que habrá tenido la mayoría del electorado para votar como lo hizo— que estaba esta forma de gobernar.

Sr. Presidente (Pampuro). — Vaya concluyendo, senador.

Sr. Vera. — Señor presidente: por lo tanto, pido y espero la mayor reflexión a efectos de que, en la ley que sancionemos acá, encontremos la forma de redacción que permita impedir el horror que significaba la situación de alguna ley que quizá no debería fenecer el 24 de este mes.
Pero, a su vez, deseamos que no se repita la delegación de facultades que, hasta aquí, ha sido demasiadas veces mal usada por el gobierno que hoy tenemos los argentinos.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Corregido.

Sra. Corregido. — Señor presidente: en realidad, los señores senadores preopinantes ya han
hecho el relato desde 1853 hasta 1999 acerca de cómo se fueron delegando estas facultades
sucesivamente. La verdad, no me atrevo a definir cuáles de las 1900 normas expuestas se
pueden ratificar o derogar.
Yo soy peronista; pertenezco al bloque oficialista y quiero que a este gobierno le vaya bien, porque eso significará que al pueblo también le irá bien. Pero para ayudar, estoy convencida de que lo que no debo hacer es callar. Para ayudar, tenemos que tratar de resolver, en este Congreso, todos los problemas que la sociedad reclama. Cada vez que he opinado distinto, me he tomado la libertad, con las convicciones que tengo, de plantear las disidencias. Por eso, me gustaría decir con qué cosas no estoy de acuerdo y cuáles me gustaría tratar en este Congreso.
En ese sentido, no estoy de acuerdo con los tarifazos ni con el modo en que el INDEC pretende contarnos la verdad. Tampoco me gusta que no podamos discutir en el Congreso y en este Senado una política agropecuaria integral, porque —como dije cuando tratamos la Resolución 125— me gustaría que podamos pensar qué estructura social agropecuaria queremos, qué tipo de campo deseamos los argentinos y en manos de quién o quiénes debe estar. O sea, si vamos a permitir que siga la extranjerización de nuestras tierras.
También, me gustaría que discutamos sobre las distorsiones que hay en los precios desde el productor a la góndola; en cómo producir más alimentos —más carne, más leche y más huevos— para los argentinos y el mundo; acerca de cuáles son las consecuencias para la salud humana del uso del glifosato, el 2,4-D y el endosulfán que se utiliza en el campo para la soja —de lo que nadie habla—; y también sobre el nivel de mínima equidad e igualdad que debe existir entre los argentinos, porque quienes venimos de las provincias muy pobres como las del norte vemos cómo se subsidia al país central y nosotros pagamos la luz, el gas y el gasoil más caro, mientras que los productores logran conseguir el gasoil que necesitan para producir.
Pero tampoco me gusta el discurso de que caiga todo. Me parece que todos tenemos que trabajar para que los mandatos presidenciales concluyan y que debemos ponernos de acuerdo para resolver, entre todos, los problemas de los argentinos. No creo que porque un sector exija hoy la baja de las retenciones tengamos que dejar a la presidenta que gobierne mediante decretos de necesidad y urgencia. Los intendentes de mi provincia y el bloque de diputados Justicialista de mi provincia me ha pedido especialmente que apoye este proyecto, porque con el Fondo Federal Solidario los municipios están resolviendo algunos problemas.
Mi provincia tiene muchísimos problemas y los intendentes son los que reciben cotidianamente los reclamos; y el señor senador Nikisch lo sabe, porque también ha sido intendente. Los jefes comunales son quienes reciben todos los días los reclamos de la sociedad, y la verdad es que con el fondo federal solidario que se constituye con las retenciones a la soja los intendentes están haciendo veredas y pavimentos y sosteniendo el nivel de empleo en pueblos donde no hay ninguna otra posibilidad.
Estoy de acuerdo en que a través de este proyecto se prohíba la subdelegación, que fue lo que posibilitó que, durante años, funcionarios de rangos menores adoptaran resoluciones que tenían el valor de leyes. Este Congreso lo toleró, y la comisión bicameral que debía controlar las facultades permitió que durante años dictaran resoluciones y decisiones funcionarios de menor rango. Con este proyecto, prohibimos la subdelegación. Es necesario que esta facultad la ejerza la presidenta o el jefe de gabinete de Ministros y que dentro de diez días venga a control del Congreso.
