Germán Kammerath, ex secretario de Comunicaciones de la Nación, fue embargo por 100 millones de pesos que se ordenó sobre sus bienes por presunta defraudación al Estado relacionada con la concesión del Correo Argentino.
Fuentes judiciales confirmaron que la Sala II del tribunal consideró “inadmisible” el planteo efectuado por los defensores Marcos Salt y Natalia Negri contra la decisión tomada dos meses atrás, cuando la Justicia elevó mil veces la suma que había dispuesto en primera instancia el juez federal Claudio Bonadío.
Los abogados de Kammerath impugnaron la medida tomada por la Sala II, pero los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun argumentaron que la resolución apelada no es una sentencia definitiva, por lo cual no correspondía habilitar la intervención de la Cámara Nacional de Casación Penal.
Para elevar el embargo de 100 mil pesos dispuesto en su momento por Bonadío, el tribunal de segunda instancia evaluó el monto del multimillonario perjuicio que se habría ocasionado a la administración pública cuando el concesionario del Correo Argentino era el empresario Franco Macri.
La controversia en esta causa en torno a la cifra del embargo llegó a la Cámara luego de que la Oficina Anticorrupción presentara un recurso contra el importe fijado por Bonadío, por considerarlo “notoriamente inferior a los valores involucrados por el accionar ilícito del imputado”.
Kammerath, también ex intendente de Córdoba, fue procesado en diciembre de 2005 luego de que la causa que lo involucra pasara por varios magistrados que sobreseyeron al ex funcionario menemista.
El sumario se inició en 1999 por una denuncia de los entonces diputados nacionales Nilda Garré (actual ministra de Defensa), Darío Alessandro (ahora embajador en La Habana) e Irma Parentella.
Los legisladores denunciaron a Kammerath por haber dictado la resolución 18.946 del 1 de julio de 1999, que reconoció como inversión a Correo Argentino S.A. la suma de 126.721.000 pesos dedicada al pago de retiros voluntarios.
Es que el “plan de inversiones” formaba parte de los requisitos contenidos en el pliego de bases y condiciones para la concesión del servicio postal, hoy nuevamente en manos del Estado.
