El mandatario bonaerense vetó los artículos de la ley de Presupuesto bonaerense que disponían una especie de “indulto” para todos los funcionarios -provinciales, municipales o de entes públicos- que tienen causas pendientes de resolución en el Tribunal de Cuentas por la administración de fondos que estaban a su cargo.
En el mismo decreto fue vetada la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas amplíe de 17 a 25 las delegaciones que tiene en la Provincia y se mantuvo, en cambio, la condonación de las deudas que los municipios tienen con el Estado bonaerense por no haber girado el dinero recaudado por el cobro de multas por infracciones de tránsito.
El “indulto” a los funcionarios, revelado por el diario El Día hace una semana, había sido incluido sorpresivamente por los legisladores en el Presupuesto provincial del ejercicio 2007, aprobado en la última sesión del año pasado, al modificar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.
La ley sancionada disponía en el artículo 56 que “vencidos los plazos establecidos para la rendición de cuentas, sean éstas provinciales, municipales o de cualquier ente que administre fondos públicos, cuyos recursos de revisión y/o reservas dispuestas por el organismo de control se encuentren pendientes de resolución por los ejercicios correspondientes hasta el 2001, y no resueltos, se faculta al Tribunal de Cuentas de la Provincia a disponer su archivo”.
Además, mientras se le restaba trabajo al Tribunal de Cuentas -y, principalmente, se beneficiaba a los funcionarios a los que el organismo les venía pidiendo explicaciones sobre la administración de recursos públicos-, los legisladores decidieron, al mismo tiempo, aumentar casi en un 50 por ciento la cantidad de delegaciones del Tribunal “con el propósito de atender la administración del control de los municipios”.
Actualmente, el Tribunal de Cuentas tiene 17 delegaciones en la Provincia y el Presupuesto, en su artículo 54, facultaba al organismo a crear otras ocho, “con el propósito de atender la administración del control de los municipios”.
Asimismo, en el artículo 55 del Presupuesto, los legisladores habían resuelto que el Tribunal de Cuentas “deberá dictar sentencia dentro de los seis meses siguientes” a la presentación de la documentación solicitada a los municipios sobre los ingresos y gastos, ya que, de lo contrario, “la cuenta se considerará aprobada”.
Al promulgar la ley del Presupuesto 2007, publicada ayer en el Boletín Oficial, el Gobernador vetó los tres artículos que involucran al Tribunal de Cuentas agregados por los legisladores, según se señaló en la edición de la fecha del diario El Día de esta ciudad.
En los considerandos de esa medida, Solá remarcó que “con respecto a la facultad atribuida al Tribunal de Cuentas para ampliar el número de sus delegaciones de las actuales 17 hasta un máximo de 25, cabe señalar que el dictado de esta norma debería ser previamente analizada por el Poder Ejecutivo, por cuanto es prerrogativa del mismo la administración y disposición de los recursos financieros”.
Explicó, en ese sentido, que tal creación de delegaciones “lleva implícita una mayor erogación no prevista en el Presupuesto”, indicando que “el uso de esta facultad obligará, o bien a distraer recursos de otros organismos o a incumplir las actividades previstas para ellos”.
En relación al “indulto” incluido en el artículo 55, señaló que “la demora en el dictado de sentencias definitivas del Tribunal de Cuentas no debería servir de argumento para eximir a los funcionarios correspondientes de la responsabilidad que les cabe”.
Pero además, agregó que “en todo caso, se debería enfocar el problema de la demora en vista a la solución de la misma, considerando además que tales funcionarios también deben ser pasibles de sanciones por su actuación, como lo son todos aquellos pertenecientes al resto de la administración y que, justamente, son controlados por ese organismo”.