También es importante otro aspecto de este proyecto: que a partir de ahora y en el término de un año, la Comisión que se va a conformar en el Congreso analice las 1.900 normas que deben ser revisadas. Yo espero que entre todos podamos concretar esta tarea que se prevé en esta iniciativa, que podamos revisar esas 1.900 normas, que podamos sentarnos alrededor de una mesa de consensos a resolver los problemas que existen en todas las provincias y así, de una vez por todas y con profundo espíritu democrático y federal, hagamos una Patria más justa y equitativa para todos.

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación, le correspondía hacer uso de la palabra a la señora senadora Colombo, que no se encuentra presente en el recinto.
Tiene la palabra el señor senador Basualdo.

Sr. Basualdo. – Señor presidente: acá hemos escuchado, fundamentalmente, hablar del eslabón principal que tiene esta ley, que es de carácter jurídico. Así lo explicaron muy bien las señoras senadoras Liliana Negre de Alonso y Sonia Escudero. A su vez, hemos escuchado a varios señores senadores hablar del tema político, que es sumamente importante.
Pero también, hay un tercer tema que es muy importante, la cuestión económica. ¿Por qué digo que es tan importante el tema económico? Acá nosotros tenemos que ser creíbles; siempre digo esto en el tratamiento de distintos proyectos de ley. Debemos ser creíbles y darle seguridad a la gente y a los mercados.
Fíjense una cosa: se nos están yendo casi dos mil millones de dólares por mes. ¿No tenemos culpa nosotros? Sí, porque no tenemos las reglas de juego claras. ¿Qué quiere cualquier inversor? Reglas de juego claras. Si esos dos mil millones de dólares que se van afuera del país estuvieran en el mercado interno y en el consumo, ¿saben cuánto recaudaría el gobierno nacional? Mil millones de dólares, porque de lo que consumimos aproximadamente, el 50 por ciento corresponde a impuestos —diferentes IVA, primario y secundario; impuesto a las ganancias, y otros impuestos provinciales y municipales—. O sea que volveríamos a recuperar mil millones de dólares por mes, lo que al año sumaría un total de 12 mil millones.
Por otro lado, estamos diciendo que se quieren suprimir las retenciones a las economías regionales. ¿Saben cuánto significa eso? Significa trescientos millones de dólares anuales, y acá podríamos recaudar 12 mil millones de dólares siempre y cuando seamos creíbles. ¿Qué quiere la gente? Certeza. Quiere saber que si va a hacer una inversión, no le van a cambiar las reglas de juego. Eso es lo que no tolera el electorado. ¿Se acuerdan del corralito? Salieron a la calle no únicamente los que tenían plazo fijo, sino todos, porque habían cambiado las reglas de juego. Con la resolución 125 no salió a la calle únicamente la gente del campo, sino todos, porque habían cambiado las reglas de juego, que es algo que la gente no tolera.
Acá tenemos que ser creíbles y cada poder debe cumplir con su función. Tenemos que cumplir el rol como Poder Legislativo, como también deben hacer lo propio el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. En ese sentido, nosotros queremos y necesitamos que le vaya muy bien al Poder Ejecutivo, para que pueda atender los problemas de educación, de salud, de seguridad; para que pueda apoyar a los productores, a las intendencias y a las provincias que necesitan ayuda.
Entonces, necesitamos que le vaya bien al gobierno, pero hagamos cosas para que le vaya bien. Si le damos los superpoderes, la ley de emergencia y todo lo que le estamos dando, dejamos de ser creíbles y los mercados comienzan a no tenernos confianza. Por eso, es fundamental el rol del Congreso, que debe legislar. Todas las leyes tienen que pasar por el Parlamento. Les puedo asegurar que si todos los senadores y los diputados tenemos que trabajar las veinticuatro horas, lo vamos a hacer y aprobaremos todos los proyectos que sean necesarios, pero que sean necesarios para el crecimiento no de unos pocos, sino de la economía en general, que es lo que todos queremos.
Por eso, adelanto mi voto negativo a este proyecto. No quiero que piensen que estamos en contra de alguien o del gobierno de turno, ni nada por el estilo. Tenemos que estar a favor de la gente. Por eso, necesitamos credibilidad, para que el dinero no se vaya al exterior, sino que quede acá; y van a quedar acá si les damos certeza y confianza.

Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Lores.

Sra. Colombo.— Señor presidente…

Sr. Presidente (Pampuro).— Perdón, señora senadora. Pero cuando le concedí el uso de la palabra, usted no estaba presente en el recinto.
Tiene la palabra el señor senador Lores.

Sr. Lores.— Señor presidente: en principio, quiero aclarar que mi posición respecto de este tema que estamos considerando tendrá un enfoque particularmente político, pues no soy un hombre de leyes. De todos modos, respeto profundamente el análisis jurídico que han hecho las señoras senadoras preopinantes. Pero así como creo que son muy importantes y valiosos los aportes desde el punto de vista jurídico, me parece que no tenemos que perder de vista aquellos vinculados con el componente político de estos temas trascendentales que consideramos en el Congreso de la Nación.
Todos los gobiernos, por lo menos desde el restablecimiento de la democracia en
la Argentina, han utilizado, de una u otra manera, superpoderes y facultades delegadas, y no sólo los gobiernos nacionales, sino también muchos provinciales. Aquí se han discutido y analizado las sucesivas prórrogas sancionadas después de la reforma constitucional de 1994, de cómo en 1995 se gambeteó el vencimiento del plazo con una nueva prórroga y de cómo hubo nuevas prórrogas posteriores de estas facultades delegadas. Ahora se ha llegado a la situación actual en la que, por primera vez —por lo menos desde que estoy sentado en esta banca—, observo que un proyecto del Poder Ejecutivo sufre sustanciales modificaciones en la Cámara de Diputados que, a mi modo de ver, acotan este problema y nos permiten visualizar una salida importante y definitiva en el corto plazo.
Por lo pronto, se crea una comisión bicameral con facultades para compilar, analizar y dictaminar sobre estas leyes —sean 100, 200 ó 1901— para resolver esta cuestión en el futuro. También con visión política, tenemos que analizar o tener en cuenta que a fin de año habrá una nueva composición, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Por lo que todos hemos visto en el resultado de las últimas elecciones, evidentemente habrá una composición mucho más diversa, lo que enriquecerá el debate. Entonces, asociando las cuestiones vinculadas con el funcionamiento de esta comisión bicameral y la nueva constitución del Parlamento, tal vez podamos salir definitivamente de esta temática de las facultades delegadas. Por otra parte, quiero señalar que en este tema se ha focalizado demasiado la cuestión de las retenciones. Yo fui uno de los senadores que en la madrugada del 17 de julio votó en contra de la resolución 125.
Lo hice con convicción, y lo digo claramente, como lo dije en ese momento. Entonces critiqué duramente al campo por las medidas que habían tomado, medidas de fuerza que alteraron el funcionamiento de la Nación, que perjudicaron notablemente a provincias como la mía, que tiene en el turismo una fuente importante de recursos. En todos esos días se perdieron millones de pesos por esta actitud del campo. Sin embargo, consideré que en ese momento el principal responsable de esa situación era el gobierno nacional, porque nos había llevado a un callejón sin salida, con una política autoritaria, con un discurso de confronte, poniendo de un lado a los malos y del otro a los buenos. Es decir, en función de eso yo voté en ese momento en contra de la resolución 125, con otros fundamentos también. Porque me parecía que en el Congreso de ninguna manera debíamos aprobar una resolución que había sido emitida por un ministro, que en ese momento creo que ni siquiera estaba en funciones.
En esta oportunidad visualizo, incluso desde el punto de vista político, una situación diferente: es el campo el que ha adoptado una actitud parecida a la que en ese momento tuvo el gobierno nacional. Yo escuché los discursos que se pronunciaron en la Sociedad Rural; discursos agresivos, discursos violentos que nos devolvieron al pasado, ensalzando nombres como el de Martínez de Hoz. Escuché a un miembro de la Sociedad Rural al cual le hicieron un reportaje, un señor de apellido Pereyra Iraola, que calificó de “yegua” a Evita, y cuando el periodista le preguntó: “¿Usted dijo ‘yegua’”?, respondió: “Sí, dije ‘yegua’”. Esto me hace pensar que estamos cayendo de nuevo en una polarización política de altísimo riesgo para el país. Entonces, tenemos que manejar nosotros, que somos responsables de llevar la política por los cauces normales de las diferencias de opiniones, de las diferencias de criterios ideológicos, etcétera, sin caer en estos extremos que nos puedan poner en una situación difícil, en esta pelea de clases que nuevamente está recrudeciendo en nuestro país.
