La Justicia española le otorgó la libertad provisional a Isabel Perón por su avanzada edad y al considerar que no hay riesgo de fuga.
Sin embargo, deberá presentarse en Tribunales cada 15 días, hasta que culmine el trámite de extradición. La ex presidenta había sido detenida más temprano en su casa de Madrid, luego de un pedido de captura formulado por un juez de Mendoza para que declare por la desaparición de un joven semanas antes del golpe que la sacó del poder.
La Justicia española le otorgó la libertad provisional a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, quien había sido detenida más temprano en su casa de Madrid, luego de un pedido de captura formulado ayer por un juez federal de Mendoza.
El beneficio fue concedido por el juez Juan del Olmo, de la Audiencia Nacional, al tener en cuenta la avanzada edad de Isabel y considerar que no existe riesgo de fuga. La ex presidenta, que ya recuperó la libertad, deberá presentarse en Tribunales cada 15 días, hasta que culmine el trámite de extradición a la Argentina.
Isabel fue detenida a las 20 de Madrid (las 16 en la Argentina) en su casa de Villanueva de la Cañada, en el oeste de la comunidad de Madrid. El trámite se efectuó bajo un riguroso silencio. Luego de permanecer 40 minutos en la vivienda, la Policía se llevó esposada a la viuda del general Perón rumbo a la sede de la Audiencia Nacional, donde fue notificada de la orden de captura .
La captura de Isabel había sido dispuesta por el juez federal de San Rafael Héctor Acosta, en el marco de dos causas por la desaparición forzada de un estudiante y la detención de un menor, ocurridas semanas antes del golpe de 1976 que la desalojó del poder.
El magistrado investiga la desaparición del estudiante Héctor Faggeti, de 24 años, secuestrado el 25 de febrero de 1976 por fuerzas de seguridad. El joven estuvo detenido en dos cuarteles del Ejército y fue visto por última vez el 10 de marzo, dos semanas antes del golpe que derrocó a Isabel: la Policía dijo que fue liberado, pero nunca volvió a su casa.
La ex presidenta se encuentra imputada por supuesto secuestro agravado junto a los ex ministros Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero, Manuel Arauz Castex, Tomás Vottero y Carlos Emery. La medida también alcanza a Italo Luder (ex presidente del Senado) y al ex ministro del Interior Angel Robledo (fallecido).
Todos ellos firmaron decretos que en octubre de 1975 establecieron “ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarios a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.
Precisamente, Acosta considera que la desaparición de Faggeti fue avalada por la firma de esos decretos, lo que implicaría una acción de terrorismo de Estado. “La investigación apunta a determinar si la ex presidenta, como jefa del Ejecutivo, habría ejecutado el término de los decretos que ordenaban aniquilar la subversión”, explicó el juez.
Cafiero logró la eximición de prisión y a mediados de noviembre viajó a San Rafael para defenderse ante el magistrado. “Fui defensor de los derechos humanos cuando todos callaban”, afirmó. Y sostuvo que durante el gobierno de Isabel nunca escuchó órdenes destinadas a “matar, secuestrar torturar o provocar padecimientos a los detenidos”.
El otro expediente que investiga Acosta es la detención, tortura y derivación a una cárcel de mayores de un adolescente de 17 años, de apellido Verón, también en días previos al golpe. Este hombre no está desaparecido y es uno de los principales testimonios de la causa contra los ex funcionarios.