Hago énfasis en este tema del campo, pero no es el campo el único sector del país que está teniendo problemas. Creo sinceramente que hay sectores que están en mucho peor situación que la que está atravesando el campo en este momento. Pongo como ejemplo a mi propia provincia. Hace poco hicimos una reunión de la Comisión de Energía donde yo planteé con claridad —y no fui escuchado ni respaldado— que la provincia del Neuquén está subsidiando la provisión de gas a todo el país. Y yo digo, como político y como senador por mi provincia, que para Neuquén es un orgullo poder subsidiar el gas de los pobres, el gas de la garrafa, pero que Neuquén tiene todo el derecho de que se le reconozca el valor del gas que también está siendo utilizado por aquellos sectores de la población —de la agroindustria, del campo en la producción de fertilizantes, etcétera— que pueden pagar a valores mucho más elevados.
Por otra parte, el gas es un recurso no renovable, y aunque no me crean se termina dentro de seis años. El gas que tiene Neuquén, que provee el 51 por ciento del gas que se consume en el país, consumiendo la provincia sólo el 1.5 por ciento, se termina dentro de seis años. Esto no lo va a sufrir solamente la provincia del Neuquén, que se transformará en un páramo, sino que lo sufrirá todo el país, porque tendremos que comprar el gas a valores muchos más elevados, y entonces sí va a haber un verdadero tarifazo.
Pero volviendo a la cuestión, quería decir que esto no se da solamente en mi provincia. Ayer se planteó en la reunión de labor parlamentaria el tema de Tierra del Fuego. Ese tema debió ser tratado hoy, porque las urgencias que tiene la provincia hermana de Tierra del Fuego no pueden postergarse. Sin embargo, se acordó que esto se tratará recién el 2 de septiembre, y los hermanos de Tierra del Fuego están esperando esta solución para poder salir adelante.
En definitiva, dado el panorama que se nos presenta con esta comisión bicameral, que por primera vez aparece incorporada al texto de la ley, con la cuestión de la conformación de la nueva Cámara de Senadores y de Diputados en el próximo año, visualizo que a corto plazo vamos a poder salir de esta cuestión en forma definitiva. Por eso es que anticipo mi voto afirmativo al proyecto que ha venido de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Reutemann.

Sr. Reutemann. – Señor presidente: vengo a este cuerpo a fundamentar mi voto negativo referido a la prórroga de la delegación legislativa. Lo hago en base a la convicción de que es imprescindible encarar seriamente la resolución de los problemas en el marco de una mayor calidad institucional.
Todos sabemos que la última prórroga conferida hace tres años vencerá el 24 de agosto próximo. Por eso, comprendemos la urgencia de su tratamiento, pero no los argumentos expuestos a favor de su continuidad, que no alcanzan a conmover los principios y valores por los que he trabajado siempre.
Desde el punto de vista jurídico, es particularmente relevante recordar los alcances del artículo 76 de la Constitución Nacional, que tras la reforma de 1994, y en el marco de las atribuciones del Congreso de la Nación, establece taxativamente la prohibición de delegar facultades, con algunas excepciones, y también la cláusula transitoria octava, que fijó un plazo de vigencia, salvo que el Congreso Nacional la ratifique expresamente por una nueva ley.
En ese contexto, el Congreso Nacional ha venido procediendo a delegar facultades al Poder Ejecutivo Nacional, primero en 1999, luego en el año 2002, más tarde en el año 2004 y finalmente en el año 2006 con la vigente ley 26135, cuya prórroga vence este lunes. En todos los debates parlamentarios en oportunidad de tratarse este tema se ha insistido con la crisis jurídica que se produciría ante la falta de prórroga y en la necesidad de hacer un estudio a fondo de dichas facultades delegadas para determinar con fundamento cuáles debían prorrogarse por necesidades institucionales y cuáles no. Este estudio a fondo, en definitiva, nunca se concretó y es una materia pendiente que debemos abordar en forma inmediata con el dictado del Digesto Jurídico.
Con respecto al caos jurídico que se anuncia que se produciría en caso de no delegarse las facultades al Ejecutivo, en rigor no sería tal, ya que en todo caso el Congreso puede y debe tratar todas las iniciativas puntuales que sean necesarias respecto a normas que permitan preservar la seguridad jurídica y el Estado de derecho. Es decir, el Poder Ejecutivo nacional en lugar de remitir este proyecto de ley de delegación de facultades en forma genérica y casi universal podría enviar al Congreso las normas que específicamente requiere para su adecuado funcionamiento, en la certeza de que todos los legisladores nacionales en uso de sus facultades y en un auténtico ejercicio de responsabilidad política vamos a apoyar todas y cada una de las facultades que sea menester delegar si correspondiera. Se estima que existirían más de 1900 leyes que contienen prescripciones por las que delegan facultades al Ejecutivo, relacionadas con cuestiones diversas como el Código de Minería, el Código Aduanero, el Código Alimentario, etcétera.
Creo necesario destacar la importancia de la cuestión de las atribuciones delegadas que se derivan de la aplicación del artículo 755 del Código Aduanero, que han llevado al Poder Ejecutivo nacional a emprender una errada política en el sector agropecuario.
Este conflicto que afecta a gran parte de la sociedad argentina ya lleva demasiado tiempo y no se resuelve, entre otras causas, por dar continuidad a la delegación legislativa a través de la sanción de este tipo de leyes.
Bien lo saben todos los habitantes de mi provincia cuánto han sido afectados por una política de retenciones al agro —que no discrimina entre pequeños, medianos y grandes productores y, además, por zona— que, con la excusa de “desojizar”, logra efectos contrarios, ya que perjudica la siembra de maíz, de trigo, de girasol, y es un desaliento a la producción y a la toma de riesgos, en el marco de un clima de negocios y de imprevisibilidad que está llevando a una profunda desaceleración de la economía, y a una baja o ausencia de incentivos a la producción de alimentos de la agroindustria, que perjudica inclusive al transporte.
Ya en sendos proyectos legislativos de mi autoría, presentados en diversas oportunidades, se propició específicamente la derogación de los artículos 755 y 756 del Código Aduanero, como asimismo las demás normas complementarias y decretos o resoluciones del Poder Ejecutivo dictados en virtud de ellos.
Esa ha sido mi posición constante y permanente durante estos años. Entonces, sería un contrasentido que ahora avale una nueva delegación que altera mis más íntimas convicciones y que, en lo que atiende al Código Aduanero, incluso ha merecido que muchos juristas hayan sostenido que se ha venido actuando en la materia en violación de expresos mandatos constitucionales.
Por ese motivo, que el Congreso resigne, una vez más, la fijación de políticas públicas de fondo y de largo plazo en un tema crucial como el de la producción agropecuaria, es un despropósito que no lee la crisis sectorial y regional que afecta a los argentinos. Y de votarse favorablemente esta iniciativa, una vez más dejaremos que el Poder Ejecutivo nacional fije por sí mismo, y de acuerdo con su criterio, las políticas fiscales o tributarias.
Delegar facultades al Poder Ejecutivo una vez más, como si nada hubiera ocurrido o como si nada debiera suceder, en nada ayuda al equilibrio de los poderes ni a lo que la ciudadanía le pide a su dirigencia ni a la relevancia que debe tener el Congreso de la Nación. Congreso que tras el último acto electoral, y en espera de sus representantes —que asumirán el 10 de diciembre próximo—, debe recuperar su rol de caja de resonancia de las discusiones de los grandes problemas del país, y de encuentro de soluciones con el máximo consenso posible, a fin de tomar cuanto antes las decisiones fundamentales que esperan los ciudadanos y las ciudadanas argentinas.
Por este motivo, y por todo lo expuesto, votaré por la negativa el presente proyecto de ley.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.

Sr. Cabanchik.— Señor presidente: antes de referirme al fondo del tema en discusión, quiero aclarar que mi interpretación es que hoy estamos considerando un dictamen en minoría. En otras oportunidades, durante el trabajo en comisión se dijo que un proyecto que cuenta con dictamen en minoría no debería ser debatido en el recinto. Sin embargo, hoy estamos debatiendo un dictamen en minoría. Por lo tanto, quisiera dejar esto aclarado para no dejar sentado a futuro el precedente. Pretendo que quede asentado que se trata de un hecho de excepción que hoy estemos considerando un dictamen en minoría, con los mismos usos y costumbre que un despacho en mayoría
A continuación, me referiré al fondo del asunto. Me parece que es claro para todos, por experiencia propia, que valoramos la salud cuando nos enfermamos.
Es decir que para nosotros la salud es una presencia real en nuestra vida sólo cuando la perdemos, cuando se nos resiente. Algo similar pasa con el orden del derecho para la salud o para la vida de una nación entera, de un pueblo. Sólo cuando perdemos el orden del derecho, al igual que cuando perdemos la salud, porque estamos enfermos, la extrañamos; cuando perdemos el orden del derecho lo extrañamos y luego somos enfáticos enfervorizados defensores o nostálgicos del derecho perdido.
Es claro que en esta discusión se anulan tanto la fragilidad del derecho como lo que podríamos llamar el derecho de la fuerza. Esto es lo más importante o más general respecto de lo cual este debate está teniendo lugar, porque mucha de la legislación delegada es legislación de facto, porque el Poder Ejecutivo, que es el principal beneficiario de la delegación, para fijar sus políticas con menores regulaciones, puede imponer dentro de un orden jurídico establecido por todos los vericuetos que el mismo permite, el derecho de la fuerza por sobre la fuerza del derecho. Pero aquí estamos en el Congreso Nacional; estamos también custodiando la vigencia de la Constitución Nacional y además se trata de una materia en la cual tenemos el mandato de una Convención Constituyente porque estamos entendiendo en un problema que incluye la cláusula transitoria octava, que es un mandato constituyente para que el Congreso de la Nación obre en consecuencia. Ahora, este es un poder fuerte de una Convención Constituyente que ha reformado la Constitución, que ha establecido en ese sentido un marco legal fundamental para la Patria, pretendidamente en algunos aspectos yo creo que así lo es, superior a la anterior, pero en algunas cosas me parece que no lo es. Y ese orden de derecho tendría que tener, entonces, toda la fuerza por sí mismo. Sin embargo, no es la situación en la que nos encontramos. A esa fuerza del derecho se le opone una y otra vez el derecho de la fuerza, el poder fáctico. Es un poder legítimo porque lo ostenta el Poder Ejecutivo legítimamente elegido pero desoyendo el ordenamiento constitucional que debe regir la República, porque como establece el artículo 1° de la Constitución, nuestro régimen es republicano, representativo y federal. Y aquí estamos los representantes del pueblo en uno de los tres poderes que deben ser respetados en un plano de igualdad. Pero ¿qué es, entonces, lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que esa cláusula transitoria octava no fue cumplida por el Congreso Nacional. Ahora, el incumplimiento es básicamente del Congreso pero en el Congreso hay mayorías y minorías, así que quiero decir que yo interpreto que la principal responsabilidad de este incumplimiento es de la mayoría legislativa, del oficialismo, porque es bastante natural que el Poder Ejecutivo aproveche todo lo que el orden legal le permite para ejercer los poderes fácticos con los que puede hacerse, pero el Poder Legislativo debe custodiar la vigencia plena de la Constitución Nacional.
Entonces, en mi opinión, este es el principal defecto que tenemos que remediar. Está bien, es el conjunto del Congreso Nacional el que no ha cumplido en el 99 lo que debía haber cumplido por mandato constituyente. Ahora bien, el artículo 76 es muy claro en lo que determina en su segundo párrafo, exceptuando cualquier delegación de facultades de algunos casos específicos que no entran en esta materia. Es decir que toda la legislación delegada a 1994 es la que aquí está en juego, y cualquiera que subsista luego de 1994 debe ajustarse al artículo 76 de la Constitución Nacional.
Por eso, me parece que no cabe duda alguna de que hoy no se puede volver a prorrogar este corpus legal delegado. Se ha argumentado que habría un caos jurídico de no hacerse esta prórroga. Sin embargo, no veo ningún fundamento para sostener que se abriría la puerta a un caos jurídico de no prorrogar la delegación legal.
En realidad, están los derechos adquiridos y, además, es clara la Constitución cuando dice, justamente, en el citado artículo que la caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.
Es decir que todo derecho adquirido, todo el conjunto de reglas jurídicas vigentes, sigue vigente en virtud del mencionado artículo. Lo que cesa es la posibilidad de que facultades legislativas descansen en el Poder Ejecutivo. Lo que se tendría que reponer, lo que ahora estamos obligados a reponer, es la división de poderes. Seguir delegando la facultad legislativa en el Poder Ejecutivo es seguir consagrando el derecho de la fuerza por sobre la fuerza del Derecho. Sin embargo, cuando nos enfermamos, cuando se pierde el orden constitucional y el orden del Derecho, lo extrañamos. Así como nos maltratamos a nosotros mismos cuando, estando sanos, no nos cuidamos para no enfermarnos, ahora maltratamos el orden del Derecho.
Entonces, si hasta aquí se cometió un error al realizar prórrogas sucesivas, no se debe seguir persistiendo en él. Lo digo en lo que respecta al hecho mismo de que se siga prorrogando la delegación de facultades. Porque aquí están en juego la delegación de la competencia y la delegación de la vigencia. A lo que nos oponemos quienes no estamos de acuerdo con esta iniciativa es a la delegación de la competencia.
Lo que decimos es que a partir de las cero hora del 24 de agosto de 2009 el Poder Ejecutivo ya no puede seguir ejerciendo la facultad que antes ejercía por delegación. O sea, el orden legal vigente sigue así hasta tanto no se le opongan decretos y leyes correspondientes. Además, me parece que hay algo en donde más que avanzar lo que se hace es retroceder, involucionar. Me refiero a realizar delegaciones en la figura del Jefe de Gabinete de Ministros. Eso no resiste el menor análisis en cuanto a que es anticonstitucional.
Hasta ahora hay un festival de subdelegaciones en juego. Tal como se dijo en la Comisión de Asuntos Constitucionales es como si hoy cualquier funcionario, sin haber sido electo por nadie, o en todo caso más que por la titular del Poder Ejecutivo, se considerara legislador. No obstante, aquí estamos los representantes votados por el pueblo para eso. No puede ser que un ministro, secretario o subsecretario legisle por sí en virtud de la delegación de facultades de la que hablamos. Entonces, claro, parece un gran avance que, a partir de ahora, eso lo haga solamente la presidenta de la Nación —el titular del Poder Ejecutivo— o el señor Jefe de Gabinete de Ministros. ¿Dónde está el fundamento constitucional para permitir que el Jefe de Gabinete de Ministros siga legislando, diría, de facto, porque no se ajusta a Derecho? El artículo 87 de la Constitución Nacional, en uno de esos momentos totalmente claros de la norma, dice: “El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la Nación argentina.” Esto es taxativo. Es decir, la titularidad del Ejecutivo está en manos de una sola persona. ¿Cómo puede ser que deleguemos en manos del jefe de Gabinete? Eso es inconcebible desde el punto de vista de la Constitución.
Entonces nos encontramos frente a qué va a hacer este Congreso Nacional con la reiteración del predominio de lo que podríamos llamar el orden de la excepción. Es decir, estamos constantemente frente a un estado de excepción. Es materia del pensamiento y de debates políticos contemporáneos la cuestión de que hoy el estado de excepción, en todo el mundo, parece haberse confundido con el estado de derecho. La excepción se ha vuelto regla. Por el comportamiento y la práctica que tiene el Poder Ejecutivo en el ejercicio de la administración pública, yo diría que cumple a rajatablas con ese giro de excepcionalidad que predomina en el mundo. En la Argentina, vivimos en un estado de excepción permanente, pero que encuentra los subterfugios necesarios para pretender ser pleno estado de derecho. Por eso digo que es el derecho de la fuerza y no la fuerza del Derecho, que es lo que tenemos que privilegiar en este recinto.
El proyecto CD 49/09, en su artículo 1/ promueve una ratificación de esta delegación de facultades. Pero contiene una subdelegación porque afirma que el titular del Poder Ejecutivo nacional y el jefe de Gabinete de Ministros ejercerán exclusivamente las facultades delegadas. No hay ningún fundamento jurídico para que nosotros deleguemos en el jefe de Gabinete. Acabo de leer el artículo 87 de la Constitución, que dice que el Poder Ejecutivo es ejercido sólo por el presidente de la Nación, y la delegación sólo puede hacerse, literalmente, según la Constitución, al Poder Ejecutivo. ¿Qué se deduce de estas dos premisas? Que sólo se puede delegar en la titularidad del Ejecutivo, que según el 87 es unipersonal, y lo ejerce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no un funcionario nombrado por ella. Me parece que eso debiera ser revisado incluso por la bancada oficialista. Entiendo que nunca encuentra márgenes para diferenciarse de los dictados del Poder Ejecutivo, pero nuevamente, de esa forma, desde el Poder Legislativo, estamos profundizando los poderes de facto. Me refiero, en este caso, al poder fáctico que deviene de hacer ley por decreto, de hacer legislación a partir de funcionarios no elegidos en el orden vigente para ser legisladores. Eso es poder de facto, no es poder que se ajuste a derecho.
Por eso digo que es manifiestamente inconstitucional el dictamen que estamos considerando, que cuenta con media sanción, porque delega en el jefe de Gabinete sin tener apoyo constitucional.
Antes de volver a la línea fundamental, quiero citar a algunos constitucionalistas en beneficio de lo que estoy sosteniendo, que sostienen que el jefe de Gabinete es un auxiliar del presidente, que no puede quitarle competencias al presidente, que sólo puede dictar reglamentos autónomos en materias que le competen, pero no dictar reglamentos de ejecución, reglamentos delegados, ni decretos leyes. También Quiroga Lavié ha escrito en el mismo sentido, y otros constitucionalistas prestigiosos. Es decir, de nuestra propia lectura de la Constitución, me parece que si todos compartimos una razón común no hay apoyo para esta subdelegación o delegación en el jefe de Gabinete. Y la opinión de los expertos va en el mismo sentido.
Sabemos que esto profundiza un debilitamiento de este cuerpo, del Congreso Nacional. Se ha argumentado lo del caos jurídico. Creo que otros senadores ya opinaron en ese mismo sentido de que no hay tal caos jurídico. Están todas las condiciones dadas para que la Comisión Bicameral que se va a crear, efectivamente se cree, y se aboque a la tarea que el Congreso se debe. Pero, mientras tanto, no hay por qué prorrogar este corpus legal. Quiero reiterar, entonces, que debemos tener mucho cuidado, porque los poderes fácticos son eso: poderes fácticos. Y cuando se abre la puerta a que lo que rige es el poder fáctico, luego no hay derecho, por ejemplo, a considerar que tal o cual poder fáctico es destituyente, dado que —y esto lo digo en un tono más polémico—, yo pienso ser custodio del orden
constitucional siempre, porque es mi compromiso como legislador nacional. Pero todos tenemos la responsabilidad de ser parte del gobierno; el Congreso Nacional es parte del gobierno. Habitualmente hablamos del gobierno nacional identificándolo con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, esto es un deslizamiento que ocurre como consecuencia de que asociamos gobernabilidad con el Poder Ejecutivo, como concentración de poder. Ese es, aparentemente, el concepto que tiene este Poder Ejecutivo, ya que constantemente identifica gobernabilidad con concentración de poder. Recuerdo que en el debate sobre la resolución 125, en este mismo recinto, eso estuvo constantemente en el aire, y así fue declarado por las máximas autoridades del país. Aquí mismo se lo argumentó.
Hace poco, en la Comisión de Asuntos Constitucionales el señor senador Pichetto preguntó: “La cuestión es, ¿nos van a dejar gobernar o no?” Esto ya concede el punto. Expresar las cosas en esos términos, es aceptar que la concentración de poder es la única forma de gobernar; que el Congreso Nacional, donde están expresadas todas las voces en una representación directa del pueblo, no es parte de la gobernabilidad; y, coyunturalmente, que el 28 de junio el pueblo no se ha expresado en el sentido en que efectivamente lo hizo, cuando se expresó pidiendo que gobernemos juntos oficialismo y oposición y reclamando que se reparta el gobierno entre el Ejecutivo y el Legislativo. Creo que ese fue el sentido más profundo del voto y que la convocatoria al diálogo fue una puesta en escena para honrar ese sentido.
Sin embargo, si hoy convertimos en ley otra prórroga de delegación de facultades y el proyecto de ley de superpoderes, estaremos contradiciendo la significación del diálogo y desoyendo el mensaje de las urnas del 28 de junio.
Además, luego, ¿cómo vamos a tener fuerza oficialismo y oposición parlamentaria para decir a cualquier poder fáctico: “no pasarán”? No vamos a tener el Derecho ni la razón de nuestra parte, porque nosotros mismos habremos abusado del derecho de la fuerza y no de la fuerza del Derecho.
Luego podré continuar con estas reflexiones, si me permite el cuerpo, cuando discutamos los superpoderes; porque creo que hay una matriz